Trabajadores de las empresas básicas se sumaron al paro de educadores y personal de salud, en reclamo al incumplimiento del acuerdo de pago de utilidades al que habían llegado con la CVG.
Ciudad Guayana. A propósito de la convocatoria nacional por parte del sector salud, educativo y universitario, trabajadores de las empresas básicas también marcharon en Puerto Ordaz, en reclamo a lo que calificaron como una burla por parte de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) al incumplimir el acuerdo de pago fraccionado de utilidades.
El pasado viernes 13 de noviembre, el primer pago del acuerdo de 1100 dólares debió ser de 400 dólares. Sin embargo, denunciaron que no se respetó el acuerdo de pago lineal, que contempla el mismo monto para trabajadores activos, no requeridos y jubilados y pensionados.
En cambio, se cancelaron 200 dólares a jubilados y pensionados, 300 dólares para trabajadores activos y apenas 75 dólares para el personal no requerido.
César Marcano, coordinador del movimiento Vamos FMO y miembro del Movimiento de Trabajadores de las Universidades y Colegios (MTUC), denunció que las autoridades desconocieron los acuerdos de la mesa de negociación al establecer montos diferenciados para los trabajadores activos, jubilados y no requeridos.
Recordó que el acuerdo alcanzado fue determinante para levantar la vigilia que se mantuvo durante 27 días frente a la sede de la corporación, junto con una huelga de hambre de 17 días.
«Estos montos y esta distribución nunca fueron los planteados en la asamblea de trabajadores», afirmó.
El dirigente cuestionó que se establezcan diferencias entre trabajadores y exigió que se respete lo acordado.
«Nuestra posición es firme y no admite confusiones: el pago debe ser lineal, sin exclusiones ni discriminaciones», sostuvo.

Protesta sector salud y educación
Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg), señaló que la protesta conjunta responde al deterioro de las condiciones de trabajo en los sectores de educación, salud y universidades, así como a la insuficiencia de los ingresos.
Entre las exigencias mencionó la recuperación de las infraestructuras hospitalarias, escuelas y universidades, la asignación de presupuestos justos para las casas de estudios y el establecimiento de salarios dignos para los trabajadores.
Sobre el cálculo de utilidades y bono de fin de año, Brito exigió que se incorporen al salario base de cálculo los bonos de guerra, responsabilidad y alimentación, para que el pago corresponda a los ingresos que reciben los trabajadores.
También hizo referencia a las declaraciones de la ministra de Educación Universitaria, quien habría señalado que un profesor universitario percibía 500 dólares mensuales.
«Bueno, ministra, haga su labor social: un profesor universitario entonces debería ganar 2.000 dólares de utilidades o de bono vacacional», expresó.

Reclaman respeto a los derechos laborales
Por su parte, Aida González, secretaria general del Colegio de Profesores en Bolívar denunció que los docentes recibieron pagos de aguinaldos que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.
«El Ministerio de Educación canceló cuatro meses y cuatro meses son 4.700 bolívares. Esos son los aguinaldos de un docente», señaló González. Agregó que en el caso de algunos educadores del estado los pagos fueron de 3.000 bolívares.
González calificó el monto como insuficiente para cubrir incluso los gastos de alimentación durante las festividades navideñas y cuestionó que los bonos entregados por el Ejecutivo no tengan incidencia salarial.
Igualmente, insistió en la necesidad de condiciones laborales adecuadas y de la discusión de un contrato colectivo que permita recuperar los beneficios de los trabajadores de la educación.
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