El Parlamento también declaró la “emergencia ambiental y social” en Aragua y Carabobo debido a las inundaciones en esos estados, causadas por la cuenca del lago de Valencia.
Caracas. La Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo para enviar una comunicación a la petrolera italiana ENI, con el fin de que atienda las “urgentes recomendaciones de expertos y proceda al inmediato trasegado de la carga” del barco Nabarima, para evitar que los 1,3 millones de barriles de petróleo que este almacena se derramen en el golfo de Paria, estado Sucre.
La empresa europea había mostrado su preocupación de que las acciones para descargar el crudo pudieran violar las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Sin embargo, este lunes el Departamento de Estado de ese país aclaró que los esfuerzos para evitar un derrame petrolero no violan las medidas, indicó la agencia Reuters.
El Parlamento recordó que desde el pasado 13 de agosto comenzó una investigación sobre el Nabarima, que permanece fondeado en el golfo de Paria, en la que determinó que las instalaciones no cuentan con los controles de seguridad, de incendio o de alarmas necesarios y que la pérdida de equilibrio constituye “un grave peligro” para Venezuela y las costas cercanas.
Indicaron que, a pesar de que remitieron comunicaciones al Ministerio de Petróleo, a la empresa mixta Petrosucre (74 % de Pdvsa y 26 % de ENI), el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) y a la empresa ENI, exigiendo la estabilización y el traslado de la carga, no obtuvieron respuesta.
“Responsabilizamos al régimen por el grave deterioro de la industria petrolera nacional, así como de las consecuencias que pueda generar al ecocidio marino por el hundimiento”.
Los legisladores también solicitaron a la oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas y a la Organización Marítima Internacional hacer una inspección urgente del Nabarima.
“Es una bomba ambiental cinco veces más grande que aquel famoso caso del Exxon Valdez, que hizo estragos en Alaska, en Estados Unidos. Hay que prender las alarmas ante el estado de opacidad permanente del régimen de facto de Nicolás Maduro”, indicó el diputado Luis Stefanelli.
Declaran “emergencia ambiental”
Los diputados también declararon la “emergencia ambiental y social” en los estados Aragua y Carabobo, por el sistema de la cuenca del lago de Valencia que ha provocado permanentes inundaciones en las poblaciones cercanas.
El Poder Legislativo solicitó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo la determinación de las responsabilidades penales, civiles y administrativas de los ministros de Ambiente desde 2006, por no haber acatado una sentencia del 11 de agosto de ese año, del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenaba proteger y conducir el desalojo de las poblaciones afectadas y tomar acciones para controlar el nivel de las aguas.
Los funcionarios mencionados son Jacqueline Farías (2005-2007), Yubirí Ortega (2007-2010), Alejandro Hitcher (2010-2014), Ricardo Molina (2014-2015), Oswaldo Gutiérrez (2015-2016), Ernesto Paiva (2016-2017), Ramón Velásquez (2017-2018), Heryck Rangel (2018-2019) y Oswaldo Gutiérrez (2019).
Asimismo acordaron acompañar las protestas de los ciudadanos sobre este tema y crear un “equipo de trabajo multidisciplinario para plantear una solución consensuada” y sostenible del problema.
Foto: cortesía @EudisGirot
Participa en la conversación