Especialistas advirtieron que la crisis del agua potable en Venezuela responde al colapso del modelo centralizado de gestión pública. Aseguraron que sin reformas institucionales y apertura a nuevos esquemas será difícil recuperar el servicio.
Caracas. La crisis del agua potable en Venezuela no responde únicamente a la falta de infraestructura o recursos, sino también a un modelo de gestión centralizado que, según especialistas, cerró el paso a soluciones capaces de recuperar el servicio.
Esa fue una de las conclusiones de los expertos reunidos en el foro “Un nuevo marco regulatorio de los servicios públicos en Venezuela: ideas para su recuperación”, quie se realizó el 26 de mayo pasado.
En el encuentro, el ingeniero y expresidente de Hidrocapital José María De Viana, junto con el abogado y profesor universitario Luis Alfonso Herrera, advirtieron que, sin una reforma institucional y una apertura a nuevos esquemas de administración, será difícil revertir el deterioro del servicio.
Ambos especialistas coincidieron en que el deterioro de los servicios en el país no responde a la falta de recursos, capacidad técnica o infraestructura, sino a una gestión deficiente que bloqueó soluciones viables para enfrentar la crisis.
La discusión sobre la recuperación de los servicios públicos ocurre en un contexto marcado por las fallas persistentes en el acceso al agua potable en Venezuela.
De acuerdo con estudios del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), solo hasta 2023 menos de una cuarta parte de la población recibe agua de manera continua, mientras la mayoría depende de esquemas de racionamiento, almacenamiento en tanques y compra de agua a través de camiones cisterna.
De Viana explicó que el sector eléctrico debe convertirse en la prioridad absoluta de Venezuela, por ser el eje que permite reactivar el suministro de agua potable, la recolección de desechos sólidos, las telecomunicaciones y la distribución del gas doméstico.
“La electricidad es el servicio de los servicios. Es importante entender que la energía atiende necesidades básicas y derechos fundamentales; es la primera obligación del Estado moderno. Sin ella, la sociedad y la economía transitan hacia un estado inviable”, asevero en el foro virtual organizado por Cedice Libertad.
Sin electricidad no hay agua
El ingeniero subrayó que el colapso eléctrico afecta directamente los sistemas de bombeo, potabilización y distribución de agua, especialmente en ciudades que dependen de estaciones hidráulicas para abastecer zonas altas y sectores periféricos.
“En el país lo primero que necesitamos es una reconstrucción institucional. Se debe desmantelar el monopolio estatal, restaurar mecanismos de mercado y tarifas reales, garantizar transparencia administrativa y asumir que la reforma es un esfuerzo sostenido de por lo menos una década. Sin instituciones no hay sistema eléctrico”,
opinó.
La situación ha impactado directamente la vida cotidiana de millones de venezolanos. Encuestas recientes del OVSP indican que más de 60 % de los ciudadanos evalúa negativamente el servicio de agua potable debido a la distribución irregular y las interrupciones constantes del suministro.
El ingeniero reveló que el país vive una profunda paradoja energética, al poseer las mayores reservas de hidrocarburos del hemisferio pero padecer el peor suministro eléctrico de la región.
“El colapso no es técnico ni de recursos, es un fracaso totalmente institucional. La realidad es que tenemos el sistema eléctrico más deficiente y vulnerable de la zona, en contraste con los años 90 cuando teníamos el mejor del continente y uno de los más importantes del mundo”, destacó.
La apuesta descentralizada
Por su parte, Luis Alfonso Herrera señaló que Venezuela, particularmente en materia de agua potable, ya cuenta con antecedentes exitosos de modelos descentralizados aplicados durante la década de 1990.
Herrera recordó que la descentralización permitió a empresas hidrológicas como Hidrocapital operar bajo esquemas de mayor autonomía administrativa y financiera, en contraste con el modelo centralizado que actualmente domina la gestión del servicio.
“El esquema burocrático que representaba el INOS (Instituto Nacional de Obras Sanitarias) cambió cuando se creó Hidrocapital, una empresa que se regía por el derecho mercantil y no por el derecho administrativo. Con esa gestión se manejó de mejor manera el servicio de agua”, precisó.
Al respecto, De Viana recordó que durante sus primeros meses al frente de Hidrocapital el principal problema de los caraqueños era el desabastecimiento crónico de agua, una situación que logró revertirse en poco tiempo mediante una gerencia calificada.
El exdirectivo sostuvo que la recuperación del sistema hídrico requiere mantenimiento sostenido, modernización de redes, reducción de pérdidas y esquemas financieros que permitan garantizar continuidad operativa.
“El problema del agua pasó del puesto uno al puesto diez en las preocupaciones de la ciudad. Mediante la optimización del servicio logramos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y estos pagaban una tarifa actualizada y acorde a los tiempos sin ningún tipo de queja. La gente estaba satisfecha porque abría la llave a cualquier hora y tenía agua”, rememoró.
Las afirmaciones de los especialistas contrastan con el panorama actual del servicio. Diversas organizaciones civiles y encuestas independientes han documentado que gran parte de los hogares venezolanos recibe agua de forma intermitente, una situación que obliga a las familias a almacenar agua durante días o semanas.
Herrera insistió en que el modelo en el que el Estado asume la totalidad de los gastos operativos resulta inviable. Añadió que los países desarrollados han demostrado que la cooperación público-privada constituye la vía más eficiente para construir políticas estables.
“Dado que Venezuela es un país que económicamente depende mucho de mercados internacionales, en particular en el ámbito de las energías y el petróleo, es idóneo contar con financiamiento privado para que esto funcione de manera regular y no dependa de las fluctuaciones presupuestarias del Estado”,
afirmó.
Más allá de la privatización
Los especialistas aclararon que abrir espacio al capital privado no implica una privatización de facto orientada exclusivamente a maximizar las ganancias de los inversionistas.
“Esto va más allá de una simple privatización. En Venezuela la población, es decir, los pequeños ahorristas, llegaron a ser dueños de la Electricidad de Caracas y de la CANTV porque las acciones de estas empresas se cotizaban en la Bolsa de Valores de Caracas. Hay ejemplos en el mundo entero donde la unión público-privada ha permitido rescatar los servicios públicos”, aclaró De Viana.
Ambos ponentes insistieron en que cualquier reforma debe contemplar mecanismos de regulación y supervisión pública que garanticen el acceso de la población al agua potable, especialmente en los sectores más vulnerables.
Herrera agregó que los esquemas regulatorios aplicados por las autoridades nacionales permiten establecer tarifas ajustadas a la realidad socioeconómica del país y garantizar la protección de los usuarios.
“Las tarifas no pueden ser establecidas de manera irracional. Para aquellas personas que no tengan los recursos suficientes, se pueden aplicar subsidios a través de rebajas sectoriales. Lo importante que debe saber la población es que la lógica de los esquemas regulatorios es garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar del servicio y no impedir que se preste”, expuso.
El debate sobre el futuro del agua potable en Venezuela ocurre mientras persisten denuncias por fallas estructurales, cortes prolongados y deterioro de la infraestructura hidráulica en distintas regiones del país. Los especialistas coincidieron en que, sin una reforma institucional sostenida y sin inversión en mantenimiento, será difícil revertir el deterioro del servicio en el corto plazo.
Lea también:
Economista Jesús Palacios prevé dólar a Bs. 950 e inflación superior a 190% para cierre de año