35 personas, entre ellas la directora de la policía municipal del municipio Páez en Apure, fueron privadas de libertad por su presunta vinculación con miembros de los grupos guerrilleros que protagonizan enfrentamientos en la zona del Arauca. Familiares protestaron al calificar las detenciones de arbitrarias.
San Fernando. El Tribunal Especial Segundo de I Instancia en Funciones de Control con competencia en casos Vinculados con delitos asociados al terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, privó de libertad a 35 personas del municipio Páez de Apure. A todos se les señala por los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico ilícito de armas.
La privativa a las 35 personas, ocho de ellas mujeres, se dictó el pasado domingo, 6 de febrero. Tras la militarización de la frontera de Apure con Arauca debido a los enfrentamientos que protagonizan el ELN y los frentes 10 y 28 disidentes FARC, desde el pasado 2 de enero, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ha venido practicando detenciones preventivas vinculadas presuntamente con estos hechos.
El 13 de enero detuvieron a seis personas en un hotel de la población de La Victoria, teatro del conflicto. De los aprehendidos, dos mujeres y dos funcionarios policiales, fueron señalados de pertenecer al frente 10 Martín Villa disidente Farc, que opera en esa zona.
Vínculos
Una semana después, también por presunta vinculación con estos grupos guerrilleros, la Dgcim practicó el resto de las detenciones en las poblaciones de El Amparo y Guasdualito, del municipio fronterizo con Colombia.
En este último grupo, una de las detenidas fue la comisionada Iris Rattia, secretaria ciudadana de la alcaldía del municipio Páez y directora de la policía municipal. A la funcionaria se le acusa de intercambiar mensajes telefónicos con un guerrillero disidente FARC. Así lo informó el alcalde José María Romero, en una rueda de prensa sobre el caso, el 26 de enero.
El 28 de enero los detenidos fueron trasladados a Caracas, para ser procesados por la justicia. Sus familiares protestaron esta medida porque no se les siguió el proceso judicial en su jurisdicción natural.
Familiares protestaron
También denunciaron en los medios de comunicación local, que las detenciones fueron arbitrarias. Inlcuso, sostienen que se realizaron sin orden judicial y algunas con presunta siembra de pruebas y sustracción de pertenencias.
El fallo del Tribunal Especial Segundo de Terrorismo con sede en Caracas, se dictó en dos audiencias distintas. En la primera audiencia se procesó a 22 detenidos y en la segunda 13.
“En ambos casos el tribunal acordó el procedimiento ordinario previsto en la legislación penal venezolana”, indica la nota de prensa que dio a conocer la medida, colgada en el portal web del TSJ, en donde no se indicó el sitio de reclusión de los privados de libertad.
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