Vidas de personas diagnosticadas con VIH dependen de la cooperación internacional ante la indiferencia del Estado

Entre 2011 y 2012 la cobertura del tratamiento antirretroviral en Venezuela se ubicó en 71 %. Luego, para 2015 hubo una caída hasta 65 %, y a partir de allí se desconocen los datos hasta el año 2018, cuando se calcula que apenas hubo una cobertura de 16 %, según datos de Onusida, organización que estima que para 2020 el 56,66 % de las PVV en el país recibieron tratamiento.

Caracas. Para el año 2020 el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Sida (Onusida) estimó que al menos 100.000 personas diagnosticadas con VIH (PVV) vivían en Venezuela, con una prevalencia de 0,53 % en la población general. Este grupo se encuentra cada vez más en riesgo debido al bajo gasto público destinado por parte del Estado venezolano para dar respuesta al VIH dentro del sistema de salud pública.

Entre 2011 y 2012 la cobertura del tratamiento antirretroviral en el país se ubicó en 71 %. Luego, para 2015 hubo una caída hasta 65 %, y a partir de allí se desconocen los datos hasta el año 2018, cuando se calcula que apenas hubo una cobertura de 16 %, según datos de Onusida, organización que estima que para 2020 solo 56,66 % de las PVV en el país recibieron tratamiento.

Sin embargo, organizaciones como Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCS), han advertido que este incremento se debe a la cooperación internacional, la cual ha dado respuesta en materia de salud debido a la emergencia humanitaria compleja que vive el país desde hace al menos siete años, producto de la recesión económica.

Más de 6000 personas fallecieron entre 2016 y 2018 debido a la falta de tratamientos antirretrovirales, y, de las cuales, más de 3000 estaban dentro del Programa Nacional de Sida. Estos datos de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) se expusieron durante una rueda de prensa que tuvo lugar este viernes 12 de noviembre con el fin de dar a conocer la situación de la población VIH positiva en medio de la pandemia por la COVID-19.

“No hay acceso a pruebas gratuitas diagnósticas ni de seguimiento de carga viral. Ahora mismo hay un aumento en los diagnósticos, esto gracias a pruebas que ha estado donando la cooperación internacional. Estas pruebas han evidenciado que se requiere acceso a estos reactivos en los centros de salud para tener diagnósticos a tiempo”, expresó Eduardo Franco, secretario general de RVG+.

Los datos oficiales dan cuenta de una inversión pública de 6.420.000 dólares para la atención del VIH en Venezuela durante el año 2019, cuando en 2010 la inversión fue de 109.037.329 dólares. Alberto Nieves, director ejecutivo, Acción Ciudadana contra el Sida, explicó que el aporte de la cooperación internacional, específicamente del Fondo Global Contra el Sida de la ONU, es de 6 millones de dólares anuales, monto insuficiente ya que estiman que para una cobertura adecuada hacen falta más de 33 millones de dólares por año.

Entre agosto de 2020 y agosto de 2021, al menos 388 personas diagnosticadas con VIH se recuperaron de COVID-19 en el país, de las cuales 381 se encuentran bajo tratamiento antirretroviral. En ese tiempo también fallecieron 72 personas por coronavirus con diagnóstico de VIH, según datos de ACCS.

El informe Venezuela continúa el vía crucis de las personas con VIH, de ACCS, explicó que en mayo de este 2021, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que las PVV estaban dentro del grupo prioritario para la vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, en el registro nacional de vacunación, disponible en la página oficial del Ministerio de Salud, no aparece la opción VIH como condición de salud o enfermedad prioritaria.

Otro dato de este informe, realizado entre enero de 2020 y junio de 2021, es que el antirretroviral combinado Tenofovir + Lamivudine + Dolutegravir (TLD) adquirido con recursos otorgados por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, permitió salvar las vidas de más de 40.000 personas con VIH.

Desde el año 2016 el Estado venezolano no ha comprado medicamentos para controlar la replicación del VIH (antirretrovirales), ni medicinas para infecciones oportunistas asociadas al sida y tampoco reactivos para pruebas diagnósticas, seguimiento y control del VIH, según datos del informe de ACCS.

Las organizaciones participantes en esta rueda de prensa consideraron urgente la reestructuración del Programa Nacional de Sida para que pueda responder a los actuales desafíos. Además solicitan el restablecimiento del diálogo entre la organizaciones no gubernamentales y las autoridades sanitarias del país con la finalidad de encontrar soluciones sostenibles y con impacto favorable en el país.