Las autoridades del gobierno de Delcy Rodríguez guardan silencio sobre las peticiones de los presos políticos en protesta dentro del Centro Nacional de Procesados Militares, como la investigación de las irregularidades de sus procesos judiciales.

Caracas. Se cumplieron ocho días desde que 36 militares iniciaron una huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), en Ramo Verde, estado Miranda, mientras su salud se debilita. 

Sandra Hernández, esposa del sargento de tercera Luis Bandres, uno de los privados de libertad en protesta, explicó que hasta la tarde de este martes, 17 de noviembre, el servicio médico del centro penitenciario no les había puesto hidratación. 

Al menos 19 militares registraron descompensaciones, explicó a Crónica Uno, quienes tienen condiciones de salud previas como hipertensión o arritmia cardíaca.

Según los familiares los privados de libertad afectados son:

  • Sargento mayor de tercera Geomer Martinez
  • Sargento mayor de tercera Luis Bandres
  • Sargento primero Jorge Rico
  • Sargento primero Luis Milanés
  • Sargento primero Yordanis Camacaro
  • Sargento segundo Wolfang González
  • Sargento segundo Luis Lobo
  • Sargento segundo Catalino Romero Pérez
  • Sargento segundo Asdrúbal Chirinos
  • Sargento segundo Yeicer Montero
  • Sargento primero Alberto Piñango
  • Sargento mayor de tercera Juan Bolívar
  • Sargento segundo Antonio Padrón
  • Primer teniente Yeferson Dos Ramos
  • Sargento segundo Isamel Guerra
  • Sargento primero Víctor Perozo
  • sargento segundo Tony Guevara
  • Sargento primero Andry Vargas
  • Primer teniente Hugo Aparicio.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón publicó en su cuenta de X que los privados de libertad han presentado dolores estomacales, mareos, náuseas, debilidad y desorientación. 

Foto: Cortesía de los familiares

El sábado, 14 de noviembre, el sargento Luis Alfredo Lobo Medina fue trasladado de emergencia al hospital Militar, en vista de que estaba débil. Sandra añadió que el funcionario es hipertenso y sufre de deficiencia respiratoria.

“Hasta esta tarde (martes) están muy débiles y descompensados. Hay algunos de ellos que no se han podido parar”, añadió la mujer, con tono de preocupación.

El lunes pasado los parientes llevaron insumos médicos, así como suero y electrolitos, para los militares, ya que se encuentran preocupados por detenidos, quienes no ingieren alimentos desde hace más de una semana. Desconocen si los custodios entregaron los paquetes.

La protesta

El lunes, 9 de noviembre, 21 sargentos vinculados al caso de la sublevación del comando de la Guardia Nacional Bolivariana, en Cotiza, iniciaron la huelga de hambre para exigir que se investiguen las irregularidades en torno a su proceso judicial, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara repetir el juicio desde cero y, aunque dictó sobreseimiento de los delitos militares por los cuales los sentenciaron, les imputaron un nuevo delito por traición a la patria.

También exigen que los incluyan en el beneficio de la Ley de Amnistía, así como que sus casos se discutan en la mesa de diálogo que se desarrolla entre diputados chavistas y diputados de la Asamblea Nacional del 2015. 

Foto: Cortesía de los familiares

Horas después, en apoyo, se unieron militares de otras causas como Sukhoi, Paramacay, Aurora, Refinería del Palito, 30 de Abril, Operación Gedeón II y de la gobernadora de Monagas. En total son 36 detenidos en huelga, entre ellos dos mujeres.

El 9 de noviembre el abogado de los sargentos de la causa de Cotiza, en compañía de los familiares de los presos políticos, acudió al Palacio de Justicia a introducir un documento en el cual notificaba sobre el inicio de la huelga de hambre y pedía la visita al penal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamcf), de la Defensoría del Pueblo y de la fiscalía 124 nacional con competencia en derechos humanos para constatar el estado de salud de los presos políticos.

Sin embargo, hasta la tarde de este martes no se había presentado ninguna autoridad en la cárcel militar ni se han pronunciado sobre sus peticiones.

Sin visitas ni acceso al agua potable 

El viernes, 13 de noviembre, los familiares informaron que suspendieron la visita a los 235 privados de libertad en la cárcel de Ramo Verde, en represalia por la huelga de hambre. 

Los parientes de los presos políticos también denunciaron que, presuntamente, el general Luis Ojeda, director general del Servicio Penitenciario de la Fuerza Armada Nacional (FANB), ordenó cerrar el portón que da paso a las torres al patio del penal y por lo tanto los militares no tienen acceso a las celdas, los baños ni al agua potable.  

“Responsabilizo al general Ojeda por la integridad física de nuestros familiares y lo que le pueda suceder a ellos, basta de tanta injusticia”,

dijo Milagros Astudillo, esposa del sargento Luis Milanés, a través de un video difundido por organizaciones defensoras de derechos humanos, el 13 de noviembre. 

Organismos internacionales 

El Instituto Casla solicitó a representantes de la Cruz Roja Venezolana, al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo que acudan a la cárcel militar, para evaluar el estado de salud de los detenidos y para constatar que no haya coacciones ni represalias en contra de ellos. 

Mientras que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) instó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncien sobre la protesta de los militares en el centro penitenciario. 

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