Muere un PNB en Palo Verde a manos de tres funcionarios de la Guardia Nacional

Su compañero resultó herido y se encuentra en el hospital Domingo Luciani. Los guardias fueron detenidos por el Cicpc, quienes lo trasladaron a su sede principal en la avenida Urdaneta.

Caracas. Remy Bellorin Aguirre, de 30 años, fue impactado de un disparo en una de sus arterias de la pierna izquierda. Desde hace cinco años trabajaba en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y, en el presente, se desempeñaba como oficial en Jefe. Su oficina se encontraba en una de las sedes de este cuerpo de seguridad en El Llanito, municipio Sucre. Fue cercano a este lugar, el pasado sábado 15 de diciembre, a las 10:00 p. m., los vecinos escucharon a una señora pidiendo auxilio porque le habían chocado el carro y el responsable se había fugado. Es entonces cuando empieza la persecución.

Bellorín, junto con otro funcionario, tomaron una moto y siguieron a la persona que iba en un Toyota Fortuner de color negro. Al llegar a la avenida principal de Palo Verde, se tropezaron con una alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Los tres efectivos castrenses que se encontraban en el sitio empezaron a disparar. “Yo me imagino que ellos pensaron que eran unos malandros. De todas formas, no pueden reaccionar así“, asevera el padre de la víctima, Remigio Bellorín.

El policía murió desangrado. Mientras que su compañero resultó herido y se encuentra en el hospital Domingo Luciani. Los GNB fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes lo trasladaron a su sede principal en la avenida Urdaneta.

Bellorin Aguirre vivía en el barrio El Limón, estado Vargas. Deja a dos hijos menores de edad. Su pareja también es funcionaria de la PNB y trabaja en la cárcel de El Helicoide desde hace seis años, mismo tiempo que tenían en la relación. Una investigación realizada por el abogado e investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Keymer Ávila, reveló que durante el año pasado 73 % de los oficiales fallecidos no estaban en ejercicio de sus funciones; 67,9 % no estaban uniformados y 51,8 % no se encontraban identificados como policías. En los casos en los que hubo relación de conflicto (72,8 %) entre la víctima y el victimario no se vinculó con el ejercicio policial.