El 4 de septiembre de 2017 los trabajadores asistieron a una videoconferencia de costumbre en la sede de Pdvsa, ubicada en Maracaibo. Allí los sorprendió la Dirección General de Contrainteligencia Militar que desplegó un operativo con helicópteros para aprehenderlos. Hasta ahora las audiencias se han diferido 16 veces.

Caracas. Desde el 4 se septiembre de 2017 un grupo de 17 trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está tras las rejas. Señalados de sabotaje y de maquillar las cifras de producción de la industria venezolana, los hombres llevan más de 18 meses confinados. En los últimos seis meses fueron trasladados al Penal de Tocuyito, estado Carabobo, donde los familiares aseguraron que su condición mejoró al poder recibir visitas. Las esposas de los empleados enumeraron, este martes 18 de junio en rueda de prensa, una serie de irregularidades en el caso que resumen en “violación de derechos humanos”. La visita al país de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llevó a los familiares a declarar por primera vez en casi dos años.

“Que hagan su trabajo, que hagan las audiencias que han diferido 16 veces. Nos sentimos ofendidas por tanta injusticia y lo que pedimos es justicia. Si se da la audiencia preliminar se demostrará que nuestros esposos son inocentes. Queremos aprovechar la visita de la comisionada de la ONU, le hacemos un llamado para que atiendan nuestros casos porque aquí se han violado los derechos humanos y el debido proceso. Queremos que se realice un juicio justo. A partir de hoy seguiremos en la calle peleando por nuestros hermanos, esposos e hijos que están detenidos”, expresó Onervy Graterol, esposa de Juan Carlos Barreto Ramos, quien llevaba cuatro meses en el cargo de gerente de Coordinación Operacional Occidente al momento de la detención.

En los primeros seis meses encarcelados los trabajadores perdieron alrededor de 20 a 40 kilos de peso. Los familiares no registran torturas físicas, sin embargo, consideran que la rápida pérdida de peso se debió a torturas psicológicas. “No les dijeron por qué estaban allí, el no ver a sus familiares, la calidad y cantidad de la comida. La mayoría están afectados de salud, han presentado patologías, no nos permiten llevarle alimentos”, dice Graterol. Las visitas para hombres están prohibidas. Los hermanos, padres e hijos de los 17 empleados de Pdvsa también llevan la cuenta, pero por los 18 meses en que no se ven.

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Esposas de trabajadores de Pdvsa / Foto: Ariadna García

Previo a la detención los familiares señalan que no hubo hostigamiento. El 4 de septiembre de 2017 los trabajadores asistieron a una videoconferencia de costumbre en la sede de Pdvsa, ubicada en Maracaibo. Allí los sorprendió la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que desplegó un operativo con helicópteros para aprehenderlos. “Eran hombres que estaban 24/7 en la industria, son contadas las horas en las que los veíamos. Mi esposo tenía 38 años de edad cuando lo detuvieron, hoy tiene 40, él quería hacer carrera. Ellos querían trabajar, la querían sacar adelante (Pdvsa) a pesar de la baja producción, el derrame, las cosas comunes que pasaban. Amaban su carrera y lo que hacían, nunca tuvieron problemas”, añade Graterol.

El 30 de noviembre las autoridades apresaron a los exministros de Petróleo y expresidentes de Pdvsa Eulogio Del Pino y Nelson Martínez por presunta comisión de peculado doloso y legitimación de capitales. Martínez falleció, mientras seguía en prisión, el 12 de diciembre por problemas de salud. Hasta ahora el sistema de justicia no ha informado sobre los avances de ambos casos. Se conoció a través de los familiares de los 17 trabajadores que Del Pino continúa detenido en el Dgcim en Caracas, así como Gustavo Malavé exdirector ejecutivo de Occidente. Los voceros indicaron que no han mantenido contacto con el expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, quien en los últimos dos años se distanció de Nicolás Maduro y ha abogado por los presos de Pdvsa.

“Queremos que se hagan las audiencias preliminares, aún no han hecho la primera. En el expediente no hay pruebas de convicción de que son culpables. Pedimos un juez autónomo que sea equilibrado, que se nombre un equipo multidisciplinario y se den las audiencias preliminares. Los familiares sufrimos cada vez que vamos a visitarlos. Los niños pueden verlos solo una vez al año, están violando el derecho de ver a sus hijos y el derecho a la salud. Mi esposo Adolfo Torres Vargas sufre del intestino y de la columna, solicitamos una medida humanitaria y se le negó. Ellos fueron removidos de sus cargos, cuando las leyes dicen que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, los hijos retirados de los colegios y de los seguros médicos, algunas esposas desalojadas”, cuenta la abogada Carol Piña, esposa de uno de los detenidos.

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Entre los acusados hay gerentes, analistas y operadores que tenían distintas funciones dentro de la estatal, sin embargo, la abogada explica que fueron imputados por igual. En el caso de Adolfo Torres Vargas, quien llevaba 18 meses trabajando en la industria, lo acusan de delitos cometidos en años anteriores. Entre los delitos figuran asociación para delinquir y peculado doloso, entre otros. En total fueron 100 trabajadores petroleros apresados en tres grupos, en los que se encuentra este de 17 empleados de occidente. En los últimos años algunos han quedado en libertad admitiendo culpa y quedando bajo medidas cautelares. Actualmente Jhon Dávila es el juez, con él serían tres los magistrados encargados del caso.

Estamos en un limbo jurídico. No tenemos apoyo de nadie. Estuvimos bajo perfil porque no queríamos ser señalados. El miedo paraliza. Quiero a mi esposo en casa, mis niños quieren a su papá en casa. Esto es una violación a sus derechos humanos y por ser trabajadores de la industria petrolera son señalados, expresa Onervy Graterol, esposa de Juan Carlos Barreto Ramos.

Jubilado y preso

Noris Perozo llevaba 9 meses jubilado, luego de trabajar 32 años como aforador, cuando entró en la lista de los 17 trabajadores de Pdvsa detenidos. A la fuerza lo sacaron de su vivienda el 23 de octubre de 2017 a las 9:30 p. m., de acuerdo con las declaraciones que ofreció Noreida Durán, esposa del trabajador, a Crónica.Uno.

La mujer cuenta que lo visitan cada 15 días en la cárcel ubicada en el estado Carabobo. Los familiares de este grupo que califican de “presos políticos” residen en Zulia a unas 10 horas del centro de reclusión. “Por la situación económica se nos hace difícil, yo estoy sufriendo de depresión, estoy un poquito afectada”, manifiesta Durán, al tiempo que agrega que su esposo tenía un trabajo que no corresponde con lo que se le acusa.

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“Él nunca trabajó en Petrozamora. Trabajó en Patio de Tanque Olé del Ministerio de Energía y Minas en la Costa Oriental del Lago”, dice.

Visita de Bachelet

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos visitará el país del 19 al 21 de junio por invitación del Gobierno de Venezuela, informó el organismo en un comunicado. Bachelet sostendrá reuniones con Nicolás Maduro, ministros, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general, el defensor del pueblo, el presidente de la Asamblea Nacional y legisladores, así como con el presidente de la Asamblea Constituyente y otros representantes, también con víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos.


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