Informe final de la comisión mixta que investigó daños ecológicos, sanitarios, sociales y de soberanía a raíz de la creación del Arco Minero del Orinoco, determinó que ese proyecto es insustentable y atenta contra el frágil ecosistema amazónico.
Caracas. El incremento de la presencia de grupos armados irregulares y mafias de la minería ilegal en el eje de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro es apenas una de las consecuencias negativas de la aprobación del decreto presidencial que creó el Arco Minero del Orinoco.
La decisión ejecutiva, que fue desaprobada en junio de 2016 por la Asamblea Nacional (AN), ha traído daños ambientales irreparables con su respectivo impacto en la salud de los habitantes del sur del país.
Así lo determinó la comisión mixta del Parlamento para el estudio del impacto del Arco Minero, creada en esa oportunidad y presidida por el diputado Américo de Grazia (Causa R-Bolívar). La instancia parlamentaria aprobó esta semana su informe final, luego de un año y medio de investigaciones, visitas in situ y asesoramiento con expertos en derecho ambiental y desarrollo sustentable.
El informe debió ser discutido este martes, pero fue diferido para la semana entrante. No obstante, Crónica.Uno tuvo acceso al documento, que entre otros aspectos, denuncia la presunta actitud complaciente de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado no solo frente a la devastación del territorio, sino frente a la actuación impune de grupos irregulares.
Cómplices y complacientes
Advierten los diputados que la minería está causando estragos en la cuenca del río Atabapo, ubicada en el Parque Nacional Yapacana, “el cual viene siendo destruido ante la mirada complaciente de la fuerzas de seguridad”.
El exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, denunció ante la comisión la presencia “de 4000 miembros de la guerrilla de Colombia en Amazonas”. Los diputados sostienen en el informe que se trata de “un auténtico ejército de ocupación que participa en control de actividades mineras sin que las Fuerzas Armadas cumplan con sus funciones de resguardar la soberanía, que le ordena la Constitución, e incluso con complicidad de esta”.
El informe alerta a la junta directiva de la AN y a la opinión pública: “Estamos en presencia de la cesión de soberanía, corriendo el peligro, que suceda la experiencia del territorio Esequibo a cuya reclamación histórica, el gobierno y la Fuerza Armada Nacional han renunciado de facto. Se observa la constitución de formas criminales, que han impuesto su modo de vida y su autoridad”.
[irp posts=”51280″ name=”Continúa el debate para advertir la vulneración de DDHH con la creación del Arco Minero”]Además, denuncian que con el decreto 2.231 del 10 de febrero de 2016 que crea la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) el gobierno de Nicolás Maduro “trata de implicar a la Fuerza Armada en negociados mineros para hacerlos cómplices y socios en la corrupción”.
La comisión concluye que “la Fuerza Armada no está cumpliendo con su deber de defender la soberanía, ni ejerce sus funciones de protección y guardería ambiental, ya que tolera presencia en territorio nacional de las FARC, el ELN, y otros grupos paramilitares procedentes de otros países, incluyendo organizaciones mineras ilegales”.
Oro versus agua
La comisión informa que “Venezuela no aparece en ningún ranking internacional como importante productor de oro; de hecho, no está ni siquiera entre los 25 países más productores de este mineral en el mundo, y nunca lo ha estado”.
Asimismo, sostiene que la participación del oro en el Producto Interno Bruto “es ínfima, al igual que el coltán, que de manera engañosa promociona el Gobierno en su exagerada predica rentista y extractivista”.
Alertan a la comunidad nacional e internacional que si bien Venezuela posee recursos mineros, estos no se registran en la dimensión que ha querido vender el Ejecutivo “en una especie de delirio aurífero, creando falsas expectativas”.
Sin embargo, la comisión afirma que el territorio venezolano y principalmente el sur del Orinoco posee la onceava reserva de agua más grande del mundo. Reserva que se ve amenazada por la deforestación indiscriminada a través de la minería. “El agua es fundamental en el presente y el futuro para el país y el planeta, mucho más importante que la minería, actividad depredadora por naturaleza”, dice el documento.
Tepuyes amenazados
La comisión mixta ratifica que todas las áreas bajo régimen de administración especial del sur del Orinoco (parques nacionales, monumentos naturales, tepuyes, reservas forestales, zonas protectoras) se encuentran amenazadas por las distintas formas de minería, legal e ilegal y afirman que la llamada “minería ecológica”, no existe y forma parte de la propaganda y oferta engañosa del Gobierno.
Además concluyen que el desmantelamiento del Ministerio del Ambiente, el primero de América Latina creado en 1977, y su reemplazo por el Ministerio de Ecosocialismo y Agua “ha reducido su capacidad técnica y de planificación ambiental”.
Con respecto a la situación de los pueblos indígenas, el informe sostiene que “el Gobierno utiliza sus carencias y necesidades económicas, para ofrecerles [a los militares] participación en actividades mineras con el propósito de implicarlos en sus políticas, creando cabezas de playas mineras en las áreas protegidas. Aseguran que la precariedad e insalubridad con que se practica la minería ilegal ha causado un alarmante repunte de “Malaria, Dengue, Zika, Sida, desnutrición, Sarampión, Difteria, Tuberculosis y hambre, en los pueblos indígenas de Venezuela”.
Insustentable
El informe es tajante al afirmar que el Arco Minero es “un proyecto insustentable, que atenta contra la fragilidad del ambiente, las reservas de agua, los bosques tropicales, la biodiversidad, paisajes prístinos, y la energía sustentable representada en los bloques de represas estratégicas de la cuenca del río Caroní que surten de energía hidroeléctrica a más del 65 % de la población venezolana”.
No dudan los diputados en referirse al proyecto gubernamental como “El Arco del Paraíso Fiscal Minero” y acusan a Nicolás Maduro de haber “profundizado la criminalidad en todo el Estado Bolívar, el enfrentamiento y rivalidad entre pranes, fuerzas armadas, y mineros, aumentando el desempleo, la pobreza, enfermedades, problemas de suministro eléctrico, daños ambientales, falta de gas, desnutrición infantil, crisis sanitarias, y endeudamiento estatal”.
La comisión
Comisión especial para realizar un seguimiento a los probables efectos de los proyectos y actividades mineras en el sur del Orinoco se creó el 14 de junio de 2016. Está presidida por Américo De Grazia e integrada por Julio Cesar Reyes (vicepresidente), Gladys Guaipo, Francisco Sucre, Carlos Andrés González, Luis Parra, Ezequiel Pérez, María Gabriela Hernández, Luis Silva y Romel Guzamana. Desde su creación, la comisión ha realizado visitas in situ a la Gran Sabana y los municipios Sifontes, Roscio, El Callao, Piar, Angostura, Sucre y Cedeño.
Los asesores de la comisión mixta fueron:
- Alexander Luzardo Nava, exsenador y expresidente de la Comisión de Ambiente y Ordenación del Territorio del Senado del extinto Congreso Nacional; autor intelectual de las normas ambientales de la constitución de 1999, corrector de la Ley penal del ambiente 1992 y autor del Proyecto Original de la Ley Orgánica de comunidades y pueblos indígenas de 1987-88, y partícipe del “Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la mega reserva nacional de agua dulce, biodiversidad y del potencial energético hidroeléctrico del sur del Orinoco y La Amazonia Venezolana”.
- Edgar Yerena, profesor de la Universidad Simón Bolívar y el ex asesor de la comisión ambiental del extinto Senado de la República, miembro de la Unión Internacional de la Naturaleza.
- Frank Bracho, ex embajador de Venezuela en la India y experto internacional.
- Otto Hubber, profesor y experto ecólogo de renombre internacional sobre Guayana y la Amazonia Venezolana.
- Enrique Colmenares Finol, exministro de Ambiente.
- Arnoldo Gabaldon, exministro de Ambiente.
Fotos: Cortesía | Archivo Crónica.Uno
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