La Asamblea Nacional seleccionó a 11 diputados para que inicien el proceso de conformación del Comité de Postulaciones Judiciales que será el encargado de recibir las credenciales y preseleccionar a quienes podrían ser los nuevos magistrados del TSJ.
Caracas. La Asamblea Nacional (AN) activó el proceso para la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ante los vacíos generados por renuncias y jubilaciones entre los 20 titulares a cargo del Poder Judicial.
Aunque no se informó el número de magistrados que serán elegidos, el Parlamento inició el procedimiento legal con la designación de un comité preliminar conformado por 11 diputados (siete de ellos oficialistas) que tendrá la tarea de recolectar las postulaciones y de preseleccionar, y presentar, a la plenaria de la AN el listado de postulados por diferentes sectores de la sociedad civil que conformarán el Comité de Postulaciones Judiciales.

La renovación del Poder Judicial es parte del “nuevo momento político” que atraviesa Venezuela y que implica, según entrevistas concedidas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, una renovación de las instituciones para generar garantías y credibilidad entre los venezolanos antes de cualquier proceso electoral.
Profunda “reforma judicial”
Jorge Rodríguez indicó en la sesión de este martes, 21 de abril, que esta selección de nuevos magistrados se enmarca en el “proceso profundo de reforma judicial que se ha iniciado desde la comisión para la Convivencia y la Paz”, y explicó que buscan que “no sea la criminalización de la pobreza” lo que se imponga en Venezuela.
“Es un hecho notorio y ya prolongado en el tiempo que por distintas circunstancias, jubilación, renuncia y distintas variantes, hay vacantes entre los magistrados principales y suplentes del TSJ. Consideramos que en cumplimiento de las funciones de la AN debe procederse a conformar el comité preliminar que de origen al comité de postulaciones”, dijo Rodríguez.
El comité preliminar aprobado por el Parlamento está integrado por los diputados Giuseppe Alesandrello, Carlos Mogollón, María Gabriela Vega, Desiree Santos Amaral, Gloria Castillo, Fernando Bastidas, José Villaroel, Luis Augusto Romero, Pablo Pérez, Felix Freites y Antonio Ecarri.

Sobre la reforma judicial, juristas, defensores de derechos humanos y ONG se adelantaron a expresar que esperan que se trate de un proceso transparente, con baremos públicos y concretos y en el que prive la institucionalidad por sobre la lealtad política.
Así lo expuso el abogado penalista Joel García, quien ha formado parte de este comité en 2016, y destacó la importancia de la transparencia en el proceso de postulaciones.
“La primera expectativa que tengo yo, como académico, como ciudadano, como abogado, es que el baremo sea público y veamos cuáles son los méritos que tiene cada persona a ver si verdaderamente califica para el cargo. Y lo otro es que la institucionalidad prive sobre la lealtad. Porque si la lealtad al régimen está presente no estamos haciendo absolutamente nada”, remarcó.
En este sentido, insistió en que la publicidad en todas las fases del proceso, así como las garantías de imparcialidad de los seleccionados, marcarán la diferencia.
Por su parte, el abogado Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, aseguró que la sociedad civil hace votos por «un Poder Judicial imparcial e independiente».
“En estos momento, lo que el país necesita es un Poder Judicial imparcial e independiente. No necesita cambios de cara, sino cambios estructurales que finalmente traigan justicia al país”, subrayó.
Daniels lamentó que el proceso de selección inicie con la misma falta de transparencia demostrada en la designación del nuevo fiscal y la defensora, en tanto que aún no se conoce la cifra de magistrados que serán sustituidos, ni las salas a las que pertenecen, lo que calificó como “un mal augurio”.

Desde Acceso a la Justicia esperan que quienes sean seleccionados dentro de la sociedad civil para formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales realmente sean “representantes genuinos” de sectores académicos y sociales importantes y no personas vinculadas al oficialismo, como aseguran ha ocurrido en ocasiones anteriores.
El proceso
García explicó a Crónica Uno que el proceso para la selección de los magistrados del máximo tribunal del país “es complejo” pues cabían la participación ciudadana, la intervención del Poder Ciudadano y la organización y decisión final del Parlamento nacional.
Detalló que el proceso se rige por lo que dicta la Constitución en sus artículos 263, 264 y 265, así como demás lineamientos que se hallan en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En esta primera etapa, relató, la comisión preliminar designada por la AN “ tiene que convocar públicamente a la sociedad civil para que todas aquellas instituciones que quieran postular a ciudadanos que estén interesados en formar parte de ese comité, se postulen. Entonces, esa comisión preliminar va a escoger quiénes van a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales”.
El comité final debe contar con 21 miembros, 11 de ellos que serán los parlamentarios ya designados y 10 miembros de la sociedad civil.
“Ellos deben hacer una preselección de todos aquellos aspirantes a ser magistrados. Y por supuesto deben establecer un baremo. Ese baremo tiene que estar basado en los méritos académicos, la trayectoria, la honorabilidad, la honestidad de esos candidatos”, destacó.
Tras aplicar el baremo, se determina la lista de postulados que es publicada para dar paso a un lapso de impugnaciones, en el que “cualquier ciudadano pudiera presentar objeciones siempre que sean fundadas contra algún candidato”.

La lista también es enviada al Consejo Moral Republicano una vez se haya cumplido con un proceso de entrevistas a cargo de comité, para que hagan una depuración más antes de enviar la lista al seno del Parlamento donde cada nombre requiere el apoyo de las dos terceras partes del Parlamento para asumir el cargo de magistrado.
El Parlamento cuenta con tres sesiones para tomar la decisión por mayoría calificada (dos terceras partes) y, en caso de no lograr consenso, avanza a una cuarta sesión en la que se aprueban las designaciones por mayoría simple.
En cuanto a los lapsos, estos varían y dependen de posibles prórrogas y del desarrollo consecutivo del proceso.
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