Rubén González es el sexto sindicalista juzgado por un tribunal militar desde 2012

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Representantes sindicales, de organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos denunciaron la complicidad del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal Supremo de Justicia en lo que consideran una militarización de la persecución política contra dirigentes sociales, políticos y sindicales.

Caracas. Un grupo de sindicalistas, representantes de organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos protestó este jueves 15 de agosto frente a la sede del Ministerio Público (MP), en el centro de Caracas. Los manifestantes rechazaron la sentencia del Tribunal Militar de Monagas del 13 de agosto que condena al dirigente sindical, Rubén González, a 5 años y nueve 9 meses de prisión.

Marino Alvarado, en representación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), informó que desde el 2012 seis dirigentes sindicales han sido juzgados por tribunales militares, lo que es violatorio de la Constitución Nacional.

Alvarado también denunció la complicidad del MP, de la Defensoría del Pueblo (DP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el caso de González y en lo que calificó como un proceso de “militarización de la persecución política en contra de dirigentes sociales, políticos y sindicales”.

En 2014, explicó el representante de Provea, el Tribunal 24 del Área Metropolitana de Caracas le dio libertad plena a Rubén González. En su opinión, esta nueva condena es una muestra de la acción del gobierno de Nicolás Maduro en contra de las libertades en Venezuela.

“Este Gobierno ha venido criminalizando la protesta. En 2017, producto de las manifestaciones de ese año, más de 100 personas fueron juzgadas por tribunales militares”, acotó Alvarado.

«Condenado por defender la democracia»

Dick Guanique, secretario del Frente Autónomo en Defensa del Empleo y el Salario (Fadess) y miembro ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), dijo que González había sido condenado “por defender la democracia venezolana y exigir que los derechos fundamentales sean respetados”.

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Guanique aseguró que tanto en el caso de González como en los de todos los sindicalistas juzgados por defender los derechos de los trabajadores se viola el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege el libre ejercicio de la acción sindical.

“Hoy reclamamos al Ministerio Público por qué no intervino en el proceso de juicio contra Rubén González, por qué se arrodilló ante la justicia militar, por qué no atienden los reclamos de los trabajadores. Rubén es un dirigente sindical civil, la justicia militar no tiene por qué intervenir”.

Un nuevo llamado a Bachelet

Marlene Sifontes, del sindicato de Inparques, dijo que quienes ostentan el poder en Venezuela se han convertido en los verdugos de la clase obrera. “Todos los trabajadores deben movilizarse en contra de esta sentencia”, afirmó.

Sifontes hizo un llamado a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que vea lo que está ocurriendo con González. “Seguiremos exigiendo a la comunidad internacional que preste atención a lo que está ocurriendo en Venezuela”.

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Jesús Serrano, del sindicato de la Cancillería, aseguró que lo que sucede con González es un modo de amedrentar al movimiento sindical que protesta y defiende los derechos de los trabajadores.

“Vamos a seguir protestando a pesar de los acto administrativos que nos han abierto por defender nuestros derechos laborales”, afirmó.

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La acción de protesta estuvo respaldada por representantes del sindicato de la Cancillería y de Inparques, del Laboratorio Ciudadano, de la Plataforma contra el Arco Minero, del Frente en Defensa del Norte de Caracas, de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, del Fadess, de la CTV y de Provea.

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Informaron que organizarán una gran jornada nacional en la que todas las organizaciones sindicales y de Derechos Humanos se pronuncien en contra del caso del sindicalista y de todo este proceso de militarización de la persecución política.


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