Entre los casos destaca el de 13 indígenas que cumplen 40 días incomunicados y aislados de sus familiares en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Caracas. La escalada de detenciones arbitrarias se agudiza y no parece tener fin. Un total de 392 personas permanecen tras las rejas por motivos políticos, entre ellas 22 fueron detenidas solo en diciembre. Entre los casos de presos políticos destaca el de 13 indígenas pemones que cumplen 40 días incomunicados y aislados de sus familiares en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), acusados por supuestos actos de terrorismo.
El balance fue ofrecido este jueves por miembros de la Organización de Derechos Humanos, Foro Penal. Alfredo Romero, director de la ONG, indicó que el número de encarcelamientos se mantiene en alza desde diciembre, lo que ubica Venezuela como el país con más presos políticos de todo el continente por encima de Cuba, que tiene 126 detenidos.
“A principios de año hubo tres detenciones y aunque el 6 de enero se liberaron algunos presos solo se verificaron siete excarcelaciones de las 14 que se habían anunciado inicialmente. Del resto no hubo más información”, aseguró.
Romero detalló que entre los 392 detenidos hay 20 mujeres, entre ellas Antonia Turbay, de nacionalidad española. El activista aseguró que la privación de la libertad no se limita solo a los venezolanos sino también a ciudadanos extranjeros. El registro llevado por la ONG revela que ocho europeos están presos (cuatro españoles, dos italianos y dos portugueses). “El 22 de enero el Parlamento Europeo se reunirá y esperamos que salga una resolución por el caso de Venezuela”, dijo.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, denunció que el estado Bolívar es la entidad con mayor cantidad de casos de hostigamiento y persecución y presos políticos. De diciembre a enero 22 personas fueron arrestadas al sur de país. Entre ellas destacan 13 indígenas de la comunidad pemón (y un adolescente) que fueron detenidos arbitrariamente en Kumaracapay, municipio Gran Sabana.
La detención se hizo el 22 de diciembre cuando 12 personas, presuntamente lideradas por un oficial desertor y varios indígenas pemones, tomaron el 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano Montilla, ubicado en el sector Luepa, como parte la denominada Operación Aurora.
Aunque el arresto se produjo en Bolívar, días después el grupo de detenidos fue trasladado de forma violenta a Caracas en violación a lo establecido en el artículo 260 de La Constitución, que establece que los indígenas deben ser juzgados en tribunales que funcionen en territorios ancestrales. A la fecha, 13 personas están recluidas en la sede del Dgcim, ubicado en Boleíta.
Himiob indicó al respecto que durante el suceso también fueron encarcelados cuatro militares y otros tres ciudadanos que no fueron presentados dentro del plazo legal de las 48 horas luego del arresto. Además de eso se les obligó a aceptar la defensa pública y no se permitió la participación de abogados privados u ONG. “De muchos de ellos no tenemos datos e información porque no han sido presentado a casi un mes del arresto”.
El abogado denunció durante la rueda de prensa que en el caso del menor de edad detenido se constituyó dentro de la jurisdicción especial de responsabilidad penal de adolescente un tribunal de control y juicios con supuesta competencia en materia de terrorismo para juzgar al joven. “Eso demuestra que el Gobierno ve a los pueblos y representantes indígenas como terroristas”, dijo.
Josefina García, miembro de la comunidad pemón y madre de Carlos García, uno de los 13 indígenas encarcelados, pidió en lengua nativa que le permitiesen ver a su hijo.
García recorrió más 1000 kilómetros desde el municipio Gran Sabana para ver a su hijo en el Dgcim, pero le fue negado el acceso. “Vinimos a Caracas y fuimos a ver a nuestros hijos y no pudimos verlos, tenemos un mes sin saber de ellos. Les pido como madre que se nos permita abrazar a nuestros hijos, no podemos ser encarcelados en paredes de concreto. Queremos que cese el hostigamiento hacia nuestro pueblo y la presencia militar en nuestras zonas”.
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