El hacinamiento en las prisiones se ubicó en 125 % el año pasado. En total, hay 46.775 reclusos en el país, cuando la capacidad instalada es para 20.766 personas, es decir, hay una sobrepoblación de 26.009 personas.
Caracas. “Sabemos que han quemado y enterrado cuerpos dentro de las cárceles venezolanas”, denunció el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado. Esta organización, que tiene más de 16 años evaluando y mostrando las distintas problemáticas del sector, advirtió que el ocultamiento de cifras por parte del Estado cada año es más severo. “En octubre del año pasado visitamos la cárcel de El Dorado y nos enteramos de que 20 presos murieron por malaria. Ese número no está en ningún lado”, acotó.
En sus investigaciones encontraron que, durante los últimos 20 años gobernados por el chavismo, entre 1999 y 2018, fallecieron 7270 personas en las cárceles venezolanas. Por otro lado, 17.179 resultaron heridas durante ese periodo. “Eso es como si explotaran dos veces la cárcel de Tocorón”, explicó.
Prado apuntó que el derecho a la salud es uno de los que más se vulnera de forma constante en los centros de reclusión del país. Las enfermedades más frecuentes suelen ser dermatológicas, gastrointestinales y respiratorias y están asociadas al hacinamiento en los recintos, la insalubridad, la falta de acceso al agua potable, así como a la falta de insumos para el aseo personal y por alimentación inadecuada.
“Imagínense las enfermedades que se desarrollarán en las cárceles con esta falla de servicios que se ha presentado en el país, que no hemos tenido ni luz ni agua”, agregó.
El hacinamiento en las prisiones se ubicó en 125 % el año pasado. En total, hay 46.775 reclusos en el país, cuando la capacidad instalada es para 20.766 personas, es decir, hay una sobrepoblación de 26.009 personas. En el presente, la cárcel de Tocuyito, ubicada en el estado Carabobo, y Tocorón, ubicada en el estado Aragua, son las que tienen mayor hacinamiento, superando 300 %.
Con respecto a la atención médica, Prado recordó que el Estado no ofrece tratamiento a los internos que lo requieren, son los familiares quienes cubren por cuenta propia todos los gastos relacionados a la compra de medicamentos. Tampoco existe atención médica durante las 24 horas.
En el 2018 murieron 291 presos en las cárceles del país, lo que representa un aumento de 103 %, considerando que el año anterior fallecieron 143. Por otro lado, hubo 331 heridos en el 2018, lo que significó un aumento de 175 %, comparándolo con los 120 heridos que hubo en el 2017.
Prado señaló como uno de los casos más trágicos y violatorio de Derechos Humanos la masacre de Policarabobo, en la que 69 ciudadanos perdieron la vida el 28 de marzo de 2018, luego de que funcionarios reprimieron a los reclusos con bombas lacrimógenas, perdigones y balas. El hecho ocurrió tras el presunto asesinato de una mujer embarazada, que era pareja de unos de los internos, y pernoctó esa noche en el calabozo.
Luego de la represión los funcionarios no permitieron que los reclusos salieran del lugar, lo que viola el Código Orgánico Penitenciario. A un año de los hechos, los familiares de las víctimas continúan esperando justicia y respuesta por parte de las autoridades.
Otro evento lamentable fue el de la cárcel de Fénix, en el estado Lara, donde murieron 11 detenidos por un motín. Esto ocurrió el 16 de mayo del año pasado y aún no hay versión oficial sobre las causas que originaron la revuelta. Prado subraya que entre las razones que los propios presos mencionaron fueron maltratos, falta de alimentos y fallas en el último Plan Cayapa, que supuestamente busca la atención integral del privado de libertad.
Por último, indicó que las condiciones para las mujeres detenidas son aún más severas. En Venezuela solo existe una cárcel exclusiva para la reclusión de mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), el resto están distribuidas en 16 anexos de centros masculinos. En total, son 2583 mujeres presas.
El OVP, al igual que un reciente informe que presentó Una Ventana a la Libertad (UVAL) constató la vulneración de los derechos a las mujeres, especialmente en cuanto al tema de género. Por ejemplo, a ellas no se les permiten las visitas conyugales.
Además, entre otros puntos, Jorge Márquez, coordinador de finanzas Públicas de Transparencia Venezuela, recordó que en el país el Gobierno no presenta memorias y cuentas ni tampoco el presupuesto de la nación desde 2016. En sus estimaciones e investigaciones determinaron que el monto asignado por cada preso para el 2018 se ubicó en 2146 bolívares para alimentos y bebidas durante todo el año, cifra que no alcanza ni para comprar una empanada o un jugo.
Por eso, entre las recomendaciones que propone OVP, se encuentra la de un presupuesto adecuado para una alimentación balanceada que reúna las 2800 calorías. También consideran que se debe crear una figura de defensor del preso, como existe en Argentina, y un grupo interinstitucional para la solución del retardo procesal. Por último, indica que deben realizarse planes de construcción y reparación de centros de reclusión, así como también para la creación de nuevas cárceles.
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