El TSJ revisará petición del chavismo para enjuiciar a la Fiscal General

TSJ reabre tribunales

Como un “atentado contra la institucionalidad” y la prueba de que estamos en un “Estado de terror”. Así calificó Luisa Ortea Díaz la decisión de la Sala Plena del máximo juzgado de admitir la petición que el diputado Pedro Carreño presentó en su contra, por mentir al aseverar que en diciembre de 2015 no fue convocada para participar en las evaluaciones de los llamados “magistrados exprés”. Pese a la decisión, la funcionaria no debe dejar su cargo aún.

Caracas. De acusador a acusado. Este es el giro de 180 grados que está a punto de dar la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitiera a trámite la petición de antejuicio de mérito que contra la funcionaria interpuso la semana pasada el diputado chavista, Pedro Carreño.

La decisión la adoptó la Sala Plena del máximo juzgado en una reunión extraordinaria convocada pasado el mediodía de este martes y cuyo único punto era analizar la ponencia redactada por la presidenta de la Sala Social, magistrada Marjorie Calderón, en la cual se acordaba darle luz verde al antejuicio de mérito que la semana pasada el legislador oficialista presentó contra la jefa del Ministerio Público (MP), por mentir al aseverar que en diciembre de 2015 no fue convocada a la reunión en la que el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; y el contralor Manuel Galindo, revisaron las candidaturas a magistrados del organismo.

La resolución no afecta, por ahora, a la funcionaria, quien deberá comparecer ante el pleno del TSJ para defenderse de los señalamientos que lanzó Carreño en su contra. Este los sustentó en un acta, fechada el 21 de enero de 2016, la cual fue difundida por el defensor del Pueblo la semana pasada y en la que, según él, la fiscal general avaló el proceso relacionado con la designación de los magistrados.

Ella le dijo al país que el Consejo Moral Republicano había soslayado, había vulnerado el procedimiento para la elección de magistrados pero como ella sí se ajusta a derecho dijo que no estaba presente y le estoy demostrando que no solo mintió sino que trató de dañar la respetabilidad del Poder Moral, dijo.

Esta versión, sin embargo, fue desmentida por la exsecretaria del Consejo Moral Republicano, María José Marcano, quien en una entrevista con Crónica.Uno acusó a Saab de “torcer la verdad”.

El libro de actas que muestra el Defensor recogió un acto administrativo realizado el 21 de enero de 2016, donde simplemente se leyeron las actas pendientes del año 2015. Es un acto de aprobación para la inclusión formal de las actas en el libro respectivo, es decir, es reconocer la existencia de dichas actas, lo que no conlleva la aceptación del contenido de las mismas. Si esto fuera así y si con el acto del 21 de enero se estuviera aceptando el contenido de las actas, entonces estuviéramos ante una acción extemporánea, pues ya la Asamblea Nacional había realizado un mes antes la elección de los magistrados.

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Fiscal denuncia violación de sus derechos

La reacción de la Fiscal General a la decisión en su contra no se hizo esperar y en una entrevista radial no dudó en calificarla como “otro atentado contra la institucionalidad”.

Tras denunciar que no se la ha negado acceso a la expediente y por lo tanto desconoce de que le acusa el diputado Carreño, Ortega Díaz también reveló que desconoce los argumentos del dictamen. No obstante, cuestionó que el mismo haya sido aprobado por algunos de los magistrados contra los que ella actuó la semana pasada, por considerar que sus designaciones fueron viciadas.

“Yo actué penalmente contra algunos de ellos”, reveló, al tiempo que reiteró que ella no participó en el proceso de designación de los llamados “magistrados express” de diciembre de 2015 y que advirtió que el mismo estaba “mal hecho”.

Al ser consultada sobre lo que le podría ocurrir de ahora en adelante, admitió que es una incógnita. “Si estuviéramos en un Estado de Derecho estaría segura de lo que pasaría porque la Constitución y la ley dicen esto o aquello, pero como aquí han desmantelado el Estado de Derecho no sabemos (…) aquí estamos en un Estado de terror”.

Próximos pasos

Los artículos 117 de la Ley Orgánica del TSJ y 379 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establecen que la audiencia deberá celebrarse dentro de los próximos 30 días; y aunque el máximo juzgado aseguró que se admitió, lo cierto es que la fecha no se informó.

Luego de que se celebre el acto arriba mencionado, la Sala Plena tendrá entre 5 días, según el COPP; hasta 30, según su ley; para decidir si hay mérito para ordenar el enjuiciamiento de la funcionaria y en el más que probable escenario de que se afirme que los hay, entonces Ortega Díaz quedará automáticamente suspendida de su cargo, según el artículo 380 del COPP.

Asimismo, el máximo juzgado podría pedir a la Asamblea Nacional su destitución, pero vista la situación de desacato en la que está el Parlamento, no habría que descartar que la Sala Constitucional sea la que la remueva.

Solamente el magistrado de la Sala Social, Danilo Mojica, se opuso a esta decisión. Por su parte, los magistrados Juan José Mendoza, Gladys Gutiérrez (Sala Constitucional), Juan Luis Ibarra (Sala Penal) y Marisela Godoy (Sala Social) no estuvieron presentes, informaron fuentes del máximo juzgado.

Respecto a las solicitudes de Carreño para que se le prohibiera a Ortega Díaz salir del país y se le congelaran sus bienes, el TSJ anunció que las mismas están siendo estudiadas.

Bajo asedio

Este martes, la sede principal del Ministerio Público en Caracas volvió a amanecer con una tarima y rodeada por afectos al oficialismo, quienes se dedicaron a insultar y hostigar a funcionarios del organismo y a quienes acudían a él para formular denuncias o solicitar información sobre sus casos.

La situación se repite desde que la fiscal general comenzara a cuestionar públicamente los fallos del TSJ, informó la directora de Fiscalías Superiores, Indira León, en conversación telefónica con Crónica.Uno, quien informó que hasta ahora tienen dos investigaciones abiertas —una en Caracas y otra en Aragua— por agresiones contra ciudadanos que al acudir a sedes de la instancia fueron agredidos por presuntos simpatizantes del Gobierno.

“Hacemos un llamado a la calma y a la tolerancia, quienes trabajamos en el Ministerio Público somos funcionarios públicos y servidores de todos los venezolanos”, afirmó.

Foto referencial: Cheché Díaz


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