Profesores y trabajadores, reunidos en asamblea permanente, acordaron mantenerse en la calle hasta no obtener una respuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Anunciaron movilizaciones para el 30 de abril y el 1° de mayo.

Caracas. La paralización simultánea de 23 universidades este miércoles, 22 de abril, evidenció la profundidad de la crisis salarial en el sector universitario. Docentes y trabajadores de otras áreas suspendieron actividades en todo el país para exigir un aumento acorde con la canasta básica, en medio de un conflicto que ha escalado a nivel nacional y que ahora amenaza con intensificarse ante la falta de respuesta del Gobierno.

Desde temprano, el campus de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y otras universidades del país amanecieron con aulas vacías y mínima afluencia estudiantil, reflejo del cese de actividades académicas, que implicó la suspensión de clases, investigación y labores administrativas en el sistema universitario público.

Bajo la consigna de salarios justos, el sector universitario paralizó sus funciones para exigir nuevamente mejoras salariales al Ejecutivo.

23 universidades acataron el llamado a paro nacional para exigir mejores sueldos
Docentes insistieron en que se mantendran en protesta. Foto Cronica.Uno

Paralización y exigencias al Ejecutivo

Este 22 de abril, profesores y trabajadores reunidos en asamblea permanente acordaron mantenerse en protesta activa hasta obtener respuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y de la ministra de Educación Superior, Ana María Sanjuán, ante la crisis salarial y el deterioro de las condiciones de vida, al mermar la capacidad real de compra frente a la inflación, y la dificultad para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y vivienda.

Las demandas se concentraron en tres puntos principales: un aumento de sueldo que permita una vida digna para trabajadores y jubilados; el respeto a las prestaciones sociales, beneficios laborales acumulados a lo largo del tiempo como vacaciones, utilidades y liquidaciones; y la derogación del instructivo Onapre 2792, normativa administrativa que ha reducido diferencias salariales entre cargos y modificado la estructura de pagos en el sector público, afectando la negociación colectiva.

En Caracas, los educadores denunciaron la eliminación progresiva de beneficios contemplados en los contratos colectivos, acuerdos laborales que regulan condiciones de trabajo entre empleadores y trabajadores.

En otras regiones, los gremios desafiaron presiones institucionales para sumarse al paro nacional de 24 horas, modalidad de protesta que implica la suspensión total de actividades académicas durante una jornada completa.

Las aulas cedieron sus espacios a las asambleas permanentes.

Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores (Sinatra), informó que la paralización alcanzó 100 % en la UCV, mientras que en las universidades autónomas del país el acatamiento superó el 95 %.

“Según los reportes, en las instituciones que dependen del Ejecutivo, como las universidades politécnicas, la paralización oscila entre el 60 % y el 70 %, a pesar de las denuncias de amedrentamiento por parte de algunas autoridades para forzar el retorno a las labores”,

indicó Sánchez.

Alcance regional

La protesta se extendió a estados como Guayana, Mérida, Táchira, Zulia, Carabobo y Falcón, donde el cese de actividades fue total. En Aragua, trabajadores, obreros y profesores también se sumaron al paro nacional, en el que se reiteraron exigencias de aumento salarial, derogación del instructivo Onapre y pago de deudas laborales pendientes, como uniformes.

«Exigimos que las nóminas sean devueltas a las universidades. Un bono no es salario”, reiteró Rogelio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores.

En la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), en Maracay, el personal también paralizó actividades desde tempranas horas.

Su presidente gremial, Niuman Páez, sostuvo que el Ejecutivo cuenta con recursos suficientes para ajustar los salarios, en alusión a los ingresos petroleros y fiscales como principales fuentes del presupuesto nacional.

“Si se dejan de lado las prácticas corruptas, con los ingresos petroleros y fiscales se le puede dar un ajuste salarial a la familia universitaria. Solicitamos lo que está en la Constitución nacional”.

En el transcurso de la jornada, los gremialistas anunciaron que la hoja de ruta de los sindicatos incluye una movilización hacia la calle el próximo 30 de abril, como antesala al Día del Trabajador.

“El objetivo es evitar confrontaciones con las marchas oficiales del 1° de mayo. Pero con la firme determinación de exigir respuestas al Ejecutivo”, señaló Eduardo Sánchez.

Cuatro años de sueldos congelados

El conflicto se enmarca en una crisis prolongada del sector educativo, agravada por cuatro años sin aumento del salario mínimo, congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022. Esta cifra equivale actualmente a menos de medio dólar mensual, lo que ha llevado a la dependencia de bonificaciones estatales, pagos adicionales otorgados por el Estado, sin incidencia en prestaciones sociales ni beneficios laborales.

José Gregorio Afonso, presidente de la asociación de profesores Apucv, advirtió que la agenda de manifestaciones que logró movilizar a 23 universidades autónomas y experimentales este 22 de abril podría escalar hacia el 1° de mayo. Esto en caso de que el aumento de sueldo anunciado por la presidenta encargada, con motivo del Día del Trabajador, no cumpla las expectativas.

“Nos vamos a movilizar el primero de mayo. Los espacios de movilización y de actuación en las diferentes instancias de coordinación se están discutiendo y llegaremos a acuerdos para cada una de las acciones”

informó Afonso

A esta jornada de lucha se sumó el sector salud. Mauro Zambrano, representante de la red sindical, informó que, tras una asamblea en el Hospital Universitario de Caracas, los trabajadores sanitarios decidieron respaldar la acción de los académicos.

Los voceros insistieron en que el país requiere un cambio de rumbo en el que el bienestar y la vida digna sean prioridad. Ante la falta de respuestas, el sector universitario sostiene que el ciclo de promesas ha terminado. Por eso, ahora exigen medidas concretas frente al deterioro de sus condiciones laborales.

Con información de Glenn Requena.

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