Tarek William Saab justificó el uso de la justicia militar contra los marchistas, aunque acotó que se debe privilegiar la justicia ordinaria cuando los delitos comprendan ambos ámbitos.
Caracas. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, instó a los jefes y funcionarios de los cuerpos de seguridad a respetar los derechos humanos de los manifestantes tomando en cuenta los estándares nacionales e internacionales y el uso “progresivo, proporcional y diferenciado” de la fuerza.
Los directores y supervisores de las unidades policiales o militares deben realizar, de manera regular, inspecciones de los equipos y funcionarios que se seleccionen para intervenir en las protestas, con el fin de asegurar que no porten equipos o materiales que se encuentren prohibidos y que tengan la preparación necesaria para garantizar los Derechos Humanos”, indicó leyendo un informe sobre las manifestaciones que entregará a entes públicos y organismos internacionales.
El defensor se mostró complacido por la orden dada por el presidente de la República de que no se utilicen escopetas de perdigones en las manifestaciones, aunque luego admitió, haciendo referencia a un video en el que se ve a un policía usando las escopetas, que esta disposición no ha sido acatada por los organismos de seguridad. “Hubo algo que no debió ocurrir”, expresó.
Saab agregó que los cuerpos de seguridad deben abstenerse de usar la fuerza contra las personas que se retiran, caen mientras corren o que no participan en actos violentos, “salvo la estrictamente necesaria para efectuar una aprehensión en caso de flagrancia en la comisión de un delito, insistiendo en la prohibición de cualquier tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”
Agregó que el uso de bombas lacrimógenas durante manifestaciones debe efectuarse con “precaución y de forma focalizada para que no afecte edificaciones vulnerables como hospitales, colegios y espacios públicos confinados” y exigió que se abstengan de usarlas de forma directa contra las personas.
Justicia militar
Citando el Código Orgánico de Justicia Militar, el funcionario justificó el uso de la justicia militar en contra de manifestantes en los casos en que estos incurran en delitos como “ataque al centinela”. “La Defensoría recomienda que en caso de delitos militares y tipificados en el código penal en nuestro criterio debe prevalecer la jurisdicción penal ordinaria”, acotó Saab.
El funcionario apuntó que ese despacho registra 52 fallecidos durante las manifestaciones, cifra menor que la que maneja la Fiscalía que contabiliza 61 personas asesinadas. Agregó que 78 % de estos casos se produjeron en los estados Barinas, Lara, Táchira, Miranda y Carabobo. Aseguró que 20 personas fueron asesinadas con armas de fuego y que en solo dos de estos crímenes los responsables están privados de libertad.
También hizo hincapié en tres personas asesinadas mediante “crímenes de odio” que es “cuando una persona ataca a otra motivada solo por la pertenencia a un grupo social, por prejuicios personales por sexo, raza, etnia, religión identidad de género, nivel económico, la ideología política”, explicó. “El Ministerio Público debe ofrecer una justicia plena e imparcial”, agregó.
Este organismo reporta 1119 heridos y lesionados, y destacó que 340 pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado. También mostró su preocupación porque los cuatro casos de muertes con “armas caseras o no convencionales” no hayan sido detenidos o haya conclusiones en las investigaciones preliminares.
Mostró su complacencia por la convocatoria del Consejo Nacional Electoral a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente y para unos comicios regionales e hizo un llamado al diálogo. “Estas muertes deben estar interpelando a todos sobre el modo en que dirimimos nuestra diferencias. La confrontación violenta debe ser execrada”.
Foto referencial: MPPIJP
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