Ligia Bolívar, en representación del CDH-UCAB, indicó ante el Consejo de DDHH que la mayoría de los que cruzan la frontera no tienen un estado regular. Según cifras de la ACNUR, 1,6 millones de venezolanos han dejado el país.

Caracas. Más de 1,6 millones de venezolanos se han trasladado a países vecinos. Con esa cifra, publicada por la Agencia de Refugiado de la ONU, se inició la denuncia por parte de Ligia Bolívar, en representación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este 25 de junio.

Durante su intervención, la socióloga hizo el llamado de atención ante el organismo por la situación migratoria de los venezolanos en los países vecinos, en la cual agregó que la mayoría de quienes han cruzado las fronteras no cuentan con un estado regular y enfrentan condiciones de vulnerabilidad y violación de derechos.

“Debemos llamar la atención sobre la militarización de las operaciones en Brasil, las deportaciones masivas en Trinidad y Tobago, las devoluciones sin debido proceso en México, la ausencia de respuestas a las solicitudes de refugio pendientes en Colombia y Brasil, la imposición de nuevos requisitos de visa en Chile y las detenciones en República Dominicana”, enumeró la activista.

Ante la situación, Bolívar pidió a los Estados acoger a los migrantes venezolanos en sus países y a no recurrir a la deportación ni a ninguna otra medida que resulte en la violación de derechos.

El pasado 21 de junio, la diputada de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, denunció a través de su cuenta de Twitter que un grupo de venezolanos se encontraba en el centro de detención de inmigrantes de Trinidad y Tobago, donde supuestamente recibieron malos tratos, por lo que iniciaron una huelga de hambre.

Esta no es la primera vez que desde una institución internacional se hace un llamado por la situación de migración que afecta a países de la región. El pasado 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comunicó en su resolución 2/18 que observaron un vacío de protección de los DDHH, en el marco de lo que calificó como “crisis de migración forzadas” por parte de los venezolanos, ante el contexto social, económico y político de la nación.

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En el criterio de la CIDH, la situación tiene un alcance transfronterizo, por lo que se requiere de una respuesta regional e internacional, pues en ocasiones los migrantes se ven expuestos a la discriminación, amenazas a su vida e integridad personal, violencia sexual, abusos y explotación.

Asimismo, también en marzo, la propia ACNUR publicó una nota de orientación sobre el flujo de venezolanos en la región latinoamericana, en la que instó a los Estados receptores que permitan el acceso a su territorio y adopten medidas orientadas a la protección de las personas y “garantizar estándares mínimos de legalidad, tránsito, acceso a los derechos básicos y garantías de no retorno ante la situación de Venezuela”, explica el documento.

En su exposición, Bolívar exhortó al gobierno venezolano para que proporcione a sus ciudadanos los medios para emitir su documentación, como el pasaporte, para facilitar la entrada y regularización en los países de acogida, mientras que pidió ante el Consejo que colabore con otras agencias de la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones para que adopten un enfoque de Derechos Humanos ante la situación.

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