Lo más reciente que se conoce de la misión es que el 19 de febrero de 2020 el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales incorporó a sus oficinas a 250 personas inscritas en el programa. Quienes luchan por los derechos de esta población, que recibe de pensión menos de un dólar al mes, aseguran que no ha representado alguna mejora.
Caracas. Los jubilados y pensionados entregaron a las autoridades varias cartas el año pasado para exigir que el Estado les garantizara una vejez digna, como lo establece la Constitución, sin embargo, aseguran que de regreso no han recibido ni una sola contestación. Mientras tanto, las pensiones, fijadas en abril en 400.000 bolívares, quedaron devaluadas a menos de un dólar al mes.
La Misión Chamba Mayor, creada el 22 de enero de 2019, promete reinsertar en el mercado laboral a ancianos de más de 60 años de edad, incluso a los que ya le dedicaron hasta 30 o 40 años al país. A casi dos años, es poco lo que se sabe de este programa creado por Nicolás Maduro, no obstante, las últimas cifras reportadas sugieren que en nueve meses esta creció en personas inscritas apenas 10,58 %.
Para el 28 de mayo de 2019 la misión tenía 633.008 adultos mayores registrados, según las cifras que reportó en ese momento el vicepresidente para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz. Nueve meses después, el 19 de febrero de este año, la presidenta del Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inass), Gladys Requena, informó que la Misión Chamba Mayor había registrado a más de 700.000 adultos mayores (10,58 %).
Luis Cano, quien defiende los derechos de los jubilados y pensionados, comenta a Crónica.Uno que a la fecha no maneja información de alguien que esté trabajando en esa misión. Además, señala que son muy pocos los que pueden volver a trabajar por los padecimientos que surgen durante la vejez. “Eso es un fracaso más. Nosotros somos cinco millones de pensionados”, dice.
Quienes regresaron a la lucha por los derechos, como si en el país estuviera todo por hacerse, están igual de afectados como a los que defienden, pues Cano, con 71 años, explica que a veces le quitan el agua una semana y le toca salir a cargarla. El coordinador del Frente Amplio de Jubilados y Pensionados señala que durante la pandemia por la COVID-19 no han contado con apoyo del Estado y las transferencias por el carnet de la patria son insuficientes para costear un mercado o medicinas.
La Encuesta Sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi 2019-20) calcula que el valor de las transferencias que el Estado asigna a los hogares oscila entre uno y cinco dólares al mes.
Lo más reciente que se conoce de la Misión Chamba Mayor es que el 19 de febrero de 2020 el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) incorporó a sus oficinas administrativas, centros ambulatorios, hospitales, centros de educación inicial y especial del Distrito Capital a 250 personas inscritas en el programa.
Entre la pensión y los bonos Luis Cano indica que recibe al mes 1.300.000 bolívares, lo que equivale a unos 2,50 dólares calculados a la tasa oficial de este jueves 5 de noviembre. “Algunos han caído en depresión, no pueden asistir a una consulta con un psicólogo, tampoco pueden ir a los hospitales. Otros fallecen por falta de medicinas, la mayoría tenemos enfermedades crónicas. Yo tomo Losartán porque soy hipertenso. Tenemos el caso de Valentín López, que falleció porque no tenía cómo mantener los medicamentos”, dice.
Medicinas y alimentos se vuelven artículos de lujo con una pensión de un dólar al mes. El coordinador del Frente Amplio de Jubilados y Pensionados señala que hace tres años ya advertían que algunos ancianos estaban desnutridos. “Nos catalogaron de exagerados”, recuerda, pero tres años después una pareja de hermanos que murió la semana pasada en Puente Hierro por desnutrición proteicocalórica, según el reporte de las autoridades, revivió el drama que enfrentan las personas de la tercera edad y, en general, una población que se ha empobrecido; según datos de la Encovi 96 % de los venezolanos es pobre por ingresos.
La Encovi 2019-20 revela que de cada cuatro hogares en al menos uno la inseguridad alimentaria es severa. En 2019 79 % de los hogares dijo que se había quedado sin una dieta saludable, un aumento de 10 % comparado con el año anterior.
Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, expresa que la misión “es una burla más” para la gente de la tercera edad, y más para quienes trabajaron en entidades del Estado. Agrega que las ofertas que ha hecho el programa tampoco son atractivas, pues no superan los cuatro salarios mínimos al mes.
Lozada se jubiló de Ipostel en 2002 y recuerda que para ese momento salió con uno de los mejores salarios de la época. Explica que hoy la mayoría de los jubilados ha tenido que dedicarse a alguna actividad para sobrevivir, una realidad que comparten con trabajadores activos, quienes también viven con bajos salarios.
Esto crea bastante expectativa, pero es solo un efecto publicitario”, expresa Emilio Lozada, de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela.
Una encuesta del Frente Amplio de Jubilados y Pensionados realizada a 300 personas entre junio y julio reveló que 94 % ha dejado de cumplir con su tratamiento médico porque no lo puede costear, y 50 % dijo que no come ni frutas ni vegetales.
La Oxfam alentó en julio a los organismos internacionales a hacer presión para que el gobierno garantice de “forma urgente” la asistencia sanitaria y alimentaria y el acceso humanitario para llegar a las personas con más necesidades durante la pandemia y también después de ella.
El empobrecimiento no solo arropa a quienes están en Venezuela. Emilio Lozada indica que desde hace cuatro años y nueve meses el Estado venezolano dejó de pagar a los jubilados que residen en el exterior. “Ellos también están en pobreza crítica”, dice. La población es de 15.000 personas que siguen sin respuesta de las autoridades. En el Seguro Social el total de pensionados es de 4.860.260.
Lozada apunta que el año pasado los pensionados salieron a las calles unas 47 veces, entregaron cartas y “nadie ha usado una letra” para responderles. “Entonces no podemos esperar que se resuelva esta situación, no nos queda más que protestar y que los organismos internacionales aboguen por nosotros”, añade. La última bolsa de comida que Emilio recibió fue en febrero de este año. Luis Cano, quien pelea desde el mismo lado, asegura que seguirán reclamando sus derechos porque es el único mecanismo que les queda: “Decidimos morir en la calle por esta lucha, lo peor que nos puede pasar es que no hagamos nada”.
Foto principal: Tairy Gamboa / Crónica.Uno
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