Estado venezolano ignora explotación sexual de mujeres indígenas en el Arco Minero

mujeres indígenas

Según el informe Mujeres al Límite 2019, presentado por la coalición En Equivalencia, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual, explotación y prostitución por parte de grupos armados y funcionarios. Defensores de Derechos Humanos exigieron al Gobierno que investigue esta situación y detenga a los responsables.

Caracas. Las mujeres indígenas son explotadas sexualmente en la zona minera y el Gobierno no intenta detenerlo. Las niñas y adolescentes, principalmente, son vendidas o abusadas por los hombres que trabajan la minería ilegal en el estado Bolívar y, peor aún, por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según el informe Mujeres al Límite 2019 de la coalición En Equivalencia.

La actividad minera tejió una red que se encargó de incrementar la violencia contra la mujer. En vista de que los mineros no pueden abandonar sus sitios de trabajo, las llevaron para utilizarlas y también para que se encarguen de las labores domésticas o brinden trabajos sexuales.

En Bolívar los tres municipios con mayores tasas de muertes violentas se ubican en la zona minera: El Callao, Roscio, capital de Guasipati y Sifontes, la capital de Tumeremo. Solo entre 2012 y 2018, en Bolívar se ha conocido de al menos 30 masacres en las zonas mineras.

De acuerdo con la investigación, la mayoría de las mujeres compradas son niñas y adolescentes, quienes son víctimas de abuso sexual, maltrato y son obligadas a involucrarse en actividades criminales por los militares, mineros o grupos armados.

Las bandas criminales las someten y obligan a estos trabajos. Otras van impulsadas por la crisis social y económica que atraviesa Venezuela, que se recrudece en estados del interior como Bolívar.

El informe explica que la precarización de las condiciones de vida alienta a la explotación sexual de mujeres y niñas, y la prostitución es considerada como una opción válida para afrontar la crisis.

Este tipo de violencia contra la mujer ocurre en los poblados construidos dentro de las minas, donde instalan bares de prostitución conocidos como “currutelas”, también casas y ventas de comida, que controlan y administran los sindicatos —nombre que llevan las bandas delictivas—. Todo con la finalidad de generar más ganancias.

En la investigación citaron a la Organización de Mujeres Amazónicas Wanaaleru, que explica que las niñas y adolescentes son obligadas a tener intercambios sexuales o las venden como esclavas a cambio de gramos de oro (entre cinco y 10), las menores son las más caras. Estas prácticas derivan en altos índices de femicidios y violencia territorial.

En 2018 la violencia contra la mujer aumentó en el estado Bolívar. De acuerdo con datos de la Comisión para los Derechos Humanos y Ciudadanía (Codehciu), entre enero y junio registraron 14 feminicidios y cinco víctimas de abuso sexual.

Mientras que en los municipios Caroní, Heres, El Callao y Sifontes asesinaron a 12 mujeres en el primer semestre de 2018, según Transparencia Venezuela. El mes más violento fue mayo, en el que ocurrieron cinco feminicidios, equivalente a 41 % de los crímenes en ese mes.

En el caso de las mujeres indígenas resulta aún más compleja la situación de violencia ante el poco acceso a la justicia y las herramientas para la denuncia, reza el informe.

Luisa Kislinger, directora de la ONG Mujeres en Línea, explicó que este gravísimo problema al sur del país es invisibilizado por el Estado.

Las mujeres indígenas son obligadas a trabajar en condiciones deplorables y el Estado venezolano tiene que dar respuestas oportunas. Las mismas redes de minería ilegal y organizaciones delictivas se encargan de estos espacios de prostitución. Esta es una situación muy grave a la que hay que meterle el ojo, hay que procesar a los culpables y salvar a las víctimas, dijo durante la presentación de la investigación.

Sin información oficial de este delito

Mujeres al Límite 2019 detalló que las redes de explotación no son muy evidentes, pues no hay una referencia clara de quién capta a las víctimas. Presumen que se trate más bien del “boca en boca”, convirtiéndose en una estructura informal de captación.

Existe información de que, en algunos casos, mujeres y adolescentes deben ubicar a otras para incorporarlas en la red de explotación como parte del pago de sus propias deudas, indica el informe.

Denunciaron que además en Venezuela no se cuenta con información detallada sobre la explotación sexual comercial según tipos de delito, grupos afectados y zonas de mayor riesgo.

Las etnias indígenas más afectadas son los Waraos, Pemones, Pumé, Jivis, Guajibos, Kariñas y Piaroas. También Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Arawako, Yekwana y Senema.

El 24 de febrero de 2016 se oficializó la creación de la zona de desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, que abarca 12 % del territorio venezolano. Ahí se explotan minerales como el oro, bauxita, cobre, coltán, diamantes y hierro. La zona es dominada de forma violenta por los sindicatos, que imponen un orden paraestatal.

Explotación sexual en Zulia y Vargas

La misma situación de explotación sexual de niñas y adolescentes ocurre en el sector Mercado Los Plataneros, en Maracaibo (Zulia), sobre todo con la etnia Wayuú.

También sucede en La Guaira, estado Vargas. Mujeres al Límite 2019 habla de una red de trata y tráfico de mujeres, adolescentes y niñas venezolanas que opera en el estado Táchira, región fronteriza con el departamento Norte de Santander de Colombia. Las víctimas son traficadas hacia Brasil y Colombia.


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