Provea determinó, según las víctimas reportadas, cuáles son los agentes responsables de las violaciones de la integridad personal de los venezolanos. En esta oportunidad, el Cicpc encabeza la lista, luego de tres años en que fueron el Ejército, la PNB y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) los que la ONG calificaba de “más torturadores”.
Caracas. Torturas, tratos crueles, heridas por agentes de la fuerza pública, allanamientos ilegales y hostigamiento contra dirigentes sociales y políticos. Con esas violaciones de la integridad personal se desarrolló el año 2019 en Venezuela. La ONG Provea registró 5211 víctimas entre enero y diciembre de ese año en su último informe sobre los derechos humanos.
Las torturas fueron protagonistas en 2019. Al menos 574 personas fueron víctimas de este patrón de violación. Un nuevo récord en la data de Provea que evidencia un aumento de más de 526 % de esta categoría si se compara con 2018, cuando hubo 109 víctimas.
“Hay que tener en cuenta que hay mucho temor a denunciar. Hay censura y hostigamiento contra los medios de comunicación”, manifestó Inti Rodríguez, investigador de Provea, durante la presentación del informe anual. A pesar de esto, la ONG logró registrar que 23 personas fueron asesinadas luego de torturas en centros de detención preventiva (CDP) bajo el control de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), policías regionales y municipales.
De acuerdo con los registros de Provea, la mayoría de los individuos torturados fueron hombres, jóvenes y personas de escasos recursos. Esto representa un patrón histórico que se mantiene para este tipo de delitos. Cerca de 98,60 % (566) de las víctimas individualizadas fueron de género masculino, mientras que 0,87 % (cinco) fueron de género femenino. Del restante 0,52 % (tres) de las víctimas no pudo identificarse el género.
Las lesiones consistieron en golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, peinillazos e insultos. Las víctimas que identificaron tenían entre ocho y 60 años de edad.
Los números son más alarmantes si se compara con el pasado. En el período de gobierno de Nicolás Maduro (2013-2019), Provea registró 34.135 violaciones de la integridad personal. Mientras que entre 1990 y 2012, período que incluye los mandatos de los expresidentes Carlos Andrés Pérez, Ramón José Velásquez, Rafael Caldera y Hugo Chávez, se evidenciaron 19.825 casos de vulnerabilidad.
En 2019, hubo 852 víctimas de tratos crueles. Aunque representa un descenso de 12 % respecto a 2018, Provea denunció que esta violación ocurrió en comisarías o recintos policiales. Los afectados sufrieron golpizas, fueron privados de alimentación, medicamentos, e incluso fallecieron por enfermedades como tuberculosis.
“Tenemos que 1033 personas fueron heridas y lesionadas por agentes de la fuerza pública”, reveló Rodríguez, y aclaró que la mayoría de estos casos se registraron durante las protestas de ciudadanos por servicios públicos, democracia y derechos laborales. Además, destacó los hechos violentos que ocurrieron en la frontera con Colombia en febrero de 2019 cuando se intentó que ingresara la ayuda humanitaria al país.
Quiénes son los responsables
Provea organizó, según las víctimas reportadas, cuáles son los agentes responsables de las violaciones de la integridad personal de los venezolanos. En esta oportunidad, el Cicpc encabeza la lista luego de tres años en que fueron el Ejército, la PNB y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) los que la ONG calificaba de “más torturadores”.
“El Cicpc cerró 2019 con 10 denuncias que lo involucran en la comisión de torturas contra 259 personas. Esta cifra sitúa al organismo como responsable de 45,12 % del total de casos registrados en el período”, escribió Provea en su informe.
Otro dato que resalta la ONG es que en 2019 hubo 1804 allanamientos ilegales en todo el país, situación que, por segundo año consecutivo, estuvo liderada por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) al participar en 90,24 % de los casos en operativos individuales o en conjunto con la Dgcim. En todas las denuncias se repite el patrón de hurtos, destrozos de la propiedad privada e, incluso, ejecuciones extrajudiciales.
Las FAES y la GNB también atacaron zonas residenciales en el ciclo de protestas en los primeros meses de 2019, especialmente durante el apagón nacional de marzo. Por lo menos 156 ataques se perpetraron en los estados Aragua, Lara y Miranda.
El investigador Keymer Ávila sostuvo que uno de cada tres homicidios en Venezuela es responsabilidad de la intervención de las fuerzas de seguridad. Esta conclusión se desprende al analizar la tendencia al incremento de porcentajes de casos, que en 2010 era de 4 %, y en 2019 llegó a 33 %.
“En Venezuela la mayoría de las muertes en manos de la fuerza de seguridad del Estado no son producto de enfrentamientos regulares con grupos delictivos y violentos. Son más el resultado de despliegues, uso arbitrario y excesivo de la fuerza letal por parte de estos organismos”, condenó Ávila.
Para 2020 el escenario no parece mejorar. Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, insistió en que la naturaleza del conflicto está cambiando con el estado de alarma, y ahora la administración de Nicolás Maduro está “usando” la pandemia como una oportunidad para aumentar los mecanismos de control.
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