Juan Gámez fue detenido en diciembre de 2019 en Santa Elena de Uairén. Su proceso acumula más de un año sin audiencias, mientras su salud se deteriora en la cárcel de Yare II y sus familiares viajan del estado Bolívar a Miranda, para visitarlo y llevarle paquetería.

Ciudad Guayana. Son casi siete años desde la detención arbitraria del economista Juan Gámez, en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Una amnistía negada y más de un año de diferimientos de audiencias, para un juicio en el que se le involucra en la Operación Aurora.

A Juan lo detuvieron el 24 de diciembre de 2019, dos días después de que un grupo de militares disidentes, liderados por los oficiales desertores Darwin Malaguera Ruiz e Hidalgo Azuaje, así como indígenas de la etnia pemón, asaltaron el 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano Montilla, en Luepa.

En aquel operativo sustrajeron alrededor de 120 fusiles AK-103, lanzacohetes y municiones. Los asaltantes escaparon en un camión 350 Tritón y una camioneta Toyota Hilux. Posteriormente, atacaron un puesto policial en San Francisco de Yuruaní, a unos 45 minutos de Santa Elena de Uairén. 

Se dio entonces una ola de detenciones, entre ellos 13 indígenas. Juan Gámez trabajaba en la Alcaldía del municipio Gran Sabana, para entonces la única opositora en el estado Bolívar. Pero él no era nómina.

Su sobrina, Dayana Hernández, comentó a Crónica Uno que lo habían contratado por un lapso de 15 días aproximadamente para un trabajo de auditoría. Aun así, lo acusaron de participar en la llamada Operación Aurora.

En febrero de ese mismo año, el alcalde Emilio González se refugió en Brasil, y posteriormente fue destituido al declararse falta absoluta, tras el ataque militar a la comunidad indígena de Kumarakapay y otras represiones en Santa Elena de Uairén, que terminaron con siete personas asesinadas.

Juan Gámez acumula más de un año sin audiencia y un juicio diferido

“La casa de los sueños”

La familia de Juan se enteró dos días después de la detención, que inicialmente se manejó como una desaparición.

“Nos enteramos por un mensaje reenviado que decía: Avísenle a la familia de Juan Gámez que está desaparecido. Nos sorprendimos porque el 23 de diciembre hablamos con él y quedó en viajar a Ciudad Bolívar para pasar el 31 con nosotros”, relató Dayana.

Revisaron las redes sociales, vieron las informaciones de la ola de detenciones y entre los nombres estaba el de su tío. Desconoce todo el contexto en el que se dio el arresto arbitrario sin una orden judicial.

La familia fue a diferentes organismos para intentar saber de su paradero hasta que en la Defensoría les dijeron que “posiblemente” Juan estaba en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas. Ni siquiera era una certeza para ellos.

El 2 de enero de 2020 pudieron viajar a Caracas. Al llegar a la sede de la Dgcim les negaron que allí estuviese Juan.

“De la desesperación mi mamá les reclama que cómo es posible que les nieguen información, llora, y es cuando uno de los funcionarios dice: ‘ah, es el que está en la “casa de los sueños” (un área en la que presuntamente se cometen tratos crueles)”.

Los funcionarios mintieron a la familia y negaron que se tratase de una detención. Les dijeron que solo era un proceso de investigación que duraba unos 45 días, sin embargo ya habían presentado a Juan e imputado los delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.

La familia de Gámez se enteró de su detención por un mensaje reenviado. Pasaron meses para que pudieran verlo.| Foto captura de pantalla

Pasaron tres meses sin más respuesta, sin siquiera saber de él, hasta que les notificaron de su traslado al Rodeo II.

“Te dicen que no está privado de libertad y tres meses después que va a ser trasladado. Fue un shock tremendo”, recordó Hernández.

15 días después del traslado, Gámez pudo recibir la visita de su hermana, a quien contó de las torturas que sufrió como presión de los funcionarios para sacarle información.

Tres centros de reclusión

En casi siete años ha pasado por tres centros de reclusión: Rodeo, Yare III y Yare II, donde se encuentra actualmente.

En su último traslado, en noviembre de 2024, lo dejaron siete meses en aislamiento en Yare III. “Eso es como una cárcel castigo”.

En este proceso, no solamente sufre la persona privada de libertad, sino su familia. Juan tiene tres hijos, dos de ellos de crianza.

“Se ha perdido el ver crecer a sus nietos, porque cuando él los dejó de ver, tenían siete años y ya están por cumplir 14 años. No es fácil”,

afirmó Dayana.

El juicio de Juan lo han interrumpido en dos oportunidades por cambio de juez y tiene más de un año sin audiencia.

Carga económica

Los familiares de Juan deben costear traslados de Ciudad Bolívar a Caracas, comprar comida y cuadrar la paquetería, que incluye comida y artículos de uso personal. Solo en comida pueden gastar entre $200 y $250 para comprarle proteína, harinas o productos de higiene.

Anímicamente, pese a casi siete años de injusta detención, Juan Gámez mantiene la convicción de su pronta liberación. 

“A pesar del tiempo, él mantiene su fortaleza porque él es inocente, no tiene nada que ver con eso. Él dice que en cualquier momento va a salir, pero el tema es que la expectativa también juega en contra porque eso es una montaña rusa de emociones”, reconoce Dayana.

Cada vez que se anuncian excarcelaciones de presos políticos, la familia de Juan espera que su nombre esté en esa lista. 

Mientras pasan los días, la salud de Juan Gámez también se deteriora, ha bajado considerablemente de peso. Y a sus 59 años de edad comenzó a perder la visión en su ojo izquierdo.

De acuerdo con el Foro Penal en Venezuela hay 319 presos políticos, de acuerdo con el conteo actualizado hasta el 16 de noviembre.

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