El informe final de la comisión especial de la AN para investigar las muertes ocurridas en esta ciudad, al sur del estado Bolívar, indicó que pudo tratarse de un barrido en las minas para darle paso a la explotación de las trasnacionales.

Tumeremo/Bolívar. A Víctor José Valera Ortuña se lo tragó la tierra. La última vez que lo vieron fue el 8 de abril, cuando salió a trabajar en la mina Los Caballos de Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar. Desde hace un mes no hay ni rastros de él.

Su mamá, Rosa Francia Ortuña, no tiene vida desde que desapareció. Después de la masacre ocurrida el 4 de marzo, en la que murieron 17 mineros, piensa lo peor. Solo llora.

Acompañada por su otro hijo, también minero, entró a un yacimiento que frecuentaba Víctor y donde supuestamente fue visto por un vecino. Ahí los recibieron miembros del sindicato –bandas de presuntos delincuentes- con armas largas, quienes les dijeron que no estaba y que tenían que irse de ahí.

“Yo les supliqué, les pedí que me dijeran si lo habían visto, o algo, que quería saber de él porque estaba desesperada. Pero ellos dijeron que no lo habían visto. Mi hijo no tiene problemas con nadie”, contó echa un mar de lágrimas.

Lee también
Prostitutas de Tumeremo dicen a sus familiares que trabajan como cocineras

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) están al tanto, porque su familia denunció. Sin embargo no les han dado respuesta.

Rosa se trasladó hasta Guasipati, aproximadamente a dos horas de Tumeremo, a notificar lo sucedido. Su nuera, Solimar, comentó que la GNB, el Cicpc y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se organizaron para meterse a varias minas pero no había ni un alma.

Lee también
En Tumeremo no se hace cola porque todo se consigue bachaqueado

“Todo es una corrupción aquí, así se manejan. Esos hombres seguramente le dieron el pitazo y por eso no encontraron a nadie”, detalló.

Mineros-0896

Que en Tumeremo desaparezcan mineros es normal, solo que a veces no tienen unos parientes que los reclamen, como sucedió en la masacre hace dos meses. Los familiares denunciaron en los medios de comunicación y hasta trancaron la carretera Troncal 10, que conecta a Bolívar con Brasil, para exigir que aparecieran los cuerpos, pues sospechaban que ya estaban muertos.

“Esto siempre pasa aquí, no es primera vez que en Tumeremo desaparece gente. Solo que nosotros sí reclamamos a nuestros familiares. Esa vez hubo más de 17 muertos, pero a lo mejor eran extranjeros y nadie habló por ellos”, explicó Lisbeth Guevara, hermana de dos víctimas.

Los relatos Rosa y Lisbeth reflejan el aumento de la violencia en las zonas mineras. Y estos hechos, como los de La Paragua hace 10 años y los de Tumeremo, son consecuencia de los errores de la política del Estado en el sector minero.

Lee también
Ni la masacre detuvo la minería en Tumeremo

El Ejecutivo en este área ha tenido más tropiezos que aciertos. Entre 2003 y 2004 creó cinco planes para combatir la minería ilegal y le prometió a los mineros, a través de la Misión Piar y la reconversión minera, que serían insertados en planes agrícolas e industriales. Sin embargo, la práctica ilegal se mantuvo, aunque no todos podían ingresar a los yacimientos porque las trasnacionales estaban encargadas de la explotación de oro y tenían seguridad que evitaba el acceso.

Mineros-0868

En 2011 el Estado anunció la nacionalización del oro y se modificó la Ley de Explotación del Oro. En ese momento se planteó la creación de empresas mixtas con las compañías extranjeras que estaban en el país, las cuales no aceptaron los términos. En aquel momento se contempló el Arco Minero para aumentar la producción en las áreas manejadas por el sector privado, pero la explotación quedó a cargo de Minerven, empresa estatal que fue intervenida en dos oportunidades por problemas de gestión.

A la par, la seguridad que existía con las transnacionales en los zonas mineras se acabó y la minería ilegal se extendió hasta la conformación de bandas en áreas estratégicas.

Lee también
Abaten al presunto autor de la masacre de Tumeremo, alias “El Topo”

Para 2013 se retomó el Arco Minero con la participación de Pdvsa, que estructuró la Corporación Minera. Las autoridades anunciaron la conformación de bloques, pero los avances fueron pocos hasta que en febrero de 2016 el Gobierno volvió con dicho programa ante la caída de los precios del petróleo que redujo el flujo de ingresos para el fisco nacional.

Mineros00003

El Arco Minero abarca más de 111.800 kilómetros cuadrados (Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro), donde se encuentran aproximadamente 200 millones de toneladas de bauxita y 44.000 toneladas de oro y diamantes.

Las dudas

luego de masacre de Tumeremo, la AN designó una comisión especial, el 8 de marzo, integrada por los diputados Américo de Grazia, Luis Silva, Olivia Lozano, Rachid Yasbek y José Hernández, para realizar la investigación que terminó la semana pasada y en la que relacionan el caso de Tumeremo con la apertura minera.

El informe final reza que “casualmente” los hechos sucedieron luego de que se creara la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), en Gaceta del 10 de Febrero 2016. Y también tras la puesta en marcha del motor minero del Decreto para la certificación de reservas en el llamado Arco Minero del Orinoco, el 24 de febrero de 2016.

Mineros00001

La intención del plan es otorgarle las concesiones de explotación a 150 empresas mineras de 35 países, y en ese marco, fue reincorporada la transnacional aurífera canadiense, Gold Reserve, en las áreas expropiadas por el Gobierno en 2009, como Las Claritas, en el municipio Sifontes. Esta minera le ganó una demanda a la República por 740 millones de dólares.

Los diputados en el informe apuntan que “la empresa para la explotación del oro requiere la desocupación, en su totalidad, de los actuales ocupantes, todos ellos mineros artesanales y trabajadores”.

“Después de esto (anuncios de la conformación de empresas mixtas mineras) pasó la masacre de Tumeremo”, sentenció el informe.

Los vaivenes

Luego de la masacre el 4 de marzo, a las 24 horas el gobernador, Francisco Rangel Gómez, sin pestañear, negó categóricamente la desaparición de los 17 mineros, alegando que la información era “absolutamente falsa” y advirtiendo que el hecho era un show político de los factores de oposición para aterrorizar a la población de Tumeremo.

04c2f27d84de1f47b7d4522309b7136b_XL

A los días dijo que estaban buscando los cuerpos, y dos semanas después la Fiscalía General confirmó el hallazgo de los cadáveres de los mineros.

Para la Asamblea Nacional Rangel Gómez actuó de manera negligente y considera que su actitud hizo que las Fuerzas Armadas incumpliesen con sus obligaciones de brindar colaboración inmediata a los denunciantes.

Los dolientes de los mineros asesinados no confían en las autoridades. Aunque la fiscal, Luisa Ortega Díaz, anunció -el 14 de marzo- que habían concluido la búsqueda y señaló directamente a Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias “El Topo”, de los homicidios, no están conformes.

el topo

“Hay funcionarios que trabajaban con él, esas bandas van a seguir porque aquí se vive de la corrupción y otro será el líder si ya mataron a ese hombre”, dijo Lisbeth.

Este viernes 6 de mayo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, anunció que “El Topo”, fue abatido en un enfrentamiento con el Sebin, en Nuevo Callao. Denunció, además, que tenía vínculos con el diputado Américo De Grazia, quien realizó la denuncia de las desapariciones el 5 de marzo.  El parlamentario, a través de su cuenta en la red social Twitter, indicó que “El Topo” obedeció a una política de Estado para despejar las áreas trasnacionales.

Tras los asesinatos, mineros de Tumeremo denunciaron que fueron desalojados a la fuerza de los yacimientos. Estuvieron casi un mes sin trabajar, hasta que una comisión se trasladó a Caracas y sostuvieron varias reuniones, que les permitieron llegar a un acuerdo verbal para el reingreso.

Skarlyn, vocera de la mina Hoja de Lata I y II, alegó que iniciarán el proceso para dejar de ser señalados como ilegales.

Mineros00006

El informe de la AN sentencia que “la criminalización de la actividad minera a través de los decretos que han sido producto de Leyes Habilitantes colocan a una población de más de 150.000 personas sin garantías ni protección alguna, en situación de cómplices directos o indirectos, voluntarios u obligados, a expensas o al servicio de mafias, grupos armados, guerrilla y paramilitares que operan con total libertad e impunidad”.

Los parlamentarios añaden que “esto induce a señalar que el oro, el diamante y el coltán del subsuelo de nuestro territorio, son extraídos, movilizados y exportados por vías totalmente irregulares ante la pasividad, la negligencia o la complicidad de gran parte de los muy numerosos efectivos de la Fuerza Armada Nacional abrumadoramente presentes en la zona, causando un gravísimo daño al patrimonio de la República”.

Fotos: Cheché Díaz


Participa en la conversación