Organizaciones de derechos humanos documentaron la muerte de al menos nueve familiares de presos políticos en Venezuela entre 2025 y 2026. Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que estos casos trasladan el castigo del detenido a su núcleo familiar.
Caracas. Madres que no alcanzaron a reencontrarse con sus hijos, padres que murieron durante procesos judiciales y familiares consumidos por la incertidumbre forman parte del patrón documentado por organizaciones de derechos humanos sobre el impacto de las detenciones políticas en Venezuela.
Al menos nueve familiares de presos políticos fallecieron entre 2025 y 2026, algunos antes de ver en libertad a sus seres queridos y otros pocos días después de sus excarcelaciones.
El caso más reciente es el de María Concepción Sánchez, madre del preso político Joan Enrique Cruz Sánchez, quien murió el domingo 24 de mayo en San Juan de los Morros, estado Guárico, a causa de un accidente cerebrovascular (ACV), luego de permanecer varios días hospitalizada.
Según sus familiares, la exclusión de Cruz Sánchez de las recientes liberaciones vinculadas al caso Amuay, dentro de los expedientes del caso “Pdvsa-Obrero”, investigación relacionada con trabajadores petroleros detenidos tras denuncias laborales y señalamientos de presuntas irregularidades dentro de la industria estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), que mantiene a varios empleados arrestados desde 2024 y 2025, fue notificada a su madre el 21 de mayo y, de acuerdo con allegados, provocó el deterioro de su salud.
Joan Enrique Cruz Sánchez forma parte de los trabajadores de las refinerías de Amuay y Cardón, dos de los principales complejos de refinación petrolera del país, ubicados en el estado Falcón, arrestados tras realizar reclamos laborales y denunciar irregularidades.
El trabajador petrolero lleva meses encarcelado sin recibir sentencia por parte de las autoridades. Hasta el momento, no hay información pública sobre avances judiciales en su caso.
Castigo compartido
El caso de María Concepción Sánchez se suma al de otras madres y familiares que, según organizaciones de derechos humanos, enfrentaron largos períodos de angustia, deterioro físico y desgaste emocional mientras exigían la liberación de sus allegados detenidos.
Sobre este escenario, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón señaló que la privación de libertad por motivos políticos en Venezuela se ha convertido en un mecanismo de castigo extendido, cuyo impacto alcanza también al núcleo familiar.
“No existe arquitectura legal, ni justificación política, ni premisa moral que valide la prolongación de este calvario. La muerte de una madre esperando el regreso de un hijo no es un daño colateral; es la evidencia fehaciente de una falla institucional”,
indicó la ONG.
La ONG alertó que el sufrimiento de los familiares se agrava por las demoras judiciales, la incertidumbre sobre los procesos y las restricciones para mantener contacto regular con los detenidos.
Seis madres fallecieron
En su seguimiento a este caso, Justicia, Encuentro y Perdón también explicó que los fallecimientos de estas seis madres son el resultado directo de un estado de alarma permanente, vigilias extenuantes y la angustia causada por la separación forzosa.
Agregó que este escenario generó un sufrimiento que constituye “una violación directa al principio de personalidad de la pena, el cual establece que el castigo no debe trascender al reo”.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización dedicada al monitoreo de las condiciones carcelarias y denuncias sobre derechos humanos en centros de detención venezolanos, documentó cómo ocurrieron estos decesos en medio de las exigencias de libertad.
Ambas organizaciones consideran que estos casos evidencian cómo las consecuencias de las detenciones políticas terminan extendiéndose más allá de los propios encarcelados.
Uno de los casos documentados fue el de Carmen Teresa Navas, quien enfrentó la detención de su hijo desde el 1 de enero de 2025. Él fue sometido a una condición de desaparición forzada durante más de 17 meses, situación en la que las autoridades niegan información sobre el paradero o condición de una persona detenida.
Recuento doloroso
Durante la búsqueda, Carmen Navas solicitó una amnistía para su hijo, mecanismo legal mediante el cual el Estado puede extinguir responsabilidades penales, petición que le fue negada un día antes de que se informara que Víctor Quero había fallecido en julio de 2025.
“Tras someterse al trauma de tener que reconocer el cuerpo de su hijo fallecido en prisión, la señora Carmen Navas murió diez días después, el 17 de mayo de 2026, a los 82 años de edad, producto del desgaste sistémico y la denegación cruel, absoluta de justicia”, expusieron.
Otro de los casos es el de Yenny Barrios, quien murió el 5 de noviembre de 2025 con la ilusión de reencontrarse con su hijo, Diego Sierralta. El joven no pudo despedirse ni asistir al velorio porque permanecía encarcelado. Actualmente, Sierralta está excarcelado.
Omaira Navas falleció el 27 de enero de 2026, 13 días después de la excarcelación de su hijo, el periodista Ramón Centeno, quien estuvo detenido arbitrariamente desde 2022.
Carmen Teresa Dávila, de 90 años y madre del doctor Jorge Yéspica Dávila, murió el 22 de enero de 2026, horas después de la excarcelación de su hijo. Sin embargo, nunca llegó a enterarse de que él había recuperado la libertad.
También figura el caso de Yarelis Salas, madre de Kevin Orozco, detenido arbitrariamente en el centro penitenciario de Aragua, en Tocorón, cárcel venezolana señalada en múltiples investigaciones por hechos de violencia y control criminal interno. Yarelis murió el 21 de enero, días antes de la excarcelación de su hijo, por lo que no pudo volver a verlo.
Otros familiares murieron
El resto de los casos corresponde a padres y otros familiares directos que asumieron la custodia y defensa de los detenidos. El Observatorio Venezolano de Prisiones también detalló la muerte de tres hombres familiares de presos políticos: dos padres y un hermano.
Carlos Giuliani, padre de Germán Giuliani, preso político argentino en Venezuela desde hace un año, falleció el pasado 8 de mayo.
Francisco Javier Colombo, padre de William Colombo, quien permanecía detenido en el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, en Carabobo, recinto penitenciario ubicado en la región central del país, murió el 12 de diciembre de 2025. Su familia relató que tenía una discapacidad y sufrió un fuerte deterioro emocional tras conocer la detención de su hijo.
Erman Branker, hermano de Rory Branker, editor del medio digital La Patilla, murió de un infarto en octubre de 2025, antes de la excarcelación de Rory.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que estos fallecimientos muestran el alcance del impacto que las detenciones por razones políticas tienen sobre las familias de los encarcelados, especialmente en contextos de procesos judiciales prolongados, retrasos en las decisiones judiciales y falta de información oficial sobre los casos.
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