El criterio para distribuir los alimentos casa por casa no es uniforme. Cada consejo comunal impone condiciones para adquirir los productos.

Caracas. A Vilma Sosa, una costurera del barrio San Miguel en La Vega, los trabajadores del Mercal en una reunión le ofrecieron una bolsa de comida, pero ella y sus vecinos todavía no han recibido la primera.

Una de las condiciones que pusieron los representantes de Mercal para adquirir las bolsas de alimentos era la conformación de un consejo comunal y los habitantes de esa comunidad así lo hicieron. Cumplieron con la exigencia, sin embargo, no han visto a quienes les ofrecieron la comida y sospechan que es porque mostraron su descontento con el presidente Nicolás Maduro.

“En la primera reunión preguntaron quiénes estaban inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y solo cuatro levantaron la mano. El resto de los vecinos se molestó y dijeron que el hambre no tenía color político”, contó Vilma.

Cada vecino le sacó copia a la planilla que entregaron en el primer encuentro, para tener los alimentos a cambio, supuestamente cada 15 días. “Preguntan cuántos viven en la casa, si la vivienda es propia o del Gobierno, número de cuenta bancaria, el sueldo de los miembros de la familia y otras cosas insólitas que no tienen sentido para darnos eso”.

Pero la distribución de las bolsas de comida casa por casa es una lotería.

Vilma tiene información de que las bolsas una vez llegaron al barrio El Petróleo debido a que su cuñada compró una. “Pensamos que sólo ellos han tenido ese beneficio, porque todavía son chavistas. En La Vega cambiaron las cosas, muchos ya no apoyan al Gobierno porque no soportan esta crisis”. 

En febrero el Gobierno arrancó con la reestructuración de las redes de distribución de la Misión Alimentación y esos cambios abarcaron la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), que entre sus objetivos tienen la distribución de bolsas de productos básicos.

En marzo, los consejos comunales de diversas parroquias comenzaron a dar la información a los vecinos y repartir planillas en las que solicitan: nombres, dirección, tipo de vivienda, trabajo, número de personas que habitan en la casa, ingresos por persona y participación comunitaria.

Para acceder a las bolsas de comida las familias tienen que llenar unas planillas.
A las familias se le exigen datos sobres ingresos, trabajo, condiciones de las vivienda, entre otras informaciones
A las familias se le exigen datos sobres ingresos, trabajo, condiciones de las vivienda, entre otras informaciones

Después que se llenan los formatos, los consejos comunales tienen que contactar a las redes de distribución y posteriormente llevar las bolsas de comida a cada familia por un costo de 1.200 bolívares. Cada bolsa contiene paquetes de azúcar, arroz, pasta, harina de maíz precocida, leche en polvo y mantequilla, y si se paga un monto un adicional, hay pollo.

El presidente Nicolás Maduro dijo que con los Clap “empieza el sistema de distribución casa por casa”. Y según la información oficial, ya existen 5.837 comités en 3.813 comunidades de 555 parroquias a escala nacional, y en los que participan 11.434 voceros comunales

Sin embargo, la organización en la distribución de las bolsas no es la regla. En varias comunidades las bolsas se reparten cada tres semanas y la asignación es a criterio del poder popular, algunas bolsas van con menos artículos de los prometidos, en algunas parroquias los consejos comunales cobran por las planillas y en otras partes todavía aguardan por los productos, pese a que cumplieron con los requisitos exigidos. De manera que la asignación es discrecional.  

Cómo es la distribución

En un recorrido realizado por Crónica.Uno en las comunidades se detectó que en partes de La Vega las bolsas de comida llegan de manera intermitente, situación que se repite en zonas de Catia, donde además los consejos comunales asignan algunos paquetes a las UBCh y el resto a la comunidad.

Ánngel Cacique, dirigente comunitario de Catia, relató el proceso en esa parroquia. Comentó que “estuve en una reunión en la que estaban personas del Ministerio de Alimentación, las comunas y la empresa privada y ahí se informó que los supermercados Día a Día no iban a tener productos subsidiados y que se iba a implementar un mecanismo de distribución casa por casa”.

Allí se acordó la entrega 500 bolsas por cada consejo comunal, 50 para las personas en pobreza crítica y discapacitados que están en los registros de los consejos comunales, que es más barata, y 150 para las UBCh, de manera que quedaban 300 bolsas para la comunidad.

La promesa de que la venta de bolsas sería semanal se incumplió y se establecieron condiciones. Cacique dijo que “llegan cada dos o tres semanas. Sólo pueden comprar los que están inscritos en el registro del consejo y en algunos sitios se hace una rifa para ver a quien se le da. En algunas casas hay tres o cuatro familias, y una es la favorecida, lo que genera conflictos”.

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En Altavista han dado 50 bolsas en las últimas dos semanas, que fueron para los más necesitados. El dirigente comunitario añadió que “los colectivos han tratado de controlar ese tema y la misma gente no los ha dejado porque ellos se llevan una parte y la gente sabe que tienen sus listas y ahí se va quedar”.

En los bloques de Propatria los vecinos han recibido dos veces las bolsas de comida. Iraida Fuentes contó que los voceros del consejo comunal un día les dijeron a los miembros de la comunidad que tuvieran disponibles 2.200 bolívares para adquirir la bolsa, pero al final el costo fue de 500 bolívares porque el paquete contenía solamente dos kilos de harina de maíz, dos kilos de leche en polvo, dos kilos de arroz y uno de pasta. A los días, el poder popular volvió a distribuir las bolsas. El valor fue de 400 bolívares, porque cada una traía menos rubros.

Para esta jubilada el programa incumple con lo prometido, porque esa cantidad de artículos es insuficiente para su familia.

Esta semana el sociólogo, Luis Pedro España, explicó que “los mecanismos de distribución casa por casa buscan ser más focalizados y llegar a más sitios, pero las ventas al detal son complicadas”.

El Gobierno articuló una red de distribución de alimentos a través de Abastos Bicentenarios, Mercal y Pdval, pero el sistema enfrenta problemas.

En el caso de Mercal, 68 % de los locales no estaban operativos al cierre del pasado año y este año las fallas han seguido. En Caracas el acceso es condicionado, las familias pueden ir cuando el consejo comunal decida, y en el interior del país varios puntos están cerrados. Situación similar enfrentan los Abastos Bicentenarios, algunos supermercados están inactivos.

Las limitaciones se imponen cuando más personas buscan productos subsidiados, porque la plata no les rinde. A 87 % de los venezolanos los ingresos les resultan insuficientes para adquirir alimentos, reveló que Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de 2015 que elaboraron la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y Universidad Simón Bolívar (USB).

Los criterios del poder popular 

Las restricciones en el acceso a las bolsas de comida que hay en Catia y La Vega la padecen los residentes de Coche y El Valle. Muchas familias todavía no han visto la primera bolsita. 

En Coche, los vecinos pagaron 60 bolívares por las planillas, que es el primer paso para tener las bolsas. No obstante, los requisitos asustaron a más de uno.

“¿Y todo esto me piden por una bolsa de comida? Ni siquiera cuando pedí el crédito en el banco para comprar la casa. En la planilla piden datos hasta de las mascotas y si tenemos roedores o moscas. A mucha gente le pareció que eso era un estudio socioeconómico”, dijo uno de los vecinos que pidió resguardar su identidad.

Los promotores de la actividad les informaron que al saber las condiciones de las familias se pueden asignar las bolsas. Lo cierto del caso es que eso generó dudas y suspicacias entre los residentes de las veredas, quienes no tenían conocimiento del proceso porque no hubo asambleas comunales.

A más de un mes de haberse distribuido las planillas, no se ha entregado la primera bolsa.

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En El Valle cada consejo comunal da una información diferente. En algunas partes les dicen a los vecinos que tienen que completar un formato —de hecho hubo algunos que lo hicieron y a las semanas adquirieron las bolsas—, pero eso fue al inicio del sistema de venta, porque ya no han vuelto a comprar.

En otras partes de la parroquia, los consejos comunales les toman los datos a las personas y les prometen que ellos pasarán la información a Mercal y al Ministerio de Alimentación. Los vecinos siguen a la espera.

En Cúa exigieron cancelaciones por adelantado. En la urbanización Virgen del Valle de Cúa, el consejo comunal pidió el número de cédula de identidad al jefe de familia y 1.500 bolívares de adelanto por la bolsa.

En Tacagua Vieja les solicitaron fotocopia de la cédula a los vecinos y con eso les hicieron un carnet, el cual quedó registrado como un código. En esa zona ya dieron la segunda bolsa, pero su contenido es irregular. Es decir, no tiene los productos ofrecidos. “Un paquete de harina, uno de arroz, por ejemplo, así se trate de una familia de ocho personas”, relató un vecino.

Foto: AVN


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