Para defensores de los derechos humanos, la derogación del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que castigaba las relaciones homosexuales entre militares activos, pretende mejorar la imagen del Gobierno previo a la próxima actualización oral del informe de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela. Además, temen que el fallo no sea verdaderamente inclusivo para la población LGBTIQ.

Caracas. La anulación del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar fue tomada con cautela por defensores de los derechos humanos. La norma, que desde su promulgación se usaba para castigar a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de quienes se comprobara o sospechara su homosexualidad, fue derogada en respuesta a un recurso introducido por el defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La sentencia 128 de la Sala Constitucional del TSJ se publicó alrededor de las 8:00 p. m. de este miércoles, 16 de marzo, menos de 48 horas después de que la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo interpuso la demanda, a nombre de Ruíz.

La expedita respuesta levantó suspicacias entre activistas de la población de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer (LGBTIQ), consultados por Crónica.Uno, y quienes desde hace al menos 10 años han denunciado el carácter discriminatorio y anticonstitucional del apartado legal. Por eso, aunque celebraron la decisión judicial, expusieron sus dudas acerca de su aplicabilidad, alcance e intención.

Artículo 565. El oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y separación de las Fuerzas Armadas.

Dudas razonables

Para Giovanni Piermattei, presidente de la asociación civil Venezuela Igualitaria, la respuesta del TSJ no resuelve el problema de fondo. Desde su perspectiva, el texto “no deja claro porque ser gay o lesbiana no atenta contra la moral”. Además, alegó que la actuación de la Defensoría del Pueblo demerita la incidencia ciudadana.

Consideramos que el hecho de que el defensor del pueblo haya actuado independiente y no impulsando nuestra demanda anula la participación ciudadana, toda vez que las ONG desde hace 10 años estábamos denunciando la nulidad de ese artículo y dejan sin respuesta a nuestra petición. Además, dándonos una respuesta muy técnica, procedimental, que no está dada a la ciudadanía y no resuelve la controversia de que se está penalizando la homosexualidad en la Fuerza Armada, enfatizó.

En 2016, Piermattei junto al equipo legal de Venezuela Igualitaria formalizó ante el TSJ una petición para declarar la nulidad del referido artículo con el que desde hace 23 años se justificó la expulsión y el procesamiento judicial o disciplinario de funcionarios de la FANB. La solicitud apenas se admitió en 2021. Por lo que con la resolución de este 16 de marzo, este recurso queda sin respuesta.

Es curioso, nos llama la atención que dentro de la demanda interpuesta por el defensor del pueblo se esgrime que, según militares, en los últimos 23 años ese artículo de la ley no había sido aplicado. Pero es como desde la perspectiva de lo supuesto y negando que el artículo sí se había utilizado y que eso estaba claro en la demanda que desde Venezuela Igualitaria interpusimos en el año 2016, indicó.

Homofobia de Estado

En ese último aspecto coincidió Yendri Velásquez, integrante del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, quien agregó que la sentencia representa un avance limitado para el movimiento LGBTIQ en Venezuela, pues abarca apenas un elemento del patrón discriminatorio con el que, a su juicio, actúa el Gobierno.

Volker Türk
A finales de enero, el oficial de la ONU visitó Venezuela. Foto: Manuel Díaz

Velásquez atribuyó la celeridad del fallo a una jugada estratégica del Gobierno previa a la inminente actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que presentará Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, pautada para la próxima semana. Esto en alusión a una solicitud hecha por Türk a finales de enero al concluir su visita al país.

Esto no indica el fin de la política homofóbica y transfóbica que ha estado implementando el gobierno venezolano en los últimos años. Vemos esto como una movida estratégica del Gobierno ante la próxima actualización oral del informe de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, dijo.

Pese al posible trasfondo, Velásquez celebró la sentencia. En ese sentido espera se cumpla hasta de manera retroactiva, como se estableció en una de las disposiciones finales del documento. Es un gran logro para el activismo venezolano que ha estado mucho tiempo luchando por este derecho. Esperemos que esto no quede en papel, sino que tenga mecanismos de hacerse efectivo y que con esto vengan otras políticas. Lamentablemente, sabemos el carácter conservador y antiderechos de quienes hoy ejercen la función pública en Venezuela, añadió.

Efecto limitado

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, duda que a lo interno de la institución militar el fallo del TSJ pueda implicar mayor inclusión de integrantes de la comunidad LGBTIQ.

Esta decisión no tiene que ver con una apertura en la FANB. Sobre este tema, veladamente se seguirá condenando a los homosexuales en la institución, lamentablemente. Con esta sentencia no vamos a ver a ningún militar reconociendo que es gay. Tampoco en mi opinión tiene que ver con un reconocimiento a la población LGBTIQ. El TSJ los ha invisibilizado siempre, expuso.

San Miguel también vinculó la celeridad de la resolución con la reciente visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aunque la calificó de positiva en función de la progresividad de los derechos humanos de los funcionarios militares.

En mi opinión la decisión del TSJ da respuesta a una petición expresa que hizo el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Tür enk, su visita en Caracas y de cara a llevar algún éxito en las próximas sesiones la semana que viene del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, recalcó.

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