María Eugenia Mora carga agua de la casa de una vecina desde hace ocho meses, porque el inquilino que ocupa la planta baja de su casa, en la avenida Sucre, no le permite ingresar para reparar una tubería rota. Asegura que su derecho a la vivienda está vulnerado.
Caracas. 2022 fue un año terrible y complicado para María Eugenia Mora, viuda de Istúriz porque tuvo que lidiar con un inquilino que ocupa la planta baja de su casa, en la avenida Sucre, justo en la esquina de Nacimiento de Los Frailes de Catia.
El inquilino no permite que María Eugenia entre al local para reparar una tubería averiada desde el pasado 24 de abril. Desde hace ocho meses carga agua en la casa de una vecina, ubicada a 150 metros de la suya. “Subir por escaleras me ha causado fuertes dolores corporales y caídas”.
Para que María Eugenia pueda entrar al local a reparar la tubería el inquilino, Richard Ramón Butten Berihuetes, le puso como condición que retire las denuncias publicadas en Crónica.Uno y ante los organismos públicos.
A la afectada le urge arreglar la tubería averiada para evitar que las filtraciones causen el derrumbe de la columna y parte de la planta alta de su vivienda.
Mientras María Eugenia se niega a retractarse de sus denuncias, el inquilino desatiende la orden de paralización de actividades emitida por la Dirección de Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Libertador, el 21 de septiembre de 2022 y ratificada el 6 de diciembre de 2022.
A la par, Butten sigue con la reparación de motos en la vía, en compañía de personas, y algunos presuntamente son funcionarios públicos que amedrentan a la propietaria de la casa.
Sin apoyo de autoridades
María Eugenia denunció que Richard Ramón Butten Berihuetes, junto con funcionarios públicos de la Misión Negra Hipólita, de la Policía Nacional Bolivariana y de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) presuntamente quieren arrebatarle la vivienda y un local comercial. Aseguró que intentaron obligarla a firmar un contrato de compra venta, pero no lo lograron.
La afectada también contó que Lisbeth Trejo, jefa de la Dirección de Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Libertador, presuntamente le dijo que autorizó verbalmente al inquilino para trabajar en el local. Y María Eugenia asegura que su derecho a la vivienda está vulnerado.
Por ello, espera gestionar este año nuevo una audiencia con la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, y con el fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, para recuperar su propiedad y de esta forma poder entrar a reparar la tubería. Asimismo, pretende denunciar a los funcionarios públicos, quienes desde hace tiempo la amedrentan y amenazan con quitarle su casa, diciéndole que el gobierno se las regaló.
“Mi casa es una herencia que nos dejó mi esposo, fallecido el 25 de noviembre 2014. Han pasado tres reconversiones y él no paga alquiler y dice que está al día. Estoy cargando agua desde una casa de una vecina porque el señor no me deja reparar esa tubería. Y ahora me dicen que lo dejan trabajar a pesar de que en este lugar no está permitido para uso comercial, sino que está definido como zonificación de R5 vivienda unifamiliar y bifamiliar, y hay una orden de paralización. Los de control urbano pusieron los precintos de seguridad y después vinieron y se los quitaron”.
Cronología de un abuso
- En 2005 María Eugenia alquiló un espacio en el primer piso de su vivienda a Butten, con un fiador quien presuntamente es funcionario de la Misión Hipólita.
- En 2007, la familia Isturiz Mora le pidió a Butten la desocupación del local que le alquilaron para venta de repuestos de motos, que él convirtió en un taller mecánico de motos.
- En el 2012 el inquilino dejó de pagar el arriendo y se negó a desocupar. María Eugenia introdujo la demanda de desalojo en tribunales, bajo el expediente AP.31-V-2014-000367, por incumplimiento de contrato y del canon de arrendamiento. El expediente se encuentra desaparecido.
- En 2013 los vecinos denunciaron en Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Libertador el problema ambiental que ocasiona en la comunidad el taller de motos. Quedó registrado con el expediente U.P.A.21.469.2013. Pero la respuesta de ese entonces fue que se le alquiló a un funcionario de gobierno y allí no podían hacer nada.
- También en 2013 un funcionario policial, allegado del inquilino, le puso una pistola en la cabeza a María Eugenia Mora y la amenazó con matarla, si no firmaba un documento de compra-venta de la propiedad y retiraba la denuncia. Ella denunció este hecho en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Y acudió a la Fiscalía 75 y en el departamento de disciplina de la DEM. No obstante, hasta la fecha no ha obtenido respuestas, tampoco citación ni detenidos.
Año 2022
- El 30 de julio María Eugenia Mora y Richard Ramón Butten Berihuetes se reunieron con los voceros del Consejo Comunal Nacimiento. El encuentro se hizo con la intención de buscar solución a la rotura de una tubería de agua potable. No hubo acuerdos porque el inquilino le exigió que retire las denuncias hechas ante los organismos públicos y en este medio digital.
- El 21 de septiembre la Dirección de Control Urbano ordenó la paralización de actividades y puso un precinto de seguridad en la entrada del local. El inquilino no dejó de trabajar. Desde ese momento lo hizo en las puertas de la casa y local comercial y en la acera del frente.
- El 2 de diciembre, el inquilino, en compañía de funcionarios públicos, abrió el local comercial. Entonces, alegó que la Dirección de Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Libertador le dio el permiso para abrir y operar el taller mecánico.
- El 6 de diciembre, la dirección de control urbano puso, por segunda vez, los precintos de seguridad que indican cierre del negocio. Ese día, María Eugenia entregó una comunicación en el departamento de Inspección y Obras de Control Urbano, dirigida a Jonathan Da Silva Dos Santos, donde narra el vía crucis que vive desde que alquiló el local y le pidió que ordene una inspección en el inmueble para la rotura de la tubería, la gravedad de los daños que ha causado las filtraciones de agua y que le ordene al ciudadano que de acceso al local para que se realice la correspondiente reparación. Recibió como respuesta que busque la forma de reparar sin molestar al inquilino.
- El18 de diciembre funcionarios del departamento de riesgos de la dirección nacional de Protección Civil realizaron inspección de la vivienda. En el procedimiento constataron que el problema se presenta en el local y debe repararse porque las filtraciones causan daños a la columna que divide el local y la casa.
- El 30 de diciembre, un empleado del inquilino amenazó de muerte a María Eugenia. En esa ocasión ella le pidió permiso para entrar a la casa porque varias herramientas y un asiento de moto le impedían abrir la puerta.
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