El Parlamento anuló el nombramiento de 13 magistrados y apoyó la solicitud de convocar con “urgencia” un nuevo comité de postulaciones para cubrir las vacantes.
Carlos Crespo/@CarlosCrespoR
Caracas. A las 11:00 de la mañana comenzó a correr el rumor por los corredores del Palacio Federal Legislativo. La bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) modificará el orden del día con la finalidad de anular la designación de 13 magistrados, y 21 suplentes, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Una hora después el diputado Stalin González hizo realidad las conversaciones de pasillo al levantarse y solicitar la consideración en la plenaria, del informe de la Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del TSJ que solicita la anulación de la designación de los jueces.
El encargado de leer el documento fue el diputado y presidente de la comisión especial, Carlos Berrizbeitia, quien consideró que la designación “fue una franca violación” a la Constitución y la Ley Orgánica del TSJ (Lotsj). “El TSJ perdió su institucionalidad, su independencia, actuando como un brazo ejecutor político en contra de un poder independiente, electo por el pueblo”.
Para sustentar sus acusaciones Berrizbeitia presentó los currículos de los magistrados Calixto Ortega y Lourdes Suárez (ambos de la Sala Constitucional) y Cristian Zerpa (Sala Electoral). El diputado señaló que los designados no cumplen con los requisitos establecidos por Ley como ser abogados de reconocida competencia, ser profesor universitario, no tener militancia política y cursar una especialidad o doctorado en derecho. Señaló el caso de Zerpa que fue diputado del Psuv en el anterior periodo legislativo. “Él votó por sí mismo”, señaló.
El parlamentario solicitó al Poder Legislativo que convoque con “urgencia” a la Comisión de Postulaciones Judiciales para cubrir las vacantes. Destacó que el máximo juzgado ha dictado 14 decisiones en contra del Parlamento como la suspensión de los diputados del estado Amazonas, que dejó sin representación a ese estado y las sentencias que han limitado las funciones constitucionales del Parlamento.
De acuerdo con el artículo 265 el Poder Ciudadano debe calificar la “falta grave” de los magistrados antes de la votación en la AN. Berrizbetia indicó que el 15 de junio enviaron una comunicación al contralor general de la República, Manuel Galindo, quien preside el Consejo Moral Republicano sin obtener respuesta. Acusó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, de formar parte del “fraude constitucional” de la designación.
“Carmonazo” legislativo
El diputado Erwin Rojas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) calificó como un “carmonazo” parlamentario el documento. Recordó que el Poder Ciudadano no determinó la falta grave de los jueces y señaló que la AN, por sí sola, no tiene competencia para remover magistrados. “Esto no pasa porque es inconstitucional. Se quedarán con las ganas de tomar el TSJ para dar un golpe de Estado”.
Acusó a la AN de usurpar funciones y de “abuso y desviación de poder”. Citó el artículo 256 de la Constitución que establece que los jueces no deben tener militancia política “desde la fecha de su nombramiento” y aseveró que desde 1958 hasta 1998 hubo, al menos, 45 magistrados que fueron ministros o congresistas. “Hablan de que los jueces antes eran apolíticos, subestiman la inteligencia del pueblo”, expresó.
Foto: Angeliana Escalona
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