En el sector Granjerías La Trinidad en Baruta, maquinaria pesada opera de día y de noche para remover toneladas de tierra y talar árboles como parte de un proyecto para la construcción de circuitos de motocross y corrales de un deporte ecuestre. Residentes y ambientalistas denuncian que la intervención en el área infringe los decretos de protección ambiental vigentes desde 1981.
Caracas. Una severa devastación ambiental avanza sin tregua en la parte alta de la urbanización Granjerías La Trinidad, municipio Baruta. Residentes de la zona y ambientalistas denuncian que las labores de construcción de un circuito de motocross y corrales de penning destruyen árboles y ocasionan movimientos de tierra en la parcela tres, ubicada dentro de la zona protectora Cerro El Volcán, uno de los reservorios vegetales más importantes de la ciudad.
Vecinos señalan que los trabajos de construcción provocaron el cierre de accesos y entradas por donde antes circulaban los habitantes y senderistas. Testimonios recopilados por Crónica Uno indican que las labores civiles, intensificadas desde mayo pasado, se expandieron sin control hacia los linderos de propiedades vecinas, lo cual provocó molestia en la comunidad.
Aunque los ciudadanos expusieron y denunciaron ante distintas instancias el daño que causa esta obra, los afectados todavía no reciben respuestas. La remoción de tierra, la tala de árboles y la modificación de los suelos continúan y amenazan el equilibrio ecológico del pico más alto del municipio Baruta.
Ante el daño ambiental y el incumplimiento de las normativas que regulan el uso de espacios protegidos como el Cerro El Volcán, los habitantes solicitan a las autoridades una intervención inmediata. La comunidad exige detener los trabajos y garantizar la preservación de este patrimonio natural que es a la vez un regulador climático.
En la parte alta de la urbanización Granjerías el sonido de la maquinaria pesada no cesa ni de noche ni de día debido al uso de jumbos y retroexcavadoras. En medio del paisaje boscoso, grandes camiones retiran toneladas de tierra y talan decenas de árboles, en su mayoría pinos.
Las labores de remoción comenzaron en junio de 2025 y se paralizaron a principios de enero de este año. Sin embargo, el lunes, 25 de mayo, los operadores que ejecutan los trabajos volvieron a ocupar los terrenos. Esta vez las obras se reanudaron con mayor fuerza.
Luis*, un habitante del sector quien prefirió mantener su nombre en anonimato por medidas de seguridad, contó a Crónica Uno que los trabajos dentro de la montaña incluyen camiones y excavadoras que erosionan el suelo. Esto genera deforestación y degradación de estas áreas amparadas en la legislación como zona protectora por su importancia ecológica para el medio ambiente.
Carreras de motos y caballos en una montaña
Una zona protectora (ZP), estipulada en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983), es un espacio concebido para la protección de la vegetación, suelos, aguas y ambientes culturales y naturales.
Eso significa que dentro de sus áreas se prohíben actividades que podrían causar su degradación o destrucción. Las ZP son importantes porque regulan los ciclos hidrológicos y del clima, y también para el hábitat de la fauna silvestre.
Luis señaló que al principio, los trabajos abarcaban solo la construcción de un mini circuito de motocross, una modalidad de competición de motociclismo todoterreno que se realiza en pistas cerradas con saltos, curvas y terrenos irregulares.
Sin embargo, en poco tiempo, la intervención sobre los terrenos de la montaña se expandió con la instalación de unos corrales para la práctica del team penning, una disciplina ecuestre originada en Estados Unidos que consiste en domar caballos y dirigir rebaños de reses en un tiempo controlado.
La construcción de estas pistas de motocross y corrales de penning vulnera el marco legal que resguarda el Cerro El Volcán y que regula sus usos permitidos. En primer lugar, el proyecto infringe los artículos 24, 25 y 26 fijados en la Resolución N° 235 de la Gaceta Oficial N° 2.754.
Esta normativa prohíbe cualquier desmonte de vegetación, movimiento de tierra o remoción de suelos y ordena el estímulo de la plantación de árboles, la protección de la fauna silvestre y la preservación de la belleza escénica.
El proyecto también violenta los artículos 13 y 14 de la unidad I del reglamento de la zona protectora del Cerro El Volcán, que autoriza únicamente las actividades recreacionales pasivas, educativas o de investigación científica siempre y cuando no requieran la construcción de instalaciones.
Vecinos bajo la sombra del temor
Mario*, otro residente de la zona, contó que, aunque el ingeniero Luis Fernando López Tarre aparece como la cara visible del proyecto y manifestó desde el principio ser el propietario, los verdaderos compradores y ejecutores del ecocidio son los integrantes del Team Furia, una empresa que, de acuerdo con su página web, se encarga de gestionar inversiones en deportes.
“El vecindario siente mucho temor hacia estas personas y por eso evitan denunciar públicamente la situación. Son gente con poder e influencia”.
Previo a estos trabajos, este mismo equipo realizó competencias de bicicletas en la ZP, justo al lado del puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el cerro, lo que presuntamente causó un impacto negativo en el medio ambiente.
Aunque las denuncias han tomado más fuerza este año, la lucha de los vecinos por proteger el Cerro El Volcán es de vieja data. En mayo de 2018, los residentes de la zona ya habían consignado un documento ante el Ministerio de Ecosocialismo (Minec), para denunciar las incipientes prácticas de motocross dentro de la montaña. Pero no obtuvieron respuesta.
También acudieron a la Alcaldía del Municipio Baruta cuando comenzaron los primeros movimientos de tierra para la construcción de los circuitos. Mario explicó que en la primera visita las autoridades municipales prometieron una investigación, pero en los encuentros posteriores evadieron el caso.
Ante las quejas en redes sociales de las comunidades de senderismo y de la asociación de vecinos, una coronela que comanda un destacamento de la Guardia Nacional envió una comisión al lugar.
“Luego de una inspección no hubo resultados y, ante la insistencia de los vecinos, la oficial alegó que el ecocidio contaba con permisos. Pero eso es mentira porque la ley no admite esas concesiones”.
Para averiguar más sobre el proyecto y el estatus de estas denuncias, el equipo de Crónica Uno intentó contactar con la alcaldía de Baruta, pero no hubo respuesta al cierre de esta publicación.
Alertas científicas sin respuesta
Ante las múltiples denuncias, biólogos y ambientalistas también se pronunciaron. Un informe emitido por la Universidad Simón Bolívar en el año 2017 ya alertaba sobre los problemas ocasionados por la práctica de motocross dentro del área.
En el documento, la institución advertía que la práctica del ciclismo de montaña y la recurrencia de motocross sin control propiciaba el deterioro del paisaje y afectaba los ciclos naturales de cada una de las especies propias del sector.
Recientemente, el 27 de mayo pasado, la organización ambientalista La Tierra se Calienta emitió un pronunciamiento en el que recordó que este espacio natural cuenta con un decreto de protección como área verde desde el año 1980 por parte del Ministerio para el Ecosocialismo, y su resguardo corresponde a la Guardia Nacional Bolivariana.
La institución destacó en el documento que el Cerro El Volcán alberga uno de los últimos bosques nublados de la ciudad y advirtió sobre los riesgos ambientales que genera la apertura de rutas y la ejecución de obras sin planificación en la zona. Entre las consecuencias de estas actividades, la ONG mencionó la desertización, la erosión de los suelos y la pérdida de los nutrientes y minerales naturales de la tierra.
Los afectados también tramitaron denuncias recientes ante el Ministerio de Justicia y a través de la línea telefónica 0800-Hábitat para alertar al Minec. A pesar de que un inspector de este organismo programó una visita al sitio en los días próximos, Mario se muestra escéptico debido al estatus de poder de los constructores, quienes suelen silenciar y poner freno a las denuncias.
Por este motivo, la comunidad busca difundir la situación en la opinión pública y hacer viral el caso como alternativa para frenar el abuso y detener la destrucción de la montaña.
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