El caos, la suciedad y las motocicletas que circulan sin dirección fija se suman a los toldos y tarantines que abarrotan las calles y accesos del bulevar de Catia. Residentes y transeúntes exigen a la Alcaldía del municipio Libertador ejecutar un plan de reubicación y aplicar las ordenanzas para restablecer el orden en los espacios públicos.
Caracas. El sonido de una bocina y un frenazo detienen en seco a Octavio Rondón, de 74 años de edad. Se salva por, pocos centímetros, de ser arrollado por una moto que circula en sentido contrario.
Octavio intentaba llegar al banco para cobrar su pensión, pero cuatro tarantines de verduras, carne y chucherías bloqueaban la acera y tuvo que lanzarse a la vía.
A pesar del peligro de la escena, nadie se alarma. Así transcurre un día en el bulevar de Catia.
“Ya no se puede caminar por las aceras y no es la primera vez que casi me lleva una moto. Los vendedores hacen lo que les da la gana y nadie les dice nada. Cada vez hay menos espacio libre y si uno reclama, se te van encima. ¿Dónde está el Gobierno para ponerles un freno y aplicar la ley? esto no se soporta”.

En las calles cercanas a las estaciones del Metro Pérez Bonalde y Plaza Sucre, transitar con libertad resulta imposible. Puestos de comida con mesas y sillas, toldos improvisados, basura y motocicletas que avanzan sin dirección fija compiten por el espacio público. Los peatones hacen malabares para esquivar los huecos del pavimento y los obstáculos comerciales.
Los habitantes de la zona denuncian que este foco de economía informal crece sin control, sobre todo durante el último año y medio, tras la llegada masiva de comerciantes desalojados de Sabana Grande.
Sin opciones seguras, los transeúntes se lanzan a la calzada entre carros y motos, mientras se exponen a carteristas, quienes aprovechan el desorden y la multitud para robar bolsos y carteras.

Miedo a caminar en el bulevar
Carolina Sarmiento vive en Propatria desde hace 35 años y recuerda con nostalgia la antigua vida del bulevar, cuando se podía pasear y ver vitrinas con tranquilidad. Hoy evita hacer compras en el sector porque el desorden y la multitud la hacen sentir insegura.
“Tengo problemas de visión. Hace unas semanas me torcí el tobillo, tropecé con una vendedora de cigarros que ocupaba la acera y su mercancía cayó al suelo. La mujer arremetió contra mí, me gritó y quiso agredirme. Los vendedores se sienten amparados porque el Gobierno no les llama la atención. Al contrario, les facilitaron toldos para que ocuparan más espacio y ahora hay más caos”.
Aunque los vecinos exigen a la Alcaldía del municipio Libertador el despeje de las áreas críticas, la reubicación de los comerciantes sigue sin concretarse.

Un problema sin solución
El caos comercial en Catia responde a décadas de medidas temporales que pierden efecto por falta de vigilancia y de locales suficientes.
En 2009, durante la gestión de Jorge Rodríguez, la alcaldía censó y reubicó a los vendedores en mercados populares para devolver las aceras a los peatones. La medida mejoró el paseo por un tiempo, pero la supervisión disminuyó y los puestos improvisados regresaron.

Luego, entre 2016 y 2017, los operativos policiales y municipales retiraron a más de 300 trabajadores informales, tras detectar la venta y el alquiler irregular de permisos. Sin embargo, la crisis económica empujó a cientos de nuevos vendedores a las calles en busca de sustento
Entre agosto y octubre de 2025 la alcadesa de Caracas, Carmen Meléndez, reactivó los desalojos en puntos críticos como La Hoyada y Sabana Grande. Aunque los habitantes del oeste piden aplicar el mismo plan en Catia, el bulevar permanece al margen de una solución definitiva.


Este desborde refleja la realidad laboral del país. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios de Venezuela, siete millones de personas (de una fuerza laboral de 10 millones) trabajan en la informalidad, la cifra más alta de América Latina.
Además, el análisis del mercado laboral entre 2025 y 2026 advierte un aumento del pluriempleo: empleados públicos con salarios rezagados acuden a la calle para completar sus ingresos.

La ley del cobro en la acera
Del otro lado del mostrador, los comerciantes reconocen la saturación del espacio, pero aseguran que no tienen alternativas viables. Zaida*, madre de tres hijos, vende ropa deportiva desde hace 18 años, en dos toldos frente a Plaza Sucre. Con la llegada de la temporada alta, planea instalar una mesa adicional para exhibir mercancía nueva.
“Le pago $15 semanales a una coordinadora que regula los puestos, otros pagan más o menos según el tamaño del tarantín. Sé que somos muchos, pero debemos buscar el sustento de nuestras familias y la alcaldía no nos brinda soluciones”.
Zaida recordó que hace seis años las autoridades intentaron trasladarlos a un mercadillo cercano, pero el plan fracasó porque el lugar se volvió inseguro y los clientes dejaron de acudir por temor a los robos.
“Eso se convirtió en una guarida de malandros donde se metían los carteristas. Los clientes tenían miedo de ir y tuvimos que regresar al bulevar. Otros planes parecidos también han fracasado porque no hay suficiente espacio para meternos a todos o no cumplen con las condiciones”.


Una historia similar vive Richard*, de 68 años de edad, quien vende repuestos de licuadoras y neveras, desde que su esposa e hijos emigraron a España en 2018. En un buen día gana entre $20 y $40, pero debe pagar $6 diarios al coordinador de la cuadra para conservar su sitio.
“Mucha gente juzga al buhonero, pero esto no es fácil. Aquí operan mafias y grupos que cobran por el espacio; la alcaldía lo sabe y no hace nada, menos ahora que llegó más gente de Sabana Grande. Si me ofrecieran un lugar organizado para trabajar, me iría sin pensarlo”, concluyó.
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