80 pemones están desaparecidos desde la masacre de Santa Elena de Uairén

La Asamblea Nacional determinó que la acción de militares armados, presuntamente bajo las órdenes del gobernador de Bolívar, dejó 7 muertos, 57 heridos de bala, 62 presos y hasta 120 desplazados a Brasil entre el 20 y el 26 de febrero pasado. Así lo informaron diputados que entrevistaron a los familiares de las víctimas. Comisión especial para la ayuda humanitaria pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar a los presos políticos.

Caracas. 80 indígenas venezolanos de la etnia Pemón desaparecieron entre el 20 y el 26 de febrero de este año, en el marco de una intervención militar armada en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén en el estado Bolívar, para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria desde el vecino Brasil.

Así lo determinó la comisión especial de la Asamblea Nacional (AN) integrada por las comisiones de Política Interior y Pueblos Indígenas y el Bloque Parlamentario del estado Bolívar, que este martes presentó a la plenaria el informe final de su investigación.

Los diputados visitaron ambas poblaciones, conversaron directamente con los familiares de las víctimas e inspeccionaron los lugares donde cayeron los siete muertos y los 62 heridos de bala que dejó la acción armada.

La presidenta de la comisión de Política Interior, Dennys Fernández (AD-Cojedes) señaló que ante la persecución desatada contra los pobladores, entre 90 y 120 pemones venezolanos se desplazaron hacia Brasil y que el cierre de la frontera impide a más de 600 niños acudir a la escuela. “El gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro viola sistemáticamente todos los derechos de los pueblos indígenas”, dijo, en particular los contenidos en los artículos 119 al 126 de la Constitución.

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Por su parte, el diputado Franklyn Duarte (Copei-Táchira) responsabilizó directamente al gobernador de Bolívar, el general Justo Noguera, ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana por la denominada “masacre Pemón”, donde perecieron Javier González Parra. Zoraida Rodríguez, José Hernández, José Esley Pérez Márquez, Cliver Alfredo Pérez, Rolando García y Clever Pérez.

“El gobernador Justo Noguera es el responsable de la masacre en el estado Bolívar. Llegaron en autobuses y se bajaron en esa comunidad atacando al pueblo Pemón. Lo vuelvo a repetir: hay un responsable directo porque así lo tenemos en las evidencias recabadas, es Justo Noguera, el autor de los asesinatos que ocurrieron en el mes de febrero en el municipio Gran Sabana, en Santa Elena de Uairén”, dijo Duarte.

El parlamentario también denunció que también a expensas de Noguera, la GNB instaló varios pasos fronterizos ilegales en los que se cobra peaje a los habitantes de la región para poder cruzar a Brasil. “Cierran los pasos legales y habilitan trochas para pasar a Brasil en carro o a pie. Ponen cuatro alcabalas y en todas cobran”, aseguró.

En las recomendaciones finales del informe, la Asamblea Nacional exige a los órganos de seguridad del Estado “respetar la constitución y la existencia de la población indígena”; exige al ministro de la Defensa “retirar toda fuerza de persecución y amedrentamiento contra la etnia Pemón, sea la GNB, las FAES, la Dgcim o las fuerzas irregulares del Estado que ejercen actos de terrorismo contra las poblaciones indígenas; y denunciar los hechos contenidos en el informe ante la CIDH, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la CPI, el Parlasur, la Unión Interparlamentaria Mundial, el Parlamento Europeo, el Eurolat, el Parlatino y la OEA.

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Avanza ayuda humanitaria

Diputado Miguel Pizarro se reunió con Peter Maure, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. Foto cortesía @Miguel_Pizarro

Entretanto, el diputado Miguel Pizarro (PJ-Miranda), presidente de la comisión especial para la Ayuda Humanitaria, solicitó este martes al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maure, constatar en persona la precaria situación de los presos políticos.

“El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene una labor importante en los centros de detención. Les dimos una agenda sugerida de sitios que deben visitarse y de audiencias que deben darse. De nuestros presos políticos, unos están mal y otros están peor, pero ninguno está bien. Se les niega  la atención médica. Se hizo una petición formal de que la Cruz Roja pida acceso a los presos políticos y a los centros de detención, sobre todo al Dgcim y El Helicoide. No tengo la menor duda de que con discreción podrán entrar”, señaló.

Explicó que durante el encuentro, que forma parte de la agenda de la comisión para fortalecer la cooperación  multilateral que permita el ingreso y distribución de la ayuda humanitaria, se revisó el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja a raíz de los apagones. “Les informamos por ejemplo que cada vez que en este país se va la luz el 100% de las camas de hospitales quedan sin acceso a luz y agua”, dijo.

Además, indicó que la Asamblea Nacional solicitó a ese ente la ampliación de su personal y capacidad operativa en Venezuela: “Ellos comentaron que se va a duplicar el personal de la Federación de la Cruz Roja y del Comité Internacional de la Cruz Roja hasta 180 personas para el proceso de implementación y seguimiento de la ayuda humanitaria”.

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Pizarro informó que también solicitaron a Maure, velar porque la ayuda no sea implementada a través del carnet de la patria ni distribuido por el CLAP, sino que se haga a través de la iglesia y de los propios mecanismos de cooperación internacional, pero con la veeduría y acompañamiento del voluntariado (médicos, ONG, iglesia).

El diputado dejó claro que: primero, ni la Asamblea Nacional ni la comisión que preside manejan el dinero de las donaciones, sino que todos los fondos donados se traducen en insumos. Segundo, que los insumos acopiados en Colombia, Brasil y Curazao cumplen con las normas internacionales de la Cruz Roja pero que son insuficientes, por lo que se sigue gestionando la cooperación de más de 60 países y de varios organismos multilaterales. Y en tercer lugar, que tanto la operatividad, los tiempos y el destino de los insumos acopiados como los que estén por recibirse, serán manejados por la Cruz Roja con sus propios criterios, pero que la AN les ofrecerá toda la data recabada a lo largo de tres años de investigación y diagnóstico.

Fotos cortesía @AsambleaVE y @Miguel_Pizarro

Vídeo Maru Morales P.


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