El 95 % están solicitadas por hurto y robo y 98 % son pistolas, revólveres y escopetas. La organización denuncia que el Ministerio Público no ha iniciado investigaciones, a pesar de que tienen la información desde hace más de dos años.
Caracas. “En Venezuela hay un Estado forajido que le entrega las armas a quienes no les corresponden”, dijo Javier Tarazona Sánchez, director de la ONG Fundaredes.
Desde el año pasado esta organización ha denunciado que hay un número faltante de municiones y armas de guerra en batallones militares. En esta oportunidad, Tarazona presentó ante la Fiscalía una lista en la que se describen por tipo de arma, serial, marca, modelo y razón de solicitud 228.293 armas que están en paradero desconocido y que, pese a que el Estado las califica como “armas solicitadas”, no se han iniciado investigaciones.
“Estamos aquí para ejercer presión sobre el Ministerio Público (MP) que es el organismo a quien le compete adelantar estas investigaciones. Estas armas han cobrado vidas de inocentes. Hemos tenido años en Venezuela donde han muerto 25.000 personas por causas violentas. En cada protesta contamos un saldo de muertos”, aseveró el director de la ONG el pasado 23 de abril.
El 31 de marzo de 2017, la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, informó que en el 2016 fueron asesinadas 21.752 personas en Venezuela. 87 % de esas muertes fueron ocasionadas por armas de fuego.
El 95 % de las armas (217.572) están solicitadas por hurto y robo. Seguidamente, casi 9000 armas son solicitadas por extravío e incriminación, es decir, fueron utilizadas para un delito o hecho violento. Tarazona señaló que esta data de armas sin paradero conocido fue entregada por los mismos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) quienes están indignados por recibir órdenes de superiores que los obligan a entregar dichas armas a grupos irregulares colombianos. Los tres tipos de armas más solicitadas son pistola, revólver y escopeta, que ocupan 98 %.
Estas armas tienen la calificación de solicitadas, pero la realidad es que muchas de ellas han servido para la comercialización o para grupos irregulares, bandas criminales, hampa común y otras organizaciones ilícitas”, comentó.
De acuerdo con el informe de Fundaredes, los grupos irregulares colombianos operan en 12 estados de Venezuela y cuentan con cinco emisoras en frecuencia modulada. En el 2018 estos grupos fueron responsables de 1068 desapariciones y más de 700 secuestros.
Por otro lado, Amnistía internacional apuntó también en informe reciente que organizaciones internacionales estimaron que en 2017 existían 5,9 millones de armas cortas en Venezuela. Por su parte, señalaron que 90 % de las armas que ingresaron legalmente al país no cuentan con registro balístico ni tampoco hay evidencias de un sistema de marcaje de municiones. Asimismo, determinaron que 80 % de las armas decomisadas y recolectadas por los cuerpos policiales llegan a los parques sin cargadores o municiones, lo cual pareciera indicar que no hay controles efectivos que eviten la desviación a mercados ilegales.
Entre 2008 y 2017, Venezuela fue el mayor importador de armas militares en Suramérica, principalmente provenientes de China y Rusia y, en menor medida, de Ucrania. A partir de 2014 se redujeron las importaciones debido a la crisis económica. Amnistía Internacional advierte que hasta marzo de 2017, de 165.000 armas cuyos propietarios tenían permiso de porte y tenencia, solo 35.497 estaban registradas en un sistema de identificación balística.
Tenemos dos años consignando evidencias de actas policiales donde se demuestran los faltantes en guarniciones militares, pero lamentablemente hasta la fecha no se han hecho investigaciones. La Fiscalía debe cumplir con sus responsabilidades para garantizar la seguridad y soberanía de los venezolanos”, aseveró el director general de Fundaredes, Javier Tarazona Sánchez.
Tarazona también informó que se está tramitando una medida cautelar y de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los miembros de Fundaredes, quienes han sido amenazados en los últimos meses por sus denuncias e investigaciones. “Será responsabilidad del Estado venezolano lo que le pueda ocurrir a cualquiera de nosotros”, concluyó.
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