Aunque se llevó para la casa las 274 recomendaciones que le hicieron en el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, el Gobierno se comprometió a realizar 24 acciones de manera voluntaria, la mayoría de las cuales son muy vagas e imprecisas.
Caracas. Pese a que de entrada no aceptó ninguna de las 274 recomendaciones que la semana pasada le formularon los 103 países que participaron en el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU), el Gobierno decidió asumir algunos compromisos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en particular en materia de alimentación.
Las autoridades aseguraron a la instancia con sede en Ginebra, Suiza, que en los próximos meses y años intensificarán “las acciones en materia alimentaria, facilitando el acceso a los rubros de primera necesidad a toda la población” y para ello fortalecerán “las redes públicas de distribución de alimentos” y continuarán con “la planificación agrícola”.
La promesa figura en el documento con 24 compromisos voluntarios que las autoridades asumieron y que el pasado viernes anunció el embajador de Venezuela ante el Consejo, Jorge Valero, quien afirmó: “Los Derechos Humanos son el alfa y el omega de nuestra revolución (…) les aseguro que Venezuela acogerá la inmensa mayoría de sus recomendaciones, muchas de ellas ya están siendo implementadas. Nuestro Gobierno asumirá, al menos, 24 compromisos voluntarios que serán agregados en el addendum durante la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2017”.
La escasez de alimentos y medicinas fue un tema recurrente durante la evaluación a Venezuela, donde 14 países expresaron, de una manera u otra, su preocupación por la situación y algunos llamaron al Ejecutivo a tomar medidas para así evitar una hambruna.
Sin embargo, solo en el caso de la comida fue que las autoridades asumieron algún compromiso. De los fármacos no hicieron una sola mención.
Durante la exposición, la ministra de Salud, Luisana Melo, reconoció que en los últimos meses algunos medicamentos no han estado disponibles, pero le restó gravedad al asunto al calificar la situación como “fallas puntuales” y al aseverar que su despacho entrega 250 medicamentos de alto costo a 700.000 personas.
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Las autoridades también tomaron nota de las reiteradas preocupaciones por los altos índices delictivos y por los abusos cometidos por policías y militares, razón por la que declararon que podrán en funcionamiento “un órgano especializado para la atención a las víctimas de la violencia” y que profundizarán “las políticas de formación integral en Derechos Humanos dirigidas a los funcionarios policiales y los integrantes de la Fuerza Armada Nacional”.
No obstante, de ponerle fin a las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), no dijeron nada.
Otra promesa que formularon fue la de “continuar con la realización de concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial y al Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en la Constitución”. Con todo, no fijaron fecha de arranque ni de fin a este compromiso.
Hasta ahora, solamente el Ministerio Público ha organizado algunos concursos para adjudicar los cargos de fiscales, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia no ha celebrado uno solo desde 2006, pese a que en 2009 el entonces director de la Escuela de la Magistratura, Arcadio Delgado Rosales, anunció que los reanudaría en 2010.
Como en 2011, las sospechas de que el Poder Judicial no es independiente del Gobierno fue otro de los asuntos más señalados. Una veintena de representantes de países expresaron su preocupación por las repercusiones que esto trae para el disfrute de los derechos de los ciudadanos.
La delegación que encabezó la canciller Delcy Rodríguez también garantizó que se fortalecerá “la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y demás órganos del sistema de las Naciones Unidas, incrementando las iniciativas de Venezuela en todos estos espacios”. Empero, no expresó si permitirá que los relatores y además funcionarios de esos órganos puedan visitar el país para verificar sobre el terreno la situación, tal y como se lo reclamaron decenas de estados.
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Horas antes de que las autoridades difundieran estos compromisos, Rolando Gómes, vocero del Consejo y del Alto Comisionado para los DD HH de Naciones Unidas, atendió a un grupo de periodistas venezolanos que viajaron a Ginebra a presenciar el EPU y les explicó que este proceso lo que persigue es ofrecer a cada estado medidas para mejorar las condiciones de su país, pero que la implementación depende de las autoridades y de su sociedad.
“Esto es un proceso que está en manos de los Estados y que está en manos de los Estados cumplir las promesas que asumen voluntariamente. No hay un mecanismo para forzarlos (…) Es responsabilidad del Estado, cualquiera que sea, Venezuela en este caso pero todos los 193 estados han estado sometidos al EPU y es su responsabilidad implementar las promesas que ellos hacen en materia de Derechos Humanos para la mejor calidad de vida de sus ciudadanos”, sostuvo, al tiempo que agregó: “Es por eso que es tan importante la labor de los periodistas y de la sociedad civil. Esa labor es crucial para que el Estado sienta sobre sí una presión de llevar a la realidad esas promesas”.
Aunque evitó referirse puntualmente al caso venezolano, Gómes dejó en claro que “los signos de una sociedad civil saludable son la libertad de prensa, la libertad de asociación y protesta en las calles, donde la gente pueda salir y hablar libremente, manifestarse libremente”.
Foto referencial: Cristian Hernández
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