El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa admitió a trámite la demanda de nulidad que los representantes de la planta televisiva interpusieron el pasado 21 de marzo contra la resolución del organismo gubernamental. Sin embargo, las posibilidades de obtener una respuesta positiva lucen nulas, al menos si se revisan casos anteriores.
Caracas. ¡Hasta el 2021! La otrora consigna del chavismo es ahora el tiempo que Venevisión podrá seguir emitiendo en señal abierta, luego de que a finales del año pasado el Gobierno decidiera renovarle la concesión para seguir operando, pero solo por tres años.
La duración de esta prórroga no agradó en la planta de La Colina, donde solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anularla y el organismo ha decidido revisar la petición.
Así consta en el auto 117 del pasado 23 de mayo, en el cual el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa decidió admitir a trámite la demanda de nulidad que los abogados del canal 4 interpusieron el 21 de marzo del presente año contra la resolución GST-RS-00520 emanada del Ministerio de Comunicación e Información y notificada a la estación en octubre de 2018. En dicha resolución ministerial se le anunció a la televisora la extensión de la “habilitación administrativa de radiodifusión sonora y televisión abierta N° HRCF-05001 y la concesión de radiodifusión N° CRDF-05370, con su respectivo contrato de concesión”.
El lapso de la renovación sentó mal en la planta propiedad del grupo Cisneros, por cuanto lo consideran excesivamente corto para recuperar las inversiones que deberán realizar para mantener la operación, en especial en medio de la actual crisis económica que azota al país a consecuencia de la hiperinflación y de la parálisis industrial.
Pese a que el Gobierno ha venido prorrogando a Venevisión y a Televen los permisos para operar, lo que no hizo en mayo de 2007 con Radio Caracas Televisión (RCTV), los lapsos de duración se han venido achicando. En mayo de 2007 el canal 4 recibió una extensión de su licencia por cinco años, la cual fue renovada a su vencimiento por el mismo tiempo, pero ahora se redujo en 40%
El Ejecutivo aprovechó la amplia discrecionalidad que le otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2011 para tomar su decisión. La norma establece: “La duración de las habilitaciones administrativas no podrá exceder de 15 años; pudiendo ser renovada por iguales períodos siempre que su titular haya cumplido con las disposiciones previstas en esta Ley, en sus reglamentos, en las condiciones generales establecidas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y en la habilitación respectiva”.
Éxito incierto
Las posibilidades de que la demanda sobre la concesión a Venevisión prospere son escasas. Por un lado, en general el Gobierno tiene las de ganar en el TSJ, debido a una cuarta parte de sus actuales integrantes han militado en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) u ocupado cargos en el Ejecutivo; y ello se ha traducido en cifras como las siguientes: desde 2004 hasta 2013 las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral dictaron 45.474 sentencias y ninguna de ellas fue contra los intereses del chavismo, según un estudio publicado en 2014 por la organización Un Estado de Derecho.
Asimismo casos como el de RCTV, en el que se desestimaron todas las demandas que el canal interpuso en su momento contra las decisiones de las autoridades de no renovarle su concesión para emitir en señal abierta, de arrebatarle sus transmisores y, de paso, impedirle salir por televisión por suscripción, tampoco dan motivos para ser optimistas.
Pero además ya en 2011 la propia Sala Político Administrativa desechó una demanda similar que Venevisión interpuso contra Conatel por haberle renovado en 2007 la concesión solo por cinco años y no por 25 como venía ocurriendo desde que comenzó a operar en 1961.
Las sucesivas reformas realizadas por el chavismo al marco que regula las telecomunicaciones han creado un clima que fomenta la censura y al autocensura, según han denunciado organizaciones como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), las cuales han acusado a las autoridades de ir contracorriente de lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos.
No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”, reza el numeral 3 del artículo 13 del llamado Pacto de San José.
El reciente anuncio de Nicolás Maduro de crear la Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y Servicios Postales no hace más que acrecentar las sospechas de que las intenciones del Ejecutivo son silenciar toda voz disidente.
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