Marino Alvarado, coordinador de Accesibilidad de Provea, y el padre Alfredo Infante, director de Derechos Humanos del Centro Gumilla, fueron demandados por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, por presunta difamación. Joel García, abogado de los defensores, denunció que el Circuito Penal no le permitió la designación como defensor por “cuestiones territoriales”.
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