Universidades rechazan normativa de CNU por violar autonomía universitaria

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La Universidad Central de Venezuela, las universidades de Oriente, Los Andes y del Zulia, junto con otras instituciones afectadas por el decreto, rechazaron la nueva normativa del Consejo Nacional de Universidades. El vicerrector administrativo de la UCV, Amalio Belmonte, destaca que, de hacerse oficial, apelarían a tribunales para que no se implemente.

Caracas. 10 de las principales universidades autónomas del país rechazaron la Normativa Nacional de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria y Educación Mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aprobada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en vista de que esta “viola la autonomía universitaria”.

La directriz fue aprobada el pasado martes de 17 de agosto aun cuando las principales instituciones del país salvaron su voto y señalaron que la normativa incluye responsabilidades y objetivos que las universidades deben cumplir, establecidas como si estas tuviesen el “presupuesto, los equipos tecnológicos y el personal académico, administrativo y técnico necesario” para poder cumplirlos.

Según las autoridades de estas instituciones, la normativa contiene artículos que contravienen las funciones y competencias propias de las universidades establecidas en el marco legal vigente y obliga a las instituciones a ser vigiladas por el Sistema de Supervisión, Acompañamiento y Acreditación, un organismo controlado por el Ministerio de Educación Universitaria.

¿Por qué rechazan la normativa?

– La Universidad de Los Andes (ULA) declaró en un comunicado que, además de violar la autonomía universitaria consagrada en el artículo 9 de la Ley de Universidades y en el 109 de la Constitución, la normativa resulta “inaplicable” en las condiciones actuales en que las instituciones no cuentan con el presupuesto suficiente ni siquiera para mejorar los salarios de los profesores.

– La ULA rechazó que la directriz pretenda que las universidades implementen herramientas tecnológicas para la ejecución de cualquier actividad que se haga en la modalidad de estudios a distancia, debido a que el gobierno de Hugo Chávez emitió el 24 de marzo de 2009 el Decreto Presidencial N° 6.649, que elimina el Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional.

La adquisición de equipos y plataformas tecnológicas, así como de servicios de telefonía celular y el uso de Internet fueron desde entonces considerados como gastos superfluos, escribieron en el comunicado de la ULA.

– El artículo 14 de la norma destaca que “para gestionar programas de formación mediados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las Instituciones de Educación Universitaria deben contar con estructuras interconectadas (…) y con personal especializado, que garantice la puesta en marcha de la planificación, organización, seguimiento y apoyo académico, metodológico y técnico”.

Ante esto, la ULA respondió que las universidades públicas del país están desmanteladas, sin presupuesto y con un éxodo creciente de personal debido a la precariedad salarial, por lo que consideran que plantear como deber que las casas de estudios cuenten con estructuras interconectadas resulta “cínico por parte del Ministerio de Educación Universitaria”.

– El vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Amalio Belmonte, escribió en un documento sobre el voto salvado de esta casa de estudios dirigido al ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, y a la profesora Yadira Córdoba, del CNU, y resalta que la nueva regulación contiene artículos que transgreden las funciones y competencias propias de las universidades, “evidenciando una clara intención controladora hacia las instituciones”.

El afán controlador de la Normativa se hace más ostensible, a medida que se avanza en su lectura y se vislumbra el propósito de someter la Academia a la vigilia del recientemente creado ‘Sistema de Supervisión, Acompañamiento y Acreditación’, (manejado por el Ministerio de Educación Universitaria), sobre el cual, en su momento, manifestamos nuestro desacuerdo con su contenido y propósito, se lee en el pliego.

– Belmonte explicó a Crónica.Uno que, con esto, el Estado pretende “regular una plataforma que no ha creado y que no ha hecho nada por incentivar su creación”. Al mismo tiempo, señaló que el CNU espera cobrar un impuesto de 10 % a las universidades de lo que pueda obtener como ingreso por concepto de matrículas, mientras se niega a discutir las carencias presupuestarias que lastran el desempeño de las instituciones.

Este es un gobierno que no nos da el presupuesto completo y nos quiere quitar el 10 % de lo poco que producimos con un impuesto, sentenció el vicerrector.

¿Qué esperar?

La normativa aún no se ha implementado y no será obligatoria hasta su publicación en Gaceta Oficial. No obstante, las universidades que salvaron su voto están haciendo todas las gestiones posibles para detenerla en vista de que no es factible hacer esta inversión y de que su decreto somete a las universidades autónomas a la vigilancia del CNU.

De oficializarse la normativa, las universidades apelarían a tribunales con base en que todo lo que propone esta regulación rompe las leyes de educación por las que se rigen las universidades e incluso la propia Constitución.

El profesor Belmonte aprovechó la oportunidad para recordar que el CNU no es un tribunal ni tampoco es un organismo establecido para fijar normas, sino que debería brindar apoyo a la educación superior.


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