De infracción por “operar fuera de ruta” a caso penal: así evolucionaron las retenciones de autobuses tras las elecciones de julio de 2024. Al menos 48 unidades están en poder del Estado, con expedientes sin respuesta y procesos poco claros.
Caracas. Hace casi dos años, Pedro* entregó las llaves de su autobús a las autoridades. Lo que parecía un trámite rutinario se convirtió en una pesadilla burocrática que mantiene inmovilizado no solo su vehículo, sino el sustento de su familia.
Desde el 10 de mayo de 2024, este conductor cambió el volante por los pasillos de la Fiscalía. Su oficio ya no es conducir, sino presentar expedientes y pedir audiencias. El motivo: el autobús que era su herramienta de trabajo y el único ingreso para su esposa y sus hijos, tres niños, permanece confiscado en un depósito de Catia.
Las autoridades mantienen el vehículo retenido bajo el argumento de haber movilizado simpatizantes de la oposición durante el cierre de campaña de las elecciones presidenciales de 2024.
“El autobús es el sustento de mi hogar. Soy padre de tres niños. No pueden asegurar que lo usamos en un acto terrorista porque nosotros solo prestamos un servicio”, relató a Crónica Uno.
A Pedro le retuvieron la unidad, supuestamente, por estar fuera de ruta, una infracción que normalmente se procesa por vía administrativa. Sin embargo, aseguró que esto es falso, porque el vehículo estaba dentro de un estacionamiento cuando se lo llevaron.
Desde entonces, ha visto su autobús en marchas del oficialismo y en traslados de instituciones públicas.
48 unidades retenidas
Marcelo, transportista de la Gran Caracas y representante sindical denunció que actualmente el Estado mantiene retenidas 48 unidades en todo el país bajo un mismo patrón, según registros recopilados por el gremio.
De ese total, han logrado ubicar con datos precisos a 12 en Caracas. De acuerdo con su recuento, los casos se repiten con argumentos similares y sin procesos claros de devolución.
El transportista explicó que la narrativa oficial ha variado: al principio, la acusación fue circular fuera de ruta. Aclaró que, en ese caso, correspondería una sanción administrativa del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), no la retención del vehículo.
Meses después, el señalamiento derivó en una acusación penal por terrorismo.
“Para nosotros es una acusación falsa. Los transportistas prestamos un servicio público y es ilegal pedirle a los usuarios que se identifiquen si son opositores o chavistas”,
añadió.
“Mi unidad tiene casi dos años retenida”
Alejandra*, socia desde hace seis años de una línea que cubre la ruta Petare-Presidente Medina, enfrenta un doble calvario. Es paciente oncológica, viuda y madre de una niña con síndrome de Down. Desde hace un año y 10 meses su principal fuente de ingresos está en manos del Estado.
Su caso inició con una supuesta falta administrativa tras realizar un traslado particular hacia Guarenas.
“En el INTT de La California me entregaron una sanción que decía que la unidad debía cumplir una retención de 90 días. Al cumplirse el plazo, fui a buscarla y ya no estaba”.
Desde entonces, Alejandra ha recorrido las sedes de El Helicoide, donde funciona una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en busca de su unidad. En todos los organismos ha recibido la misma respuesta: “no está aquí”.
La angustia por desconocer el estado de su autobús, del que dependen la alimentación especial de su hija y su tratamiento contra el cáncer, la obligó a sostenerse con la venta de hielo y comida desde su casa, además de apoyarse en la solidaridad de compañeros de ruta.
Sin respuestas del Estado
Yelmira Jiménez, presidenta de la Asociación de Conductores La Voluntad de Gandhi (Caricuao), confirmó que la opacidad se repite en todos los casos de retención.
Aunque las sanciones iniciales eran de 90 días, nunca citaron a los propietarios a instancias legales para ejercer su defensa. Agregó que no hubo audiencias ni mecanismos formales de descargo.
”En abril de 2025 se les pidió a quienes formalizaron la denuncia que entregaran todos los documentos para evaluar los casos y devolver las unidades. Denunciamos el abuso policial en la Defensoría del Pueblo y acudimos al asesor legal del INTT, pero la respuesta es que debemos esperar”,
expuso.
Jiménez contó que los vehículos, que primero estuvieron en El Llanito o en la sede de la División de Investigaciones de Transporte (DIT), en Simón Rodríguez, terminaron confinados en el estacionamiento de El Amparo, en Catia.
Pese a que los casos llegaron hasta el despacho del fiscal Saab, la etiqueta que reciben los reclamos sigue siendo terrorismo. La secuencia descrita por los denunciantes muestra traslados sucesivos y más restricciones.
Unidades rotuladas para el Estado
La sospecha de una retención definitiva se convirtió en certeza para Alejandra, quien aseveró que ha visto su unidad circular por la ciudad, ya sin sus colores originales y completamente rotulada con los logos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Jiménez no solo lo confirmó, sino que detalló cómo se ejecutó esta irregularidad: hace unos cuatro meses, el Estado tomó los vehículos, los pintó con sus logos, les cambió características y los repartió entre sus oficinas, todo ello sin el consentimiento de las personas a quienes pertenecen.
Para los afectados, este cambio de imagen confirma el despojo. Mientras las autoridades utilizan los autobuses para labores policiales, Alejandra y Pedro acuden a la Fiscalía cada 15 días en espera de respuestas, como parte de gestiones reiteradas sin resolución conocida.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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