El dirigente sindical de Ferrominera, Rubén González, expuso que la empresa introdujo un recurso de amparo en su contra luego de una asamblea de trabajadores en Ciudad Piar.
Ciudad Guayana. La persecución sindical persiste en Guayana, en medio del inicio de una mesa de negociación entre delegados de oposición y oficialismo. El objetivo vuelve a ser Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera).
Según el dirigente la empresa introdujo un recurso de amparo constitucional en su contra ante el Tribunal segundo de primera instancia de juicio del trabajo de la circunscripción del estado Bolívar, a cargo del juez José Alejandro Guevara.
La medida se da en respuesta a una asamblea que se realizó el 31 de julio en el portón de San Isidro, en Ciudad Piar. Durante la actividad el gerente de Seguridad Patrimonial (y funcionario del Cicpc), William Galindo, se presentó armado para intimidar a los trabajadores.
González sostuvo que el recurso judicial constituye un mecanismo de persecución y aseguró que “nosotros somos los elegidos, estamos legalmente constituidos”. Agregó que mientras no se celebren nuevas elecciones sindicales, continuará en ejercicio del cargo para el que lol eligieron los trabajadores.
“Lo que están haciendo es persecución, chantaje, terrorismo y tratar de encarcelar a los trabajadores (…) No estamos haciendo nada ilegal, estamos haciendo lo que nos corresponde”.
A propósito del inicio de una mesa de diálogo, González afirmó que la continuidad de la persecución sindical contradice cualquier proceso de negociación política.
Persecución constante
Es de recordar que Rubén González fue detenido el 29 de noviembre de 2018 tras liderar protestas laborales en Ferrominera Orinoco. Lo condenaron a cinco años y nueve meses de prisión, aunque el 31 de agosto de 2020 lo excarcelaron tras incluirlo en una lista de indulto presidencial.
En septiembre de 2009 también fue objeto de detención, luego de liderar una huelga de trabajadores que reclamaban el cumplimiento de la contratación colectiva.
Mientras que en febrero de 2011 un tribunal lo condenó a siete años y seis meses de prisión. Sin embargo, la decisión la anuló posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia y recuperó su libertad, tras 17 meses preso.
Lea también:
Restricciones y hostigamiento contra la prensa empañan inicio del diálogo tutelado por EE. UU.
