Luego de nueve meses en prisión, la docente universitaria quedó en libertad sin restricciones. La defensora de los derechos humanos fue detenida en octubre de 2020, por ayudar a abortar a una adolescente, de 13 años de edad, víctima de abuso sexual. El agresor de la menor de edad está prófugo.
Caracas. Vannesa Rosales-Gautier fue detenida por ayudar a abortar a una adolescente, de 13 años de edad víctima de abuso sexual, en el estado Mérida. Este miércoles 21 de julio, tras nueve meses de detención quedó en libertad sin restricciones.
A la activista de los derechos humanos la acusaban de los delitos de agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por terceros. De acuerdo con Engels Puertas, codefensor de Rosales-Gautier, en la audiencia preliminar —diferida cuatro veces— el Ministerio Público desestimó los cargos que ponían en riesgo la libertad de la defensora por hasta por un período de 20 años.
“El cargo (aborto provocado) por el que principalmente se presentó a los tribunales a Vannesa y a Johana Izarra, madre de la niña, no fue desestimado, lo que quiere decir que el Estado insiste en criminalizar y perseguir a las mujeres que luchan por derechos reproductivos y sexuales de la mujer”, dijo durante una rueda de prensa.
En consecuencia, explicó el abogado, el Estado le impuso a Vannesa la medida de servicio comunitario por un lapso de tres meses: tendrá que llevar tres litros de cloro mensualmente al Circuito Judicial Penal. Pasado este período la causa será cerrada, sin que ella quede con antecedentes penales.
Vannesa Rosales es docente de la Universidad Politécnica Territorial del estado Mérida e investigadora del área de antropología. Contó que desde hace 13 años lleva un trabajo con la Fundación Cayapa en el barrio Pueblo Nuevo Simón Bolívar, en el centro de la ciudad.
“Los delitos que me estaban imponiendo provienen de leyes para combatir el terrorismo, ¿es así como nos ve el Estado? Me pregunto cuál es la perspectiva que tiene el Estado sobre las feministas, es que nos vemos como terroristas ante el Estado?”, contó.
Por esta cercanía de Vannesa con la comunidad, donde la adolescente fue víctima de abuso sexual, la madre de la menor de edad acudió a ella para pedirle ayuda. La activista destacó que la víctima se encuentra en un estado de completa vulnerabilidad y que sus condiciones de salud, como desnutrición, no le permitirían llevar un embarazo sano, pues le habían pronosticado que desde los seis meses podría sufrir de preeclampsia.
“Era una situación de vida o muerte, es muy frustrante que el Estado no entienda eso, a pesar de que proteger la vida de la madre es la única causal legal”.
Luego de un interrogatorio que le practicaron a la niña, sin la presencia de un fiscal de menores y un representante legal, el 12 de octubre de 2020 una comisión de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentó en su casa, aprehendieron a Rosales-Gautier y además practicaron un allanamiento en la vivienda sin orden judicial.
El presunto agresor de la víctima, identificado como Carlos Alberto Terán, está prófugo. El 10 de enero Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), informó que Terán tenía orden de captura solicitada por el Ministerio Público desde noviembre de 2020 y está solicitado por el Servicio Integrado de Identificación Policial (Siipol). También pidieron una alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Rosales-Gautier aseguró que seguirá trabajando con otros casos en el estado Mérida. “Ahora el reto es ver cómo hacemos para que el Estado deje de vernos a nosotras las mujeres feministas, y a otro tipo de militancia, como terroristas como delincuentes”.
Tratos de torturas en calabozos del Cicpc
La defensora estuvo detenida en los calabozos de la policía científica, en Mérida, hasta el 11 de enero de 2021 cuando se logró medida sustitutiva de casa por cárcel mientras seguía el proceso.
Detalló que mientras estuvo recluida en el Cicpc fue testigo del hacinamiento, ya que estuvo en una celda de aproximadamente 4×6 con al menos 18 mujeres, así como de casos de tortura a las mujeres. Además los detenidos no tienen acceso a insumos básicos como medicamentos, incluso ella tuvo que luchar por recibir sus medicinas.
“A una de las compañeras, por pedir el baño, porque no teníamos baño en el anexo, le gritó a los funcionarios y la colgaron con esposas en el tanque del Cicpc, mientras llovía. Ves estas cosas y no las crees. Son víctimas de torturas los detenidos y sus familiares, eso es así porque la gente tiene miedo”.
Señaló que hay acoso policial y misógina e instó a hacer revisión de los cuerpos de seguridad.
El aborto en Venezuela
En Venezuela se castiga el aborto, se condena a quien lo apoye o lo ejecute y esta legislación no ha variado desde hace más de cien años. Tampoco hay cifras oficiales al respecto. Defensoras de los derechos de las mujeres aseguran que esto pone en peligro la vida de quienes decidan interrumpir el embarazo, pues podrían someterse a procedimientos clandestinos y peligrosos.
Precisamente el informe Mujeres al Límite de 2019, hecho por la Coalición Equivalencias en Acción, destaca que el Código Penal, en su capítulo IV prohíbe el aborto en sus diversas formas, excepto para salvar la vida de la parturienta y disminuye la penalidad en el caso que se haya cometido para salvaguardar el honor (aborto honoris causa, artículo 436).
Con el aborto se castiga a la mujer que se lo practica con prisión de seis meses a dos años y a quien lo ejecuta de uno a tres años de cárcel.
“Esto quiere decir que tenemos una de las legislaciones más restrictivas en materia de interrupción del embarazo de América Latina. La terminación inducida del embarazo no está despenalizada, ni legalizada en casos de embarazos debido a una violación sexual, incesto o malformación congénita del feto”, reza la investigación.
El informe de Mujeres al Límite destacó que entre agosto y diciembre de 2018 se registraron 2246 abortos, con un promedio de 15 diarios. Del total de las interrupciones al embarazo solo 31 fueron reportados como inducidos, esta distinción es complicada para el personal de salud, quienes al no tener certeza los registran como espontáneos conforme lo manifiestan las mujeres.
Además, en 2017 la organización no gubernamental colombiana Profamilia registró que tres de cada cuatro abortos practicados fueron a venezolanas (21 procedimientos). Mientras que hasta junio de 2018 prestaron servicio a 165 mujeres extranjeras y 116 eran venezolanas.
Venus Faddoul, miembro del equipo de defensores de Vannesa Rosales, aseguró que el Estado es incapaz de proteger y promover los derechos humanos de las mujeres. “Tenemos una estructura jurídica y política que no garantiza el goce de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país”.
Reiteró que el derecho al aborto es un derecho humano. “No podía pasar que en pleno siglo XXI que una niña, de 13 años de edad, fue víctima de violación y terminó presa fue la defensora, la única que la socorrió y que prácticamente le salvó la vida mientras que al violador la dejaron ir”.
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