El militante de Voluntad Popular fue excarcelado el pasado 14 de junio, con boleto directo a Perú, sin negociaciones de por medio. De acuerdo con el artículo 50 de la Constitución, la pena de extrañamiento está prohibida en el país.

Caracas. “Villca, la condición puesta por el Gobierno [para darte la libertad] es que te fueras del país”, fue lo que escuchó Villca Fernández de sus abogados cuando ya había pisado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, luego de ser excarcelado el pasado 14 de junio.

Desde esa fecha, “destierro” fue la palabra con la que se describía la nueva situación del preso político. Con la frase dicha por sus abogados, Fernández, de 34 años, sintió que la vida le cambió por segunda vez. La primera fue cuando lo detuvieron el 31 de enero de 2016 y, al entrar al calabozo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en El Helicoide, le dijeron “bienvenido al infierno”. Así lo recordó en entrevista telefónica a Crónica.Uno desde Perú.

El militante de VP fue excarcelado el pasado 14 de junio junto con otras 42 personas, entre presos políticos y comunes. Sin embargo, Fernández fue el único de la tanda que no fue llevado a la Casa Amarilla.

Boleto en mano, el destino de Fernández estaba fuera de las fronteras, en Perú, por órdenes -asegura Villca- de la entonces presidenta de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien ahora es vicepresidenta de la República.

“La negociación fue con el gobernador de Mérida, Ramón Guevara. El miércoles [13 de junio] se le notificó que yo sería llevado a Mérida, pero, luego, recibió una llamada de (Delcy) Rodríguez, quien le dijo que la única forma de que me dieran libertad era que me fuera del país”, explicó Fernández.

El Helicoide<br /> Familiares de detenidos a las afueras del helicoide.<br /> Fotografia: Luis Morillo<br /> 010618
Fernández estuvo detenido en el El Helicoide por publicar un tweet contra el dirigente oficialista Diosdado Cabello en 2016. Foto: Luis Morillo

Para el abogado constitucionalista Román Duque, los ciudadanos no pueden ser sancionados con la expulsión de su patria, pues es un principio que se recoge en los tratados internacionales. También es una acción prohibida en la Constitución venezolana, en su artículo 50 que expresa:

Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley (…) Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas”.

El abogado añadió que la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional y fuera de él, a entrar y salir del país y a elegir el lugar de su residencia.

“Cuando el destierro forma parte de una política de un Estado de persecución contra la disidencia o la oposición política se puede calificar como delito de persecución desde el punto de vista del derecho internacional de los Derechos Humanos”, indicó el constitucionalista.

En el caso de Fernández, también sostuvo que el extrañamiento es solo una de las tantas violaciones que sufrió, pues recordó que el dirigente fue detenido de manera arbitraria hace dos años bajo acusaciones de instigación al odio y difusión de información falsa, tras escribir un tuit contra el dirigente oficialista Diosdado Cabello.

El militante de VP fue excarcelado el pasado 14 de junio, junto con un grupo de 42 personas. Sin embargo, la condición de su excarcelación fue el destierro, según sus declaraciones

Fernández supo de su expulsión cuando pisó el aeropuerto. No tenía consigo su pasaporte ni cédula de identidad. “No entendía nada. Pensaba en mi familia, en mis hijos. Que el régimen nuevamente jugaba con mi vida”, recordó.

Detrás del telón, el Gobierno de Perú facilitó el trámite, ya que su padre es peruano, por lo que Fernández también posee esa nacionalidad, según la legislación de país andino.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló en un comunicado: “La Cancillería, a través del Consulado General del Perú en Caracas, brindó al señor Villca Fernández la asistencia consular correspondiente, coordinando su inmediato traslado a nuestro país”, se lee en el documento.

Sin embargo, el 15 de junio, Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, negó que el opositor fuese desterrado y aseguró que salió de Venezuela porque los familiares manifestaron que él quería continuar con su vida en otro país. Asimismo, agregó que no existe ninguna pena de extrañamiento, pues se estaría violando la Constitución.

Fernández negó estas declaraciones y sostuvo que del Sebin no lo dejaban salir hasta que los diplomáticos peruanos dieran constancia de los boletos aéreos, los cuales pagó el gobierno andino.

El defensor miente. No defiende al pueblo, defiende su puesto, a la corrupción, al totalitarismo, a la dictadura. La Constitución no contempla que gente con boletas de excarcelación siga presa y, sin embargo, la hay.

El abogado constitucionalista explicó que aunque se diga que Fernández aceptó la medida, si esta fue la condición para ser puesto en libertad, “eso es ser sacado por la violencia”. Igualmente, el hecho de que Perú se ofreciera a recibirlo, no exonera de responsabilidad al Gobierno de Venezuela.

No ha sido el único

La diputada Adriana Pichardo, de Voluntad Popular, recordó que el caso de Fernández no es el único que se ha dado en Venezuela. En 2016, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, de VP, fueron detenidos en Cojedes mientras ayudaban con la logística para la validación de firmas en apoyo al referendo contra Nicolás Maduro.

San Miguel ahora se encuentra en España, al tener la nacionalidad, mientras que Márquez está en Estados Unidos.

En los tres casos es una medida inconstitucional, ilegal, pero sobre todo injusta, porque no puedes desterrar o expulsar de su país a un venezolano al que, además, ya le has violado su debido proceso y sus DDHH en reiteradas oportunidades, manteniéndolo secuestrado, sin un juicio justo. Esto viola la normativa venezolana, particularmente la Constitución”, acotó.

La diputada informó que, actualmente, hay más de 30 dirigentes en el exilio, y que ahora el destierro forma parte de una nueva modalidad para alejar el liderazgo opositor de Venezuela.

De forma similar, Duque explicó que el destierro evidencia las características de perseguido político: “está fuera de duda por qué un gobierno expulsa del país a quien considera su enemigo”.

Aunque Fernández ahora se encuentra fuera de las rejas y en otro país, dijo no sentirse libre ni en libertad. “Tengo una profunda tristeza, dejé a mis hijos, a mi familia. Me sacaron de mi tierra”. Sin embargo, agregó que el camino que ahora empieza será el de regresar y reencontrase en el país con los venezolanos que se encuentran en el exilio o son parte de la diáspora.

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