Violencia en el país dejó más de un millón de víctimas indirectas en 18 años 

Entre 1996 y 2014 fueron asesinadas 264.465 personas por arma de fuego en el país, la principal causa de muerte de los hombres jóvenes de zonas populares. Según Francisco Sánchez, miembro de Reacin, la prevalencia de armas en Venezuela debería ser emergencia nacional. 

Caracas. “Noté que la niña se orinaba luego de escuchar que subían al barrio esas motos que suenan duro”. Esto es un fragmento del testimonio de la abuela de una niña, a quien le asesinaron a su papá. Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) le dispararon afuera de su casa, en Petare, según contó a miembros de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin).

Entre 1996 y 2014 se registraron entre 793.395 y 1.057.860 de víctimas indirectas de la violencia armada en Venezuela, que son madres, hijos y esposas. Por cada persona asesinada se calcula –de acuerdo con estándares internacionales de la salud– de 3 a 4 víctimas indirectas.

Francisco Sánchez, psicólogo clínico y miembro de Reacin, opina que la prevalencia de las armas de fuego en el país debería ser una emergencia nacional. Lo dice basándose en cifras oficiales, pues en estos 18 años fueron asesinadas 264.465 personas por un arma. 

“Son recuerdos constantes que tienen las familias. Niños o mujeres que narran cómo matan a sus familiares dentro de sus casas, en la cama, y luego ellos tienen que regresar a vivir con esos duros recuerdos”, dijo durante el foro Reducción de Homicidios, Experiencias Internacionales y Recomendaciones para Venezuela, organizado por Amnistía Internacional.

Las muertes violentas por armas de fuego son la principal causa de decesos en los hombres jóvenes. Venezuela ocupa el primer lugar como el país con la tasa más altas de homicidios entre la población de 15 a 29 años.

“No es casual que mueran los hombres ni es casual que las mujeres queden a cargo de la familia. La maternidad es una complejidad para las poblaciones vulnerables y no tienen mayor opción para elegir”.

Las mujeres –víctimas secundarias de la violencia– suelen dedicarse a las labores del hogar o cuidado, mientras que el hombre tiene más acceso al mundo laboral. Por eso ellas cuentan con menos posibilidades de ser incluidas en el sistema educativo. “Si los hombres mueren las mujeres tendrán menos posibilidades”. 

Los hijos también sufren una importante pérdida, incluso capital. Los padres eran los principales proveedores del hogar, ya que son los que logran acceder al mundo laboral, y además pierden estas figuras de protección.

“Comienzan a socializar con la violencia como alternativa de vida, pues hay niños que quieren vengarse de la policía”. 

Organismos públicos, muros ante la justicia

Sánchez explicó que es importante poner la mirada en los sectores populares cuando se habla de muertes por resistencia a la autoridad, denominado así por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

La cifra más reciente que dio el ministro Néstor Reverol fue de enero a septiembre de 2019, período en el cual se registraron 3.304 casos. Y desde 2016 hubo un total de 19.043 casos. 

“No es lo mismo un caso que un muerto. Esto es un esfuerzo de opacidad por parte de las autoridades, es una nomenclatura robusta para opacar los datos al presentarlos como casos”.

Cuando las mujeres buscan justicia por la muerte de su esposo o hijos, se topan con versiones oficiales que aseguran que se enfrentaron a las autoridades –o que tenía un arma– y desvirtúa la declaración de la víctima. Muchas madres se preguntan por qué no lo detuvieron si supuestamente cometía un delito. 

El 4 de octubre de 2017 fue asesinado Yeison Javier Arguinzones en el barrio Los Alpes de El Cementerio. Miembros de las FAES tocaron la puerta de su casa, donde se encontraba con tres sobrinas de 9, 7 y 1 año.

Crónica.Uno recogió el testimonio de sus familiares, que aseguraron que los funcionarios empujaron a las niñas, una de ellas con parálisis cerebral que le impide caminar. Al tío le dieron tres tiros dentro de su casa y los vecinos vieron cuando lo sacaron envuelto en una sábana. 

En este caso, como en otros que ha recogido Crónica.Uno, los parientes aseguran que después del ajusticiamiento los efectivos roban dinero, comida, televisores, computadoras y ropa. 

A los habitantes de las comunidades los obligan a encerrarse en sus viviendas y apuntan con armas a quienes se atrevan a abrir las ventanas, de acuerdo con los testimonios recopilados.

Las instituciones del poder público se convierten en muros para las víctimas que buscan justicia. Reacin recoge casos que han tenido más de 15 fiscales. “Son procesos de hasta ocho años y además cada vez que van a un organismo del Estado recuerdan todo lo que están viviendo y se convierte en un  malestar público”.  

El psicólogo clínico aseguró que el Estado debe ser responsable de reparar a las víctimas de la violencia y además protegerlas de delitos comunes y de violaciones a los derechos humanos.

“Las víctimas tienen que ser reconocidas como seres humanos, que tienen dignidad. En Venezuela no hay pena de muerte, hay distintos tipos de verdades y hay que reconstruir los hechos”, dijo.