Trabajadores de la salud son criminalizados si dan información relacionada con COVID-19

El enfermero Rafael Infante, de Valle de la Pascua, con 35 años de servicio, falleció este domingo al no poder realizarse las diálisis, no había ni catéteres para su tratamiento. Sus compañeros envían audios denunciando las carencias e incluso que no tienen cómo protegerse ni ayudar a la comunidad frente al virus.

Caracas. Trabajadores de la salud, además de que se enfrentan a un sistema sanitario colapsado, sin equipos y sin insumos y medio sobreviven con los bajos salarios, están siendo hostigados y enjuiciados, prácticamente son criminalizados si dan información relacionada con COVID-19.

El amedrentamiento no cesa y el miedo aumenta en los recintos hospitalarios. “Hay mucho que decir, pero contarlo o mostrar las pruebas es el insumo que necesitan los jefes y los cuerpos de seguridad para perseguirnos. No es que estemos silenciando lo que sucede, uno tiene hijos y no es oculta la forma despiadada con la que arremeten contra un trabajador, ahí está Rubén González o la bioanalista de Trujillo”, dijo un empleado hospitalario.

En medio de una pandemia lo más sano, en teoría, es que fluya la información, que la gente esté informada, que los datos que emanan del gobierno sean precisos, que los académicos tengan libertad para hablar, que los médicos puedan decir la evolución de los casos e incluso denunciar las deficiencias del sistema.

En la práctica, hacerlo se traduce en detenciones arbitrarias, señalamientos, suspensiones y en expedientes administrativos.

El caso más reciente y que este lunes 6 de abril fue llevada a tribunales es el de la bionalista Andrea Sayago, del hospital Pedro Emilio Carrillo, detenida por la Policía del estado Trujillo, órgano de seguridad que recibió la orden de la primera dama del estado y presidenta de la Fundación Trujillana, Jacqueline Peñaloza. La detención de Sayago se produjo luego de que ella publicara por Whatsapp una orden de exámenes a una paciente con el virus. El tribunal le otorgó libertad plena.

Sin embargo, este no es el único caso que ha habido durante la cuarentena. La organización no gubernamental Provea ha dicho que en estas últimas tres semanas se han multiplicado los abusos y detenciones.

Entre los primeros casos está el del docente de la Universidad del Zulia, Freddy Pachano, médico cirujano y pediatra.

En el portal Aula Abierta se describe su caso a partir del 7 de marzo de este año, cuando reportó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter la sospecha sobre un presunto caso de coronavirus en el Hospital Universitario de Maracaibo (HUM).

Había aclarado que las pruebas serían remitidas y concluidas en Caracas, cuyos resultados se conocerían en un plazo de 72 horas. Mientras tanto, el presunto infectado se encontraba bajo custodia de la Guardia Nacional Bolivariana.

El 9 de marzo alertó por la misma vía su preocupación ante un nuevo posible caso en el HUM, el cual tampoco estaba confirmado, ya que las muestras habían sido remitidas al estado Aragua para su evaluación. 

En sus declaraciones, Pachano criticó la campaña de desinformación por parte de la Gobernación del Zulia.

Como consecuencia de sus declaraciones, el 9 de marzo de 2020, el gobernador del estado, Omar Prieto, en rueda de prensa, desmintió rotundamente las observaciones realizadas por médico los días anteriores y le indicó al jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Dgcim: “Mira, hay que ir a ver, porque hay un funcionario, Pachano, que está diciendo a vox populi que hay dos casos de coronavirus. Hay que llamarlo, buscarlo, y que levante el informe, dónde están, para de manera preventiva saberlo”. 

“Si la información es falsa y la está publicando abiertamente pediré “inmediatamente” al fiscal del Ministerio Público levante un procedimiento contra ese señor”, agregó.

Al otro extremo del país, y así lo reseñó el portal Efecto Cocuyo, en Monagas un dirigente jubilado del sector salud, José Molinos, fue apresado el 17 de marzo y dos días después fue imputado por delitos de incitación al pánico y zozobra a la comunidad, agavillamiento e incitación al odio. Tiene 72 años de edad y le dictaron arresto domiciliario.

En Barinas, dijo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, la licenciada Maritza Rodríguez, del hospital Luis Razetti fue retenida durante cinco horas por la GNB, porque sacó su celular para llamar a su jefe, a quien pretendía notificar el motivo de su retraso.

También indicó Contreras que la licenciada Magly Méndez está siendo “perseguida por los cuerpos represivos del estado Monagas, por denunciar la crisis del hospital Núñez Tovar”.

Miedo y cautela

Esa situación mantiene la zozobra entre personal. Ahora son más cautelosos para dar informaciones. Mandan audios, fotos y videos, que desaparecen inmediatamente por temor a que les revisen sus equipos.

En estos materiales dejan denuncias como las carencias que ya no solo afectan el desempeño de sus funciones, sino también sus vidas. 

Esto ocurrió con el enfermero Rafael Infante de Valle de la Pascua, con 35 años de servicio, quien falleció este domingo, al no poder realizarse las diálisis, no había ni catéteres para su tratamiento.

En esa zona los médicos exigen que se les entregue el material para atender el COVID-19 y así poder ayudar al pueblo.

“Ahora estamos de manos atadas, no contamos (con material) ni para realizar curas. No hay tapabocas, batas, ni gorros. Nosotros nos ingeniamos para proteger. Ayer lavé el baño con un poco de cloro porque no hay insumos de limpieza, no tenemos transporte ni efectivo. Es fuerte lo que estamos pasando. No hay laboratorio ni Rayos X y si uno denuncia lo callan”, denunció un médico.

También se hizo público el audio de un doctor de Valles del Tuy, quien reclamaba que les están pidiendo un salvoconducto especial en las bombas de gasolina. “Los guardias llenan a discreción y están cobrando entre 10 y 30 dólares para pasar a la gente”.

“Tenía entendido que en un estado de alarma, los cuerpos de seguridad estaban para resguardar a los servidores públicos. No tenemos ni gorros y vamos a seguir diciendo mentiras. Coordinadores, llamen a los alcaldes y digan que los médicos nos estamos arrechando porque no nos están parando”, dijo.

“No estamos pidiendo la gasolina para pasear, es para ir a nuestros trabajos y regresar a nuestras casas. Tengo tres días intentando llenar el tanque para que la persona que traslada al personal médico pueda seguir haciendo el trabajo y es una mamadera de gallo en la estación”, dijo el médico Wladimir Bastidas, en un audio que pidió difundir por la red Whatsapp.

Y aunque él sí se identificó, no es el proceder de la mayoría. Hay temor en el sector salud, pues ven que desde el gobierno de Nicolás Maduro se incrementan los señalamientos y las violaciones a los derechos humanos.

Provea sostiene que se están multiplicando los abusos y las detenciones en tiempo de cuarentena. Y además del señor Molinos, cita el caso del enfermero Rubén Duarte que fue detenido el pasado 17 de marzo en el estado Táchira, cuando publicó junto a otro personal de salud un video exigiendo mejoras en las condiciones de trabajo.

Todo esto sucede aun conociéndose la posición de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien recomendó que en medio de la emergencia mundial generada por el COVID-19 se pusieran en libertad a las personas detenidas por motivos políticos y a los que fueron encarcelados por simplemente expresar ideas, críticas o disentir, como está sucediendo con los trabajadores de la salud, que son criminalizados si dan información en tiempos de emergencia humanitaria y ahora en tiempos de cuarentena.

Y aunque no es del sector, el caso del sindicalista Rubén González es un referente en el ámbito laboral. En estos momentos el dirigente ha presentado fiebre, sufrido cólico nefrítico y tiene tensión alta. No ha recibido visitas ni atención médica. “Es una injusticia y puede pasarle a cualquiera de nosotros, dijo un obrero de un hospital caraqueño, ligado a las luchas gremiales, hoy cuidándose de dar declaraciones públicas.