El confinamiento por la pandemia de COVID-19 ha aumentado la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia, pues deben convivir más tiempo con su agresor. A esto se suma la escasez de gasolina, la dificultad para encontrar transporte y los horarios de las órganos receptores de denuncia. Los albergues son unas de las medidas de protección que el Estado debe garantizar a las afectadas y no hay suficientes.

Caracas. Una denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Cambio de cerraduras del apartamento. Una mudanza temporal por miedo. Familiares y amigos en alerta. Fueron muchas acciones de Karla Maileny Ríos González antes de que su expareja la asesinara. 

Karla no tuvo medidas de protección del Estado que evitaran su muerte. Hace aproximadamente seis meses, después de una pelea en la que hubo una amenaza de muerte, ella denunció a Edward Chacón, ante el Cicpc en la avenida Urdaneta. Sin embargo, sus allegados presumen que Chacón ofreció dinero para zafarse de las consecuencias legales. 

Previo al crimen, la expareja de Karla, de 49 años de edad, estuvo ausente al menos dos semanas. No la llamó más y sus allegados creen que esto le generó confianza de poder salir sola o estar en su casa sin temor. La noche del viernes 31 de julio, Chacón la esperó abajo del edificio donde vivía, en la avenida Baralt, y le disparó en la cabeza y en el pecho.

Karla Ríos tenía seis meses separada de su agresor. Foto: Cortesía

Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora de Avesa, explicó que una vez las mujeres denuncian al agresor deben plantearse un plan de seguridad, que incluya a algunos familiares o amigos, porque la violencia aumentará. Por eso muchas no denuncian, porque tienen miedo de su integridad y la de sus hijos.

Las casas de abrigo son una opción para albergar a las mujeres víctimas de violencia extrema, que tienen en peligro su vida e integridad. Según el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) estos albergues son discretos, confidenciales y seguros para hospedarlas temporalmente, junto con sus hijos menores de 12 años. Forman parte de un programa, especificado en el artículo 20 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) asegura que en 2014 se crearon unas casas de abrigo en los estados Aragua y Cojedes, que funcionaron hasta el primer semestre de 2019. Y en Sucre y Trujillo, que operaron hasta el primer semestre de 2018.

Beatriz Borges, directora de Cepaz, contó que esta medida de protección temporal tendría incidencia en la disminución de la violencia y la más extrema: los femicidios. Cuando tienes a una mujer en riesgo sacarla de su entorno es una forma de protegerla, por eso es sumamente importante que el Estado invierta en espacios de protección.

Inamujer especifica en su portal web que los equipos del instituto o de la Defensoría Nacional de la Mujer, en el caso de Caracas, se encargan del acompañamiento. Si otras instituciones hacen esta labor, deben presentar la denuncia junto con la medida de abrigo, otorgada por el Ministerio Público, y un informe que explique la situación de violencia, los datos de la mujer y su grupo familiar.

Estado incumple medidas de protección de las víctimas

Cepaz asegura que el Estado incumple su obligación de prevenir la violencia y la protección y reparación de las víctimas. Las mujeres tienen limitaciones para que se investiguen sus casos, que aumentaron durante la pandemia.

Faltan los centros de atención con personal preparado, no hay líneas telefónicas disponibles y tampoco órdenes de protección efectivas. Según los estudios del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) el índice de impunidad en los casos de violaciones a los Derechos Humanos es de 98 %

La organización denunció que durante el confinamiento –por los casos de COVID-19– el primer acercamiento que tiene una mujer para pedir ayuda son las llamadas. Pero las líneas 0-800-Mujeres y la de Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía no prestan servicio o tienen restricciones de horarios

Por otro lado, los policías se resisten a tomar la denuncia de la mujer cuando asisten al comando, primer órgano receptor de denuncias. Las limitaciones también las encuentran en fiscalías o tribunales.

Confinamiento aumentó la vulnerabilidad

Desde que se decretó estado de alarma en Venezuela por los casos de COVID-19, el 13 de marzo, la vulnerabilidad de las mujeres aumentó. Se ven obligadas a convivir más tiempo con su agresor y deben enfrentar las limitaciones para denunciar o buscar ayuda, por la cuarentena radical establecida por el gobierno de Maduro.

La pandemia ha desplazado el foco de atención de otros problemas graves que tiene el país y uno de ellos es la violencia contra las mujeres. Avesa asegura que las dificultades para usar el transporte público y la escasez de gasolina impide que las mujeres puedan movilizarse a los servicios presenciales disponibles. También las fallas en el servicio eléctrico, de internet y telefonía móvil han disminuido las posibilidades de ayuda para las víctimas. 

Hasta el 7 de agosto el gobierno de Nicolás Maduro informó que en Venezuela había 23.280 casos de COVID-19 y 202 fallecidos. Distrito Capital es la entidad con más casos (5637).

Todos los obstáculos para el acceso a la justicia traen como consecuencia que las mujeres, frustradas, desistan de continuar con el proceso de la denuncia. Y la impunidad favorece al agresor, quien actúa confiado de que no habrá consecuencias.

Hay estudios que revelan que las mujeres acuden a poner la denuncia después de la séptima u octava vez de la agresión física. No todos los episodios son violentos, hay momentos en que el agresor pide perdón, las cosas en la relación se calman, hasta que nuevamente ocurre la agresión, explicó Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora de Avesa.

Las cifras más recientes de Cepaz indican que entre el 14 de abril y el 13 de junio ocurrieron 24 femicidios en Venezuela; uno cada 50 horas. El femicidio es la forma más extrema de la violencia contra la mujer.

León detalló que la violencia en la pareja no es pérdida de control, al contrario es aumento de control. No es verdad que los agresores pierden el control, hay agresores que ya tienen el comportamiento planificado. Es la básica de los hombres que no aceptan el rechazo.

La psicóloga explicó que el agresor no se constituye de la noche a la mañana. Los procesos van dando señales de hasta dónde puede llegar esa persona. Algunas alarmas son: si insulta, si controla a dónde va la mujer, qué vestuario usa, qué amistades frecuenta, si la persigue, la vigila o si la amenaza de muerte. 

Tenemos la idea de que los agresores son violentos permanentemente y no es así. Ellos bajan la guardia, hay períodos de amor. Es una forma de dominación, agregó.

En el caso de Karla Ríos había sido amenazada de muerte en dos ocasiones. Ella tomó la decisión de separarse y denunciar desde la primera vez que la amenazó de muerte. Sin embargo, su expareja continuó con llamadas y el acoso

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Foto: Twitter diputada Manuela Bolívar

Luego del femicidio se difundió por las redes sociales un video de Chacón, con un arma, en el que aseguraba que quería matarse. 

Ella se fue tres días de la casa por temor. Le pidió a él que se fuera de la casa y mandó a cambiar la cerradura. Cuando regresó al apartamento él todavía seguía ahí, pero escondido; esperó hasta la madrugada para salir con un cuchillo, contó una allegada a la víctima. 

Chacón había aparecido varias veces en el edificio, ubicado en la avenida Baralt. Por los cinco años de relación que tuvo con Karla, algunos vecinos ya le abrían la puerta.

León recomendó a las mujeres víctimas de violencia que evalúen los riesgos y que busquen apoyo en otras personas. Pidió que no se confíen ni piensen “no me pasará  nada” o “me está manipulando”, porque es evaluar mal el riesgo en el que están.

Deben trazar planes para entrar y salir de la casa, por ejemplo. Creer que él no cumplirá su amenaza de muerte es una mala evaluación del riesgo. Debemos identificar a los hombres agresores

Presiona aquí para conocer las organizaciones que brindan apoyo legal y psicológico a las víctimas de violencia en Venezuela.

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