Caracas. Mineros artesanales procedentes de El Callao, estado Bolívar, junto a representantes de la Alianza Agrominera Mama Pancha, acudieron al Ministerio Público este viernes, 20 de noviembre, para solicitar una audiencia con el fiscal general, Larry Devoe. 

Los trabajadores se presentaron ante la sede principal del organismo, ubicada en Parque Carabobo, tras agotar todas las vías administrativas en su jurisdicción y denunciar tanto la rescisión unilateral de sus contratos como el presunto hostigamiento armado contra sus operaciones en el sector Nacupay.

Tras la rescisión de los contratos, unas 200 familias quedaron sin sustento. Foto Betania Franquis

Los afectados responsabilizan a Héctor Silva, ministro de Desarrollo Minero Ecológico, por paralizar sin orden escrita ni justificación las labores de al menos 65 alianzas mineras al sur del país.

De acuerdo con sus testimonios, la medida deja sin sustento a 200 familias vinculadas solo con esa compañía, lo que los motiva a emprender una serie de acciones que incluyen un recurso contencioso administrativo ante los tribunales de la capital.

Silencio institucional 

Yunices Barreto, presidenta de la Alianza Agrominera Mama Pancha, explicó que los trabajadores consignaron una denuncia formal ante la Fiscalía el 6 de noviembre pasado. En esa ocasión también introdujeron un recurso contencioso administrativo en los tribunales de Caracas para acelerar las respuestas y obtener una pronta solución a sus reclamos.

El expediente suma dos documentos: la denuncia por los atropellos y una solicitud de audiencia. Foto: Betania Franquis.

Este viernes, tras la jornada en el Ministerio Público, confirmaron que su expediente suma dos documentos: la denuncia por los atropellos y una solicitud de audiencia con el fiscal general Larry Devoe para exponerle la crisis del sector.

En Bolívar, el proceso legal ha tenido poco avance. Icsamar Bolívar, abogada de la Alianza Agrominera Mama Pancha, denunció que los problemas se iniciaron hace más de un año por la falta de respuesta institucional.

En mayo, al acudir a la Corporación Venezolana de Minería (CVM), les indicaron de manera informal que la paralización respondía a “una orden de arriba”. 

Historial de hostigamiento 

La situación escaló el pasado septiembre. Entonces, más de 30 camionetas con hombres armados, sin identificación, con pasamontañas y uniformes militares, irrumpieron en las áreas de trabajo para tomar el control de las operaciones. 

Por su parte, Barreto detalló que el conflicto ocurre cuando las empresas exploran el terreno y encuentran oro. En ese momento, militares y funcionarios identificados como cuerpos de seguridad del Estado y del resguardo minero acuden a las áreas de trabajo sin presentar órdenes escritas ni justificaciones legales para paralizar las operaciones de forma arbitraria.

“No sabemos si ellos son o no cuerpos de seguridad  porque llegan con la cara tapada, con armas largas y nos amedrentan y nos paralizan. Esto ha ocurrido repetidas veces y por esa razón muchos han abandonado sus puestos de trabajo”, indicó.

La representante responsabilizó al ministro Héctor Silva por estas acciones y por la rescisión unilateral de los contratos de alianza de las 65 empresas. También mencionó que entre los ejecutores de los operativos en la zona se encuentran el teniente coronel Iván Salazar Scorche, el capitán Luisen Álvarez, jefe de regiones, y el coronel Miguel Ángel Velázquez, asesor ministerial.

Contratos rotos y detenciones

Tanto los mineros como los representantes de las alianzas mineras recordaron que el convenio de la Alianza Agrominera se firmó el 5 de diciembre de 2023 con una vigencia de 10 años. Eso quiere decir que aún les restan siete años de operatividad legal. Sin embargo, fue el 2 de noviembre pasado cuando recibieron una providencia de rescisión de la alianza firmada por el ministro Silva.

Sin embargo, fue  el 2 de noviembre pasado cuando recibieron una providencia de rescisión de la alianza firmada por el ministro Silva.  Según Barreto, el hostigamiento también incluye antecedentes personales contra la directiva de la empresa. 

“El 20 de agosto de 2024 mis dos hijos y yo fuimos detenidos por orden del ministro y permanecimos siete meses privados de libertad. A pesar de esto, queremos hacer público el caso  para exigir el respeto al Estado de derecho y el cumplimiento de las leyes vigentes”

El equipo legal de la alianza Mama Pancha aseguró que ya consignó ante el Ministerio Público un expediente con 24 argumentos que respaldan el cumplimiento de sus compromisos con el Estado, los trabajadores y la comunidad.

Además de las gestiones en los tribunales, los afectados llevaron su reclamo ante el Ministerio Público, el Ministerio del Trabajo y la Defensoría Pública. En todos exigieron el respeto al debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución. 

Tanto los trabajadores como los representantes legales advirtieron que, aunque confían en la vía institucional, convocarán a protestas de calle si no obtienen soluciones concretas. El objetivo de estas movilizaciones será solicitar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la destitución del ministro Héctor Silva. 

Para Barreto, la gestión del funcionario solo ha generado intranquilidad y conflictos laborales en la región. Esta situación se repite en el caso de los trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), quienes suman casi un mes de protestas en la calle tras denunciar el incumplimiento de acuerdos previos y reportar personas heridas durante manifestaciones recientes.

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