El incremento del pasaje urbano en Mérida golpea con mayor fuerza a estudiantes y trabajadores que viven en localidades alejadas de la capital. Algunos destinan gran parte de sus ingresos al transporte, se ven forzados a realizar largas caminatas o reducen gastos en alimentación para poder movilizarse.
Mérida. Vivir en los pueblos del páramo merideño y estudiar o trabajar en la capital del estado implica destinar una parte cada vez mayor de los ingresos familiares al transporte. Tras el reciente aumento del pasaje urbano aprobado por las autoridades encargadas, trabajadores y estudiantes que recorren diariamente largas distancias aseguraron que el costo de movilizarse ya compite con gastos esenciales como la alimentación.
Para la mayoría de los merideños, esta medida representa un golpe directo al presupuesto familiar, pues los salarios permanecen estancados mientras el costo de vida sube cada día.
El 1° de junio pasado, el Ministerio de Transporte aprobó un alza del pasaje urbano anclada al dólar del Banco Central de Venezuela (BCV) equivalente a 0,25 dólares. En la misma disposición, la ministra de Transporte, Jaqueline Farías, oficializó el aumento de la tarifa del transporte urbano a 140 bolívares.
De esta forma, se elevó la tarifa mínima urbana a un monto superior al salario mínimo legal vigente, que permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022.
La medida forma parte del esquema de indexación aplicado a algunos servicios públicos y tarifas, mediante el cual los montos en bolívares se ajustan de acuerdo con la variación de la tasa oficial del dólar.
Un “sacrificio”
Aunque el incremento afecta a toda la población, su impacto es mayor entre quienes viven en localidades alejadas de la ciudad de Mérida, donde los traslados suelen requerir varios vehículos, recorridos de más de una hora y gastos acumulados que superan ampliamente los ingresos formales.
La situación es tan crítica que algunos usuarios confiesan que han tenido que sacrificar parte de su alimentación para poder trasladarse a sus puestos de trabajo o centros de estudio.
Yoselin Quintero, trabajadora de la Universidad de Los Andes (ULA) en el área administrativa de la Dirección de Medios, afirmó a Crónica Uno que invierte 1440 bolívares semanales para trasladarse desde el municipio Campo Elías, en Ejido, hasta la ciudad de Mérida, un recorrido de aproximadamente 40 minutos.
Esto significa que destina más de diez veces el equivalente al salario mínimo legal únicamente para cubrir una semana de transporte, una realidad que refleja la brecha entre los ingresos formales y el costo de la movilidad cotidiana.
Quintero recordó que el transporte universitario no es constante y que, debido al limitado presupuesto que maneja la institución académica para el mantenimiento de las unidades, él apenas logra utilizarlo como máximo dos veces por semana.
Aunque la ULA dispone de rutas destinadas al traslado de estudiantes, profesores y trabajadores, las restricciones presupuestarias han afectado la frecuencia de este servicio durante los últimos años.
“Sin embargo, frente a estas dificultades mi compromiso con la universidad se mantiene, y, aunque nuestros salarios no alcanzan para cubrir una semana de traslado, agradezco mucho poder estar aquí en el rol administrativo de la Dirección de Medios porque hago lo que me gusta en un espacio de la ULA”,
expuso.
Exclusión y precariedad
A su vez, Angel Vera, presidente de la línea Asociación Civil El Milagro, destacó que fuera de la ciudad de Mérida en municipios como Obispo Ramos de Lora, el contexto es de exclusión institucional y precariedad.
“En esta zona no existen rutas urbanas tradicionales, y el transporte se ha manejado bajo una dinámica de carritos por puesto cobrados en euros a tasa del BCV desde hace casi una década”, afirmó Vera.
Señaló que transportistas de cinco líneas locales han denunciado que se les impide el ingreso legal al terminal de El Vigía debido a un presunto monopolio entre autoridades municipales y los presidentes de las líneas ya establecidas.
Estos últimos, supuestamente, bloquean la entrega de permisos para evitar la competencia, lo que obliga a los trabajadores a operar en la ilegalidad.
Yoselin Moreno, estudiante de Comunicación Social, detalló que gasta 64 dólares mensuales en transporte, una cifra considerable si se toma en cuenta que depende económicamente de sus padres: una docente con sueldo mínimo y un comerciante.
“A veces logro ahorrarme un poco esta tarifa diaria porque me subo en la ruta de la ULA que viene desde Lagunillas y hace una parada muy temprano por Ejido a eso de las 6:00 a. m. Cuando logró tomarla me ahorro esos 480 bolívares diarios porque calculo la salida de la oficina a la 1:45 p. m. para que pueda agarrarla bajando. Pero eso no pasa todos los días”, dijo.
Trabajar para el pasaje
Moreno vive en Lagunillas, una población ubicada al sur de la ciudad de Mérida, que forma parte de los corredores desde donde cientos de estudiantes y trabajadores se movilizan diariamente hacia la capital del estado.
Viaja desde Lagunillas hasta la ciudad de Mérida, un trayecto que le toma alrededor de una hora y media para llegar a la facultad donde estudia.
La distancia no solo implica más tiempo de viaje. También supone un gasto permanente que se multiplica a medida que aumentan las tarifas y se requieren varios trasbordos para completar el recorrido.
Su caso ilustra cómo el transporte se ha convertido en uno de los principales gastos para numerosas familias merideñas, especialmente aquellas que dependen de salarios públicos o ingresos informales para sostener los estudios de sus hijos.
Debido a este elevado costo, ha tenido que reducir gastos básicos en meriendas y viandas para priorizar el pago del pasaje.
“Diario pierdo aproximadamente cuatro horas esperando el transporte, se paran en todos lados, literalmente en todas las paradas, se paran ahí como, no sé, 15 minutos esperando a ver si llega alguien”,
contó.
Sus gastos semanales ascienden a unos 2500 bolívares. A pesar de utilizar el carnet estudiantil para pagar el 75 % del pasaje, el costo sigue representando una carga económica importante para su familia.
Doble carga
Los estudiantes provenientes de localidades alejadas de Mérida suelen enfrentar una doble carga: mayores costos de transporte y jornadas más extensas debido a los tiempos de espera y conexión entre rutas.
Por otra parte, Nikol Castro opta por ahorrar en transporte y caminar hasta el centro para tomar el autobús hacia su destino.
“En realidad, yo debería agarrar dos autobuses subiendo y dos autobuses bajando, pero para ahorrar más, siempre me bajo caminando desde la facultad hasta el centro y en el centro agarro el autobús de Ejido”, relató.
Para quienes viven fuera de la ciudad, caminar largos trayectos se ha convertido en una estrategia frecuente para reducir gastos y poder mantener sus actividades académicas o laborales.
Vieja práctica
A diferencia de la ciudad de Mérida, donde se utilizan busetas y la tarifa fue indexada recientemente al dólar, en esta zona no existen rutas urbanas tradicionales ni unidades de transporte masivo.
La situación se vuelve más compleja en municipios ubicados en el eje Panamericano y en zonas rurales, donde las alternativas de transporte son más limitadas y los usuarios dependen casi exclusivamente de líneas particulares para movilizarse.
El servicio es prestado exclusivamente por “carritos por puesto”, los cuales mantienen una tarifa anclada a la tasa del euro del BCV, confirmó el gremialista Ángel Vera.
Este método de cobro no surgió como una respuesta a la crisis reciente, sino que se trata de una práctica ya consolidada desde hace más de ocho años. De hecho, según transportistas, lleva entre ocho y diez años en vigor. En la actualidad, el costo del pasaje mínimo en esa ruta ronda los 650 bolívares.
“El alcalde de Obispo Ramos de Lora, Lisandro Segura, y al coordinador del terminal de El Vigía, Carlos Rivas, nos impide la entrada legal desde hace aproximadamente cinco años porque consideran que la competencia es muy alta para que estos transportistas de la vía panamericana se incluyan”,
denunció Vera.
Rutas al margen
Esta negativa obliga a más de 100 transportistas de las cinco líneas de la zona: Milagro; Corazón de mi Patria; Los Tucanes; Loy Paredes y Virgen de Guadalupe, a trabajar en condiciones de riesgo e ilegalidad.
A pesar del tiempo transcurrido, no les ofrecen solución alguna; por ello, exigen respuestas prontas que les permitan operar de forma legal e incorporarse a las rutas largas que conducen hasta la ciudad de Mérida.
Usuarios y transportistas exponen dificultades distintas. No obstante, ambos coincidieron en un mismo diagnóstico: el costo de movilizarse en Mérida aumenta en un contexto en el que los ingresos continúan rezagados frente a los gastos cotidianos.
Para quienes residen en las poblaciones más alejadas de la capital merideña, cada ajuste tarifario tiene un efecto mayor. La distancia convierte el transporte en uno de los principales gastos del hogar y obliga a muchas familias a reorganizar su presupuesto para poder mantener el acceso al trabajo y a la educación.
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