El Gobierno fijó el “ingreso mínimo integral” en $240 y elevó las pensiones a $70 mensuales, en un esquema basado en bonos que consolida el modelo impuesto desde 2022 que reemplaza de facto al salario mínimo. Delcy Rodríguez afirmó que es el mayor aumento reciente, aunque insuficiente, sin detallar su estructura.
Caracas. A partir de este 1° de mayo, el “ingreso mínimo integral” en Venezuela se ubicará en $240, un ajuste anunciado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, que vuelve a poner en el centro del debate el esquema de remuneración basado en bonos.
El incremento también alcanza a las pensiones, que pasarán a $70 mensuales, en un modelo que sigue desplazando la figura legal y tradicional del salario mínimo como referencia central de ingresos.
Con el concepto de “ingreso mínimo integral” el Gobierno se refierre a una forma de remuneración que combina salario base y bonos estatales, especialmente de alimentación y compensación económica, sin una desagregación pública detallada en este anuncio oficial.
Esta referencia no está establecida como categoría en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), donde la figura vigente es el salario mínimo como referencia legal obligatoria de remuneración. El “ingreso mínimo integral” ha funcionado de facto desde 2022 como mecanismo administrativo que suma bonos y asignaciones no salariales al ingreso mensual.
El uso extendido de este fórmula paralela se consolidó en un contexto de alta inflación y pérdida sostenida del poder adquisitivo del salario mínimo, lo que llevó a priorizar transferencias en bonos a través de plataformas estatales como mecanismo de ajuste indirecto de ingresos.
Salario relegado
Con esta decisión, el gobierno engarcardo de Delcy Rodríguez, quien administra el Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro parte de fuerzas militares estadounidenses, vuelve a relegar la figura del salario mínimo, establecida en la legislación laboral y la Constitución, y refuerza el sistema de bonos de alimentación y “guerra económica”, aplicado como complemento del ingreso desde 2023.
“El ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240, debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel”, resaltó en una confusa alocución tras una marcha convocada en Caracas.
En el caso de las pensiones, Rodríguez precisó ante un grupo de seguidores del chavismo concentrados en el oeste de Caracas, que el aumento sería de 40%, aunque reconoció que el monto sigue siendo insuficiente.
En el anuncio Rodríguez no detalló la base de cálculo del incremento ni la composición exacta del “ingreso mínimo integral”, lo que impide conocer con precisión cómo se estructura el monto total anunciado.
“Nos falta mucho para mejorar el ingreso de los pensionados, por eso pedí un plan especial de atención para nuestros abuelos y nuestras abuelas, a partir de este momento quedan conformadas las brigadas de atención integral de los abuelos y abuelas”, reveló.
Durante su intervención en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, la funcionaria también evitó explicar cómo se distribuyen los bonos que integran el nuevo ingreso mínimo integral.
Bono especial y acuerdo
Rodríguez también anunció un “bono de reconocimiento profesional y académico” para sectores estratégicos del país, de carácter retroactivo desde el 30 de abril, sin precisar su monto.
Estos bonos forman parte de una modalidad de compensaciones no salariales que complementa el ingreso mensual, pero no se incorpora al salario base ni incide directamente en prestaciones laborales bajo el esquema tradicional.
Además, informó un acuerdo entre empleadores y sindicatos , oficialistas y opositores para respetar el “ingreso mínimo integral” dentro de una mesa de consensos laborales.
“Exhorto a las empresas privadas a aplicar el incremento aprobado este 30 de abril, a todos aquellos trabajadores que ganen el equivalente a $ 240 mensuales”,
dijo.
Antes de finalizar, ordenó a los ministerios del Trabajo y de Economía y Finanzas reactivar las inspectorías laborales, encargadas de supervisar el cumplimiento de la normativa laboral en el sector productivo.
Asimismo, pidió formalizar a los trabajadores y advirtió sobre el aumento de la informalidad laboral en los últimos años, fenómeno asociado a la ausencia de contratos y protección social plena.
Desde 2018, distintos gremios y organizaciones laborales han denunciado la pérdida del salario mínimo como referencia real de negociación, al señalar que su rezago frente a la inflación impulsó la expansión de un sistema paralelo de bonos sin incidencia plena en beneficios laborales.
Entre sus principales exigencias figuran la restitución del salario mínimo como eje central de la remuneración, la incorporación de bonos al cálculo de prestaciones sociales y la reactivación efectiva de la negociación colectiva como mecanismo de ajuste salarial.
Relaciones con EEUU
En otros temas, Rodríguez aseguró que la producción petrolera alcanzó 1.200.000 barriles diarios y atribuyó el resultado a los trabajadores del sector hidrocarburos.
“A pesar del bloqueo marítimo de diciembre y enero de este año, los trabajadores del sector hidrocarburos están comprometidos con la industria. También les quiero anunciar que con ese compromiso y las nuevas condiciones que ofrece la Ley de Hidrocarburos, para final de año estaremos informando el incremento de nuestra producción petrolera a 1.400.000 barriles”,
detalló.
La producción petrolera constituye el principal soporte de la economía venezolana, al concentrar la mayor parte de los ingresos en divisas del país.
La funcionaria encargada destacó el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la llegada de un vuelo directo de American Airlines desde Miami tras siete años de suspensión.
“En el marco del respeto, de la diplomacia de paz, hoy aterrizó en Maiquetía un vuelo directo proveniente de los Estados Unidos luego de muchos años”, señaló.
De esta manera, el paquete de medidas anunciado consolida un modelo de remuneración híbrido basado en salario mínimo formal reducido y complementos no salariales, que opera de facto desde inicios de la década de 2020 como respuesta a la pérdida del poder adquisitivo del salario.
La estructura del ingreso continúa sin una desagregación pública detallada, mientras persisten demandas gremiales por la restitución del salario mínimo como referencia central de la política laboral y por la incorporación de los bonos al sistema de prestaciones sociales. Por lo que el conflicto laboral de más de ocho años parece estar lejos de solucionarse.