Datos ofrecidos en la presentación del último balance del programa de respuesta humanitaria en salud liderado por la ONG Acción Solidaria arrojaron que 89 % de la población depende del sistema público de salud para recibir atención médica. Sin embargo, 57 % de los encuestados no dispone de recursos para comprar fármacos, insumos o costear gastos imprevistos
Caracas. “El panorama ha cambiado y ahora sí se consiguen las medicinas, pero hay personas que no tienen ni dos dólares para comprar un losartan”. explicó Natasha Saturno, coordinadora de la unidad de exigibilidad de DD. HH. de la organización Acción Solidaria el pasado jueves 4 de mayo.
Y es que, de acuerdo con datos del último balance de respuesta humanitaria en salud ofrecido por esa ONG, en el país 9,3 millones de venezolanos padecen de alguna enfermedad y no tienen acceso a medicamentos porque no disponen de los ingresos suficientes para costearlos. De esa cifra 8.4 millones lidian a diario con patologías graves que merman su calidad de vida y requieren de atención especializada.
La afectación del derecho a la salud es sistemática y se presenta en todas las dimensiones. Para 89 % de la población que depende de la red hospitalaria para encontrar alivio a sus dolencias, la falta de acceso y disponibilidad a servicios de atención de calidad en ambulatorios y hospitales se agrava cada vez más, pese a los esfuerzos que hacen las organizaciones civiles para brindar ayuda a los grupos más vulnerables, explicaron durante una rueda de prensa representantes de Acción Solidaria.
Factor económico
La escasez de tratamientos disminuyó y hay nuevas farmacias por doquier. No obstante, el factor que impide al ciudadano común adquirir los tratamientos es la pobreza generada por los bajos salarios. Desde marzo de 2022, cuando se hizo el último ajuste salarial, el sueldo mínimo se mantiene en 130 bolívares que equivalen hoy a 5 dólares.
Y, pese a que el pasado lunes, 1° de mayo, el presidente Nicolás Maduro, decretó el aumento del Cestaticket a 40 dólares y del bono de guerra económica a 30 dólares, para sumar el ingreso integral a 70 dólares, la carestía de vida entre las poblaciones más desasistidas persiste y se agrava. Así lo confirman los estudios realizados organizaciones de la sociedad civil.
Según los informes realizados por Acción Solidaria, en conjunto con la plataforma independiente HumVenezuela hasta marzo de 2022, de los encuestados 57 % no dispone de recursos para comprar medicinas y 58 % no cuenta con dinero para adquirir insumos o hacer frente a gastos imprevistos en el contexto sanitario.
“15,5 millones de personas viven con patologías graves y los más perjudicados son los pacientes oncológicos o con enfermedades renales, VIH- SIDA, diabetes e hipertensión porque han sido desplazados en el sistema de salud público”, detalló Saturno.
Grupos en riesgo
En los grupos familiares la brecha de género y los estereotipos juegan en contra de las mujeres que asumen la dirección del hogar, los gastos de la alimentación, y la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Las cifras del balance indican que en 3 de cada 10 viven sufren alguna dolencia. Mientras que 1 de cada 4 no tiene acceso a productos de higiene íntima como toallas sanitarias.
“Las mujeres son las que asumen el rol como las principales cuidadoras en la casa mientras que algunos hombres tienden a alejarse del núcleo familiar”, expuso.
En cuanto a la población detectada con VIH-Sida, Feliciano Reyna, director de Acción Solidaria, detalló que 70.000 personas viven con la patología aunque no todas tienen acceso a la terapia antirretroviral (TAR) por dos razones: la primera porque existe un subregistro y la segunda porque el Estado a través del programa nacional de VIH/Sida-ITS, sólo suministra un tratamiento genérico conocido como TDL (Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir) , lo que deja excluidos a número importantes de pacientes que requieren de otros esquemas de medicación para sobrellevar la enfermedad y evitar la muerte.
Respuesta ciudadana
Reyna lamentó que las labores de prevención y detección de esta enfermedad recaigan por completo en las organizaciones no gubernamentales. En ese sentido, señaló que hasta la fecha, no se ha hecho un estudio de prevalencia en el país. Sin embargo, explicó que desde 2016 el programa de ayuda surgido en respuesta a la emergencia humanitaria compleja y la falta de medicinas, ha beneficiado a casi 1 millón de personas. “Hasta marzo de 2023 hemos llegado a 775.852 usuarios, de ellos 426.000 son mujeres y 340.000 hombres”, indicó.
El programa de emergencia humanitaria en salud (PRHS) funciona como una plataforma de cooperación entre organizaciones nacionales e internacionales. La red de 137 ONG aliadas tiene presencia en Distrito Capital, Miranda, Los llanos (Guárico, Apure, Barinas) y Centroccidente (Falcón, Lara, Portuguesa, Yaracuy).
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