Para los estudiantes y el personal, trasladarse a la universidad es un calvario. La falta de transporte y el abandono de las rutas los obligan a pasar varias horas en las paradas y a abordar autobuses colapsados para llegar a clases. A eso se le suma el declive en la prestación de servicios y el cierre del comedor.

Caracas. En la meseta de Camurí Alto, estado La Guaira, se alza un complejo arquitectónico sobre los vestigios de un campus arrasado por la tragedia. Se trata de la Universidad Simón Bolívar (USB), sede Litoral, una de las casas de estudios más prestigiosas del país que hoy día se enfrenta al olvido y el deterioro progresivo de sus espacios, todavía detenidos en el tiempo tras el deslave de Vargas ocurrido en 1999.

A 27 años de la catástrofe natural que dejó miles de muertos y desaparecidos en la franja costera central de Venezuela y que obligó a trasladar la sede original hasta la cima de la montaña, las promesas de reconstrucción permanecen inconclusas. Sin embargo, más allá de las fallas de infraestructura, persisten las dificultades diarias que enfrentan estudiantes, profesores y obreros para llegar hasta el campus.

Para la comunidad universitaria, subir a la meseta se ha convertido en una verdadera odisea. La escasez de unidades de transporte y el abandono de las rutas universitarias transformaron el traslado hacia la institución en un calvario.

Muchos jóvenes recorren largos tramos bajo el sol de la costa o esperan durante horas en las paradas sin saber si podrán asistir a clases. Profesores y trabajadores administrativos afrontan la misma situación, lo que afecta el ritmo académico de la sede.

En algunos tramos, los estudiantes deben caminar cuesta arriba hasta llegar a la entrada del campus porque ninguna línea comercial cubre el recorrido interno de la universidad. Bajo temperaturas elevadas y cargando bolsos, muchos llegan agotados antes de entrar a clases.

La crisis se hace más evidente a la hora del almuerzo. El comedor universitario, que durante años garantizó la alimentación de la comunidad, dejó de ofrecer respuestas. Sin servicio activo, los estudiantes pasan extensas jornadas de estudio con el estómago vacío, ya que la mayoría no tiene recursos para comprar comida en los alrededores.

Quienes hacen vida en la USB Litoral no solo estudian y trabajan entre estructuras deterioradas; también enfrentan a diario la ausencia de los servicios más básicos.

Crisis en el comedor 

Estudiar en la USB Litoral implica convivir de cerca con la naturaleza. El azul infinito de la costa rodea las instalaciones y el río Camurí Grande fluye a pocos metros del campus, lo que convierte a esta sede en la única universidad del país que reúne playa, río y montaña.

Su infraestructura cuenta con una edificación central que integra tres bloques en uno solo, al conectar dos módulos de aulas con el edificio administrativo.

El campus también dispone de una estructura adicional destinada a salones especializados y a la biblioteca, la más grande del estado. Sin embargo, el principal punto de encuentro de la comunidad universitaria es la denominada Plaza Techada, un espacio utilizado para asambleas, reuniones y actividades recreativas.

Pese a ese valor histórico y arquitectónico, distintas áreas muestran señales visibles de deterioro: paredes desgastadas, estructuras envejecidas y espacios que permanecen sin mantenimiento constante desde hace años, según denunciaron estudiantes consultados para este trabajo.

El 21 de mayo pasado, los estudiantes realizaron una asamblea. Uno tras otro tomaron la palabra para exponer una realidad que los mantiene en tensión: el cierre del comedor.

Desde el 27 de abril, el servicio fue suspendido tanto para los alumnos como para el personal docente por directrices del vicerrectorado administrativo, la dependencia encargada de supervisar áreas como presupuesto, mantenimiento y servicios universitarios.

Impacto directo

Marialejandra Cabrera, estudiante de Comercio y secretaria del Centro de Estudiantes, explicó a Crónica Uno que la ausencia de este espacio de alimentación impacta directamente en el rendimiento académico. Debido a la ubicación geográfica de la sede, situada en una zona elevada y apartada, los alumnos no cuentan con opciones cercanas para comprar comida.

Representantes estudiantiles coincidieron en que las extensas jornadas de clases, sumadas a la imposibilidad económica de costear alternativas privadas, generan problemas de salud como dolores de cabeza e inatención en las aulas debido al ayuno forzado.

“La única oferta interna se limita a un establecimiento privado de reciente apertura que expende productos de panadería. A veces pasamos muchas horas dentro de la universidad, no siempre tenemos dinero y debemos esperar las clases. A veces no puedo captar bien los contenidos porque tengo hambre, estoy cansada y quiero irme a mi casa”, señaló Cabrera.

Información recabada por el centro de estudiantes indica que los insumos y provisiones alimentarias llegan semanalmente; sin embargo, el servicio se destina únicamente al personal obrero de la institución.

Aitana Toro, presidenta del centro de estudiantes, explicó que antes de la suspensión el acceso al comedor requería la compra de un ticket equivalente a dos dólares, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Del pago estaban exentos los alumnos becados, el personal de seguridad y el sector obrero.

“El menú constaba de una porción de proteína, acompañantes y una bebida, pero la calidad de la comida comenzó a desmejorar desde el año pasado, cuando disminuyó la entrega de sopas, postres, chichas y frutas”.

El calvario del transporte

Además del cierre del comedor, la comunidad estudiantil enfrenta otra dificultad: el déficit crítico del servicio de transporte. Al llegar a la sede administrativa, un cementerio de aproximadamente 10 autobuses destartalados deja en evidencia la magnitud del problema.

Toro indicó que actualmente la institución solo cuenta con tres unidades operativas: dos autobuses con capacidad para 67 puestos y otro más pequeño de 27.

Estas rutas conectan internamente las zonas de Catia La Mar y Caribe con la universidad, mientras que la ruta hacia Caracas, ubicada en Gato Negro, solo depende de vehículos asignados a la sede de Sartenejas, en el estado Miranda, el campus principal de la USB ubicado en las afueras de Caracas.

“De acuerdo con las estadísticas que manejamos como representación estudiantil, el servicio apenas cubre un 7% de la demanda real. Nuestra población usuaria tiene un estimado de 1.600 alumnos y 320 trabajadores, quienes comparten las mismas rutas y horarios”.

En las horas de mayor afluencia, las filas se extienden alrededor de las paradas mientras los estudiantes observan cómo las unidades llegan repletas. Algunos esperan varios turnos antes de poder abordar.

El punto de mayor congestión se registra en el autobús que cubre el trayecto hacia Catia La Mar. Cuando la unidad llega a la parada, los estudiantes corren para no perder el puesto. La dirigente estudiantil relató que, en las horas de mayor afluencia, los choferes llegan a trasladar más de 120 personas en camionetas diseñadas para 67 pasajeros.

Los estudiantes que no logran abordar la unidad directa hacia Catia La Mar deben recurrir a rutas comerciales alternas. El trayecto implica pagar un primer pasaje hasta Caribe, abordar un segundo transporte hacia la meseta y completar el recorrido con una caminata en ascenso hasta las instalaciones universitarias, debido a que ninguna línea comercial cubre el perímetro interno del campus.

Alivio limitado

A la alta demanda de usuarios se suma la antigüedad de la flota automotriz, integrada por unidades de los años 1990 y 2005. Ante la ausencia de un programa de mantenimiento preventivo, las reparaciones se limitan a soluciones temporales para mantener los vehículos operativos.

Desde distintos puntos del campus pueden verse autobuses fuera de servicio, con cauchos deteriorados y carrocerías desgastadas por el paso de los años.

Toro narró cómo cada jornada comienza con una cuenta regresiva de cuatro horas de traslado hacia la universidad. Ella vive en Catia La Mar y necesita invertir alrededor de dos horas por trayecto para llegar a la sede del Litoral.

La travesía no solo desgasta su energía, sino también su bolsillo. Cuando no recibe la tarifa preferencial estudiantil, el gasto en pasajes alcanza los 450 bolívares diarios, una cifra que desajusta el presupuesto de cualquier joven.

El viaje resulta incómodo desde el primer minuto. Como las principales paradas se congestionan rápidamente, Aitana pasa gran parte del trayecto de pie, apretada entre otros pasajeros que intentan subir a la montaña. Ante el silencio de las autoridades rectorales, los propios estudiantes tuvieron que buscar soluciones.

El centro de estudiantes gestionó un apoyo temporal con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y varias cooperativas locales. Gracias a esa iniciativa autogestionada, ahora cuentan con unidades subsidiadas que parten desde Caribe en las horas de mayor congestión, un pequeño alivio dentro de una rutina agotadora.

Silencio institucional

Los estudiantes añadieron que la crisis institucional también se profundiza por la ausencia de procesos electorales. En septiembre de 2021, tras el fallecimiento del entonces rector de la USB, Enrique Planchart, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), organismo que coordina las políticas universitarias públicas en Venezuela, designó como rector interino a Jorge Stephany, mientras que José Hernández y Víctor Theoktisto asumieron los cargos de vicerrector administrativo y vicerrector académico.

Desde entonces, el deterioro de la casa de estudios se ha profundizado. A cinco años de las últimas elecciones universitarias, las consecuencias se reflejan en la precariedad de los servicios básicos y en el abandono de aulas, edificios administrativos, laboratorios y canchas deportivas. Pese a los reiterados reclamos de la comunidad, el rectorado mantiene silencio y continúa sin ofrecer respuestas o soluciones efectivas.

En los últimos tres años estudiantes han hecho de forma directa y por redes sociales denuncias y solicitudes ante las autoridades universitarias sobre el funcionamiento del comedor y el transporte, sin obtener respuestas concretas hasta la fecha.

Frente a este panorama, los estudiantes optan por resistir. Lejos de rendirse, se organizan, debaten alternativas para sobrellevar la crisis y defienden, por encima de todo, el valor histórico y cultural de su universidad.

Al caer la tarde, muchos estudiantes emprenden nuevamente el descenso de la montaña mientras esperan conseguir transporte para regresar a sus hogares. Algunos aún no han comido en todo el día. En medio de autobuses deteriorados, pasillos envejecidos y servicios paralizados, la USB Litoral sobrevive sostenida por una comunidad que insiste en no abandonar la academia.

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