La profesora y defensora de los derechos de las mujeres fue detenida por ayudar y brindarle información acerca del aborto a una adolescente de 13 años, que quedó embarazada luego de ser víctima de abuso sexual. El agresor de la menor de edad está prófugo mientras que Vannesa tiene medida sustitutiva de casa por cárcel durante el proceso.
Caracas. Vannesa Rosales-Gautier tiene 31 años. Y desde hace 10 años se ha dedicado a educar en las comunidades acerca de los derechos sexuales y reproductivos. Es fiel defensora de los derechos de las mujeres. Ahora tiene una medida de casa por cárcel por ayudar a una adolescente, víctima de abuso sexual, a practicarse un aborto.
Por su cercanía con los vecinos, y su trabajo de defensa de los derechos humanos en el estado Mérida, la madre de la menor de 13 años acudió a Vannesa para pedirle ayuda.
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron a casa de Vannesa pasadas las 7:00 p. m. del 12 de octubre de 2020, la detuvieron y además practicaron un allanamiento en la vivienda sin orden judicial.
La aprehensión sucedió después de un interrogatorio que los funcionarios le practicaron a la menor de edad sin presencia de un fiscal de menores y un representante legal, de acuerdo con la defensa de Vannesa.
La defensora fue trasladada hasta los calabozos de la sede de la policía científica en Mérida, donde estuvo casi tres meses, hasta el 11 de enero de 2021, cuando su defensa logró la medida sustitutiva de casa por cárcel mientras sigue el proceso.
Durante su detención fue víctima de violencia psicológica. Dependía del funcionario de guardia para que recibiera su medicación diaria, porque sufre de pánico. Además Vannesa solo pudo ver a sus familiares dos veces, y por pocos minutos, porque tenía prohibidas las visitas tanto de sus parientes como de sus abogados.
La madre de la adolescente también fue detenida el 12 de octubre de 2020, pero el 4 de noviembre se logró una medida cautelar bajo el argumento humanitario de que la mujer está en periodo de lactancia, explicó Venus Faddoul, directora de la organización 100% Estrógeno.
Faddoul también contó que Vannesa actualmente está fuerte y espera que el caso de la adolescente dé pie para que en el país se discuta la legalidad del aborto.
En Venezuela se castiga el aborto, se condena a quien lo apoye o lo ejecute y esta legislación no ha variado desde finales del siglo XIX. Tampoco hay cifras oficiales al respecto. Defensoras de los derechos de las mujeres aseguran que esto pone en peligro la vida de quienes decidan interrumpir el embarazo, pues podrían someterse a procedimientos clandestinos y peligrosos.
Mientras que Venezuela no muestra avances, el senado argentino legalizó el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, a finales de 2020. Y en Chile, este miércoles 13 de enero comenzó el debate para despenalizar el aborto.
“Ojalá y el Estado venezolano persiguiera a quienes verdaderamente se lucran del negocio del aborto clandestino y no a las defensoras de DD. HH. que luchan por la dignidad de las mujeres. Atención al debate central: Justicia y Derechos”, expresó la ONG Avesa, en sus redes sociales.
Defensora presa y violador prófugo
Vannesa atraviesa por un proceso legal cargado de irregularidades. Es acusada de los delitos de agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por terceros.
Mientras que Carlos Alberto Terán, quien abusó sexualmente de la menor de 13 años, está prófugo.
El 10 de enero Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), informó que Terán tenía orden de captura solicitada por el Ministerio Público desde noviembre de 2020 y está solicitado por el Servicio Integrado de Identificación Policial (Siipol). Además pidieron una alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Faddoul contó que la adolescente fue víctima de abuso sexual en varias oportunidades por parte de su vecino, quien la amenazaba con hacerle lo mismo a sus hermanos.
El caso de Vannesa Rosales ha estado envuelto en algunas irregularidades, según un comunicado publicado por 100 % Estrógeno con apoyo de varias organizaciones. La defensora fue llevada a la audiencia de presentación cuatro días después de su detención, superando las 36 horas que establece la ley, “amparados en un diferimiento del Ministerio Público 48 horas posteriores a su detención”.
Sus abogados solo pudieron verla en una oportunidad mientras estuvo detenida y fue el día de la audiencia de presentación, luego alegaron que no le estaban permitidas las visitas en los calabozos del Cicpc Mérida. Tampoco tuvieron acceso al expediente.
Ahora se espera que se fije la fecha de la audiencia preliminar, que está fuera de los lapsos establecidos en la legislación. El fiscal no presentó la acusación dentro de los 45 días previstos en la legislación. Faddoul explicó que el lapso se cumplió el 30 de noviembre y el fiscal metió la acusación final un día después.
Familia humilde
La familia de la menor de edad, víctima del abuso sexual, es muy humilde. Por medidas de seguridad los defensores prefieren mantenerlos alejados de los medios de comunicación, también por los daños que les ha causado toda la situación.
Son habitantes del sector Pueblo Nuevo de Mérida, donde hace un año violaron y asesinaron a una menor de edad. El 9 de enero de 2020 fue localizado el cadáver de Anubis Conteras, de nueve años, quien fue reportada desaparecida el 6 de enero.
Douglas Rico, director del Cicpc, informó que por este hecho fue detenido un adolescente de 16 años. Presuntamente, este confesó que llevó a la víctima a la fuerza hasta su casa y en el sitio la amordazó con un trapo, abusó de ella y posteriormente la hirió en varias ocasiones con una tijera.
203 organizaciones así como activistas de los derechos humanos se han pronunciado por el caso de Vannesa para que se garantice el debido el proceso de la profesora y ahora lucharán por lograr su libertad plena.
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