52 funcionarios policiales denuncian discriminación por apoyar el revocatorio

El integrante de Provea, Inti Rodríguez, señaló que los casos de despidos y presiones por razones políticas “han ido en ascenso” en el gobierno de Maduro.

Carlos Crespo/@CarlosCrespoR

Caracas. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) ha recibido denuncias de 52 funcionarios policiales por despidos o presiones por firmar la solicitud de un referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro. “El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) es del que hemos recibido mayor cantidad de denuncias y también de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los medios también reseñaron algunos casos de policías del estado Aragua a los que el gobernador (Tareck El Aissami) habría ordenado despedir”, indicó el integrante de esta organización, Inti Rodríguez.

El activista indicó que, hasta este viernes, la ONG recibió 70 denuncias por casos de discriminación política contra empleados públicos, lo que viola el artículo 21 de la Constitución que prohíbe este tipo de prácticas. “Estos eventos han sido alentados por el presidente Maduro, el diputado Diosdado Cabello y otros altos funcionarios. Estas prácticas arreciaron después del pasado 6 de diciembre y han tenido nuevos picos a partir del revocatorio”.

Rodríguez señaló que la ONG está ofreciendo asesoramiento a la gente que denuncia estas prácticas. “Las personas pueden acudir a la Defensoría del Pueblo o a las ONG como Provea para denunciar esto. Quienes están agrupados en sindicatos pueden ejercer los mecanismos establecidos en la legislación nacional, como la Inspectoría o los tribunales contenciosos, también se puede hacer la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violación a las convenciones internacionales que prohíben la discriminación laboral”.

El defensor de los Derechos Fundamentales recordó que las prácticas discriminatorias comenzaron con la convocatoria al anterior referendo revocatorio en 2004 cuando fue creada la llamada «lista tascón». Las denuncias por estos hechos llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que analiza las acusaciones contra el Estado venezolano. “Esos procesos han ido en ascenso durante la era de Nicolás Maduro. Después de las elecciones de 2013 altos funcionarios, como el exministro de Vivienda, Ricardo Molina, iniciaron una cacería de brujas a quienes expresaron su opinión política a través de las redes sociales”.

Más denuncias

Las denuncias por discriminación política han aumentado esta semana. En el estado Zulia jóvenes denunciaron que 896 estudiantes fueron retirados del programa de becas Jesús Enrique Lossada (JEL) de la gobernación por haber firmado la solicitud de la consulta. Maestros de varios estados también denunciaron presiones para que retiraran sus rúbricas o no las ratificaran ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Organizaciones sindicales como Únete, el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, El Salario y el Sindicato (Fadess), Unidad de Acción Sindical y Gremial (Uasg), y otras como Transparencia Internacional también han registrado casos. “La mayoría de las denuncias que tenemos es por despidos, hay otras situaciones de hostigamiento y desmejora de puestos de trabajo y acoso laboral”, indicó Rodríguez.

Agregó que también recibieron denuncias de discriminación en la entrega de las bolsas de comida por parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). “Desde su nacimiento dijimos que los Clap promueven la discriminación, ahora se exprese en casos más concretos”.

Esta denuncia fue ratificada por el dirigente comunitario de la parroquia 23 de Enero, Manuel Mir, quien indicó que en el bloque 57 del sector El Mirador los Clap no daban el beneficio a quienes firmaron para el revocatorio. “Al final tuvieron que darlas por la presión de la gente”, señaló.

Foto: Cheché Díaz


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