Una mujer, quien pidió resguardo a su identidad por temor, identificó el cadáver de su tío en la morgue de campaña que improvisaron en el campo de golf de Playa Grande, en La Guaira. Sin embargo, las autoridades lo cambiaron de lugar sin previo aviso.
Caracas. Los familiares y amigos de los desaparecidos o fallecidos durante los terremotos, que golpearon a varias regiones de Venezuela el 24 de junio, pasan las de Caín en la búsqueda.
Denuncian que van de un lado a otro: de la morgue de Pariata, en La Guaira, a los hospitales y de allí al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Caracas, donde se topan casi siempre con respuestas infructuosas.
Quienes pasado el mediodía de este domingo, 28 de junio, permanecían en las áreas de atención se quejaron del retraso con el que los funcionarios procesan cada caso.
Una mujer, quien pidió resguardo a su identidad por temor, relató que logró identificar el cadáver de su tío en la morgue de campaña que improvisaron en el campo de golf de Playa Grande, en La Guaira. Sin embargo, las autoridades lo cambiaron de lugar sin previo aviso.
“Ahora está extraviado y seguramente será difícil reconocerlo porque ya han pasado muchos días”, lamenta con angustia, lo cual evidencia cómo la desorganización institucional borra el rastro de los fallecidos.
Tres días en la búsqueda
La historia se repite con Nakary Arias, familiar de Yaquelin Parra y de Siestres Yaguaramai, quien lleva tres días en la búsqueda de los cuerpos de sus parientes, tras ser recuperados de los escombros del edificio Obelisco en Los Palos Grandes, municipio Chacao.
Narró que la pareja, padres de tres adolescentes, dio señales de vida hasta el jueves, 25 de junio, cuando estuvieron en línea por última vez en WhatsApp.
“Luego los sacaron y, desde entonces, los estábamos buscando aquí en la morgue. No aparecían en el lote de fotos que tenían en las computadoras. Fue hoy domingo, ya entrada la tarde y por la intermediación de un funcionario, cuando finalmente pudimos hacer el reconocimiento presencial”,
relata Nakary.
Pero el de ellos no es el único caso. La hermana de Amable Hernández, de 58 años de edad, también camina el mismo calvario en la morgue de Bello Monte. Pasadas las 2:00 p. m. del domingo todavía esperaba que le autorizaran el ingreso para identificarlo.
Sentada en un banco de la plaza, expresó su frustración por la forma en que se maneja la recuperación, reseña y entrega de los cadáveres. Cuestionó que las autoridades no utilicen sistemas de captahuellas directamente en las zonas de rescate para agilizar la identificación y criticó que se mantenga la estrategia de mostrar únicamente fotos de los rostros en pantallas de computadora.
“Con el impacto del desplome, los rostros bajo los escombros cambian drásticamente debido a los golpes y traumatismos. Deben considerar que a veces uno conoce detalles específicos de sus familiares, como una marca, que pueden ayudar durante el reconocimiento. Pero esto aquí está muy desorganizado y los días van pasando”, lamenta.
Primero ver el lote de fotos
A la morgue de Bello Monte se puede acceder sin mayores restricciones; al menos así se constató la tarde de este domingo. Grupos enteros de familiares permanecían apostados en la plaza de la entrada y en los alrededores del edificio. Allí se mezclaban quienes reclamaban los cuerpos de las víctimas del terremoto con aquellos que asistían por muertes asociadas a otros sucesos.
La dinámica es tan repetitiva como desgarradora: llegar hasta la entrada principal, pasar a una primera sala donde los funcionarios muestran en una pantalla una galería de 40 fotografías con los rostros de las víctimas ingresadas y, si el familiar no reconoce a nadie, salir a esperar.
Toca aguardar a que carguen nuevas imágenes o insistir para obtener un pase al reconocimiento físico. En ese solo trámite se pueden tardar un par de horas o más, pues la base de datos se actualiza lentamente a medida que ingresan nuevas camionetas con fallecidos.
Ante la ineficiencia de un sistema que no da certezas, la división familiar se ha vuelto una estrategia de supervivencia. La familia de David José Ochoa Hernández, de 39 años de edad, también permanecía a la espera en Bello Monte. Al igual que otros grupos, decidieron dividirse para hacer la búsqueda más expedita.
“No podemos estar todos en el mismo sitio. Mi hermana se fue a La Guaira a ver si sabe algo de su hijo, otros están recorriendo los hospitales de Caracas y nosotros nos quedamos aquí plantados”,
comentaron mientras aguardaban con la mirada fija en el movimiento de los funcionarios.
El derecho a saber
A medida que avanzaban las horas los alrededores se llenaban de más personas, policías y voluntarios. Una carpa dispuesta en la entrada ofrecía sillas para los visitantes, mientras un par de voluntarias repartían tapabocas, café, agua y jugos.
En otro toldo en la calle se distribuían almuerzos, arepas y panes rellenos, priorizando a quienes venían exhaustos desde La Guaira. El despliegue logístico también cubría a los funcionarios, a quienes se les veía pasar con cajas de agua y comida. Durante la jornada vespertina de esta cobertura, no se observaron limitaciones para estacionar vehículos ni se impidió el trabajo de la prensa.
Esta aparente apertura contrasta con la historia reciente de la institución. Vale recordar que la prohibición y el cerco informativo para realizar coberturas periodísticas en los alrededores de la morgue de Bello Monte se intensificaron a partir del año 2015, cuando se comenzó a impedir el trabajo de los reporteros de sucesos y a restringir las entrevistas a los deudos.
Sin embargo, la ausencia de censura física no cubrió la falta de transparencia. En el fondo, lo que no se garantiza dentro y fuera de la medicatura forense es el derecho fundamental que tienen estas personas a recibir información oportuna, a conocer la verdad y a saber exactamente dónde están sus familiares muertos.
En contextos de catástrofe, ocultar el paradero de un cuerpo o retrasar su identificación por fallas logísticas se convierte en una segunda vulneración a las víctimas.
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